(Redactado por David Gallardo) 43 organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras defensoras de Derechos Humanos, han emitido un comunicado unificado en el que piden al nuevo gobierno que salga electo luego de la presidencial del 29 de julio, que se realice la liberación de presos políticos y que se respete el principio constitucional y la no discriminación política.
En dicho comunicado también se pide que la jornada electoral se celebre con el más alto respeto y con un ambiente de paz y democracia. “A pesar de que el proceso electoral ha incurrido en una serie de irregularidades, generando importantes obstáculos para el ejercicio de los derechos de la población -como el impedimento que más de 4 millones de venezolanos en el exterior puedan votar-, las mayorías del país quieren participar para expresar la voluntad de la soberanía popular”, señala el documento.
También se le pide a la ciudadanía no caer en provocaciones partidistas y no se deje desviar de la participación cívica y pacífica en la elección.
“Independientemente de los resultados del 28J, las autoridades electas deben respetar el principio constitucional y de derechos humanos de no discriminación, especialmente la no discriminación por razones políticas”, exhorta el comunicado.
Comunicado de las ONG
A continuación, el comunicado completo:
El 28 de julio de 2024 se realizará en Venezuela un evento electoral presidencial cuyo resultado será trascendental para el futuro político, económico y social del país. A pesar de que el proceso electoral ha incurrido en una serie de irregularidades, generando importantes obstáculos para el ejercicio de los derechos de la población -como el impedimento que más de 4 millones de venezolanos en el exterior puedan votar-, las mayorías del país quieren participar para expresar la voluntad de la soberanía popular. Por ello nosotros y nosotras, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas, queremos expresar las siguientes consideraciones:
1) Instamos a la población a no caer en provocaciones que desvíen el deseo de participar cívica y pacíficamente en la jornada electoral. Demandamos que las autoridades electorales permitan el ejercicio del derecho a elegir de los venezolanos, sin obstáculos ni contratiempos, así como a las autoridades militares que sean garantes del desarrollo de un proceso electoral apegado a la normativa legal vigente. Pedimos que se divulguen los resultados en un tiempo perentorio y se reconozca, de manera transparente, la expresión de la voluntad popular.
2) Independientemente de los resultados del 28J, las autoridades electas deben respetar el principio constitucional y de derechos humanos de no discriminación, especialmente la no discriminación por razones políticas.
3) La necesidad de la recuperación de la institucionalidad democrática del país exige el respeto de los plazos establecidos por la Constitución para la renovación de los diferentes poderes públicos. La fecha de juramentación de un nuevo presidente de la República debe mantenerse para el 10 de enero del año 2025. Entre el plazo de la elección y el inicio de un nuevo gobierno, si ese fuera el caso, deben realizarse los acuerdos necesarios que permitan y garanticen la gobernabilidad a las nuevas autoridades.
4) Debe iniciarse la reversión de todas las inhabilitaciones, tanto a líderes políticos como a organizaciones partidarias, de manera que en las elecciones regionales del año 2025 se permita la participación de todas las tendencias políticas, sin discriminación ni vulneraciones al derecho de libertad de asociación y reunión de ningún sector.
5) Luego del evento electoral del 28J las autoridades electas, sin importar su ideología, deben estimular un espacio de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales del país para recuperar la institucionalidad democrática, la división de los poderes y el estado de derecho. Todos los desafíos futuros demandan el acompañamiento de la comunidad internacional, especialmente el de las organizaciones con mandato en derechos humanos y de los sectores con experiencia y conocimiento técnico cuyos aportes puedan fortalecer el proceso. El respeto y vigencia de los derechos humanos deben ser un eje transversal de todos los esfuerzos de recuperación y profundización de la democracia.
6) El nuevo gobierno 2025-2031 debe tener dentro de sus prioridades la reestructuración del sistema de justicia venezolano, con el objetivo de garantizar la atención de toda la población. Para ello existe un memorando de trabajo con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y diferentes recomendaciones, tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que pueden considerarse una hoja de ruta inicial. La recuperación de la democracia implica el abordaje de la situación de impunidad, tanto en delitos como en violaciones a los DDHH
7) El nuevo gobierno debe tener una agenda económica transparente y de rendición de cuentas. Que permita a la brevedad posible la renegociación de la deuda, alcanzar acuerdos de financiamiento e inversión extranjera y nacional en pro de la República y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Hospitales, prisiones, grupos vulnerables y demás necesitan apoyos urgentes, para atender las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y materializar el disfrute de los derechos sociales.
8) Un mensaje importante sobre una nueva etapa de la vida nacional debe ser la liberación inmediata de los presos y presas políticas, así como la derogación de todas las decisiones administrativas y judiciales que han obligado a líderes políticos y sociales del país a exiliarse.
1) A. C. Mujeres de Frente;
2) A.C. Médicos Unidos de Venezuela;
3) AC Jóvenes y Desarrollo;
4) Acceso a la Justicia;
5) Acción Solidaria;
6) ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA;
7) Aquí Cabemos Todos;
8) Asociación Civil Las Mercedes;
9) Asociación civil Los Naguaritos;
10) Caleidoscopio Humano;
11) CAMPO;
12) Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado;
13) Cepaz;
14) Civilis;
15) Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira;
16) Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad;
17) Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos;
18) Consejo Comunal Las Colinas de Mañongo;
19) Equalia;
20) Foro Penal;
21) Fundacion Aguaclara;
22) Fundación Iribarren en Lucha;
23) Fundación Lucelia;
24) Fundación para el Debido Proceso “Fundepro”;
25) FundaRedes;
26) Fundehullan;
27) Justicia, Encuentro y Perdón;
28) Médicos Unidos de Venezuela Táchira;
29) Monitor Social A.C;
30) Laboratorio de Paz;
31) Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes;
32) Observatorio Electoral Venezolano;
33) Observatorio Global de Comunicación y Democracia;
34) Odevida;
35) Organización StopVIH;
36) Prepara Familia;
37) PROMEDEHUM;
38) Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea);
39) Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac);
40) Una Ventana a la Libertad;
41) Vicaría de DDHH – Arquidiocesis de Barquisimeto;
42) Voto Joven;
43) Observatorio de Violencias LGBTIQ+
