Ángel Gabriel González, nacido alrededor de 2008 (tenía 16 años al momento de su detención y cumplió 17 en junio de 2025, según El Pitazo), es un adolescente que debería estar cursando bachillerato, practicando deportes y disfrutando de su juventud. No tiene una trayectoria política formal ni afiliación a partidos, pero su detención durante las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024 lo vincula a la disidencia juvenil contra el fraude electoral. Como menor de edad, Ángel Gabriel no era un activista conocido, pero su participación en manifestaciones pacíficas lo posicionó como una víctima de la represión masiva, según Clippve.
Su perfil como adolescente común resalta cómo el régimen criminaliza a la juventud por ejercer su derecho a protestar. Ángel Gabriel es descrito por organizaciones como un «joven inocente» sometido a un proceso judicial viciado, sin pruebas.
Detención como preso político
El 9 de agosto de 2024, Ángel Gabriel González fue detenido arbitrariamente durante una ola de protestas nacionales contra el fraude electora. El arresto ocurrió sin orden judicial clara, y su paradero inicial fue desconocido, configurando una desaparición forzada breve, según Clippve. Fue acusado de delitos no especificados públicamente, pero relacionados con «alteración del orden público» y posiblemente «terrorismo», cargos comunes en la persecución de manifestantes.
Su proceso judicial ha acumulado 14 audiencias diferidas a junio de 2025, con demoras que violan sus derechos como menor.
Reacciones Nacionales e Internacionales
La detención de Ángel Gabriel generó condena inmediata. Clippve y Foro Penal exigieron su liberación, destacando su edad y la ausencia de pruebas. Su familia clama por su libertad, enfatizando que debería estar estudiando. La Plataforma Unitaria Democrática denunció detenciones de menores como violaciones graves.
La CIDH expresó preocupación por detenciones de adolescentes postelectorales, otorgando medidas cautelares para casos similares, según su sitio web. Amnistía Internacional incluyó su caso en reportes sobre presos políticos menores, exigiendo su cese inmediato. La ONU y la Misión de Determinación de Hechos han documentado violaciones a derechos de niños en detención, según El Pitazo.
