El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha descartado que su Administración tenga alguna relación con el empresario panameño Ramón Cerretero Napolitano, sancionado por Estados Unidos por su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro.
«Mi Gobierno no tiene ninguna relación, ni directa ni indirectamente, con el señor (Carretero Napolitano), no hay un solo contrato relacionado con él directamente, ni él juega un rol importante en Panamá en términos de actividad económica», respondió Mulino durante su conferencia de prensa semanal al ser preguntado sobre el asunto.
La inclusión de Carretero Napolitano en la llamada «Lista Clinton» que elabora la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, «es otra decisión de Estados Unidos por hechos ocurridos en Venezuela o alegadamente realizados en Venezuela», comentó Mulino.
«Tendrá él que responder, si es que lo va a hacer, ante las autoridades de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, que es quien impone estas medidas, para lo que corresponda. Pero ese es un problema completamente ajeno al Gobierno» de Panamá, agregó.
Con información de Efecto Cocuyo
Estados Unidos impuso el pasado 11 de diciembre sanciones financieras a Carretero Napolitano, entre otros, con el argumento de que «ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro».
El rotativo panameño La Prensa publicó este jueves que, según el diario estadounidense The New York Times, Carretero Napolitano y una sociedad suya de nombre Shineful Energy estuvieron implicados en operaciones de venta de crudo venezolano por unos 500 millones de dólares en los últimos cinco meses.
El empresario panameño fue el «principal beneficiario» del acuerdo que permite a la estadounidense Chevron exportar petróleo desde Venezuela, de acuerdo con el rotativo estadounidense.
Shineful Energy ha vendido «todo el crudo» desde que la Administración Trump permitió a Chevron reanudar las exportaciones desde Venezuela en julio pasado, indica la información de prensa.
El Departamento de Estado dijo el pasado 11 de diciembre en un comunicado que los sancionados, entre ellos tres sobrinos de Maduro, apoyan «al régimen corrupto e ilegítimo de Maduro en Venezuela».
