Por Carolina Urrejola
Tras el asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez en Quinta Normal, a un año y cinco días del asesinato de otro uniformado, el cabo Daniel Palma, ambos por pistoleros venezolanos, Carolina Urrejola escribe sobre el panorama desolador que trae consigo: la creciente desconfianza hacia cualquier ciudadano o ciudadana de Venezuela que camina por las calles de Chile. “Eso logran los asesinos con sus crímenes abyectos, ya sea contra Carabineros o contra la población civil: un rechazo generalizado a su presencia en Chile”, plantea. “Lo injusto del escenario al que hemos llegado es que no permite valorar el aporte que la comunidad venezolana ha realizado en Chile”, dice.
Esta es una tragedia que protagonizan los venezolanos pacíficos y decentes, que entraron al país con ahorros a instalar negocios, o sin ellos, a buscarse la vida de manera honesta. Por supuesto, son la inmensa mayoría de los casi 500 mil ciudadanos del país caribeño que llegaron a Chile huyendo de una economía destruida por el régimen madurista y de la inseguridad desatada por el reinado del narcotráfico.
El gobierno venezolano no sólo hace la vista gorda, sino que niega la existencia del Tren de Aragua, poderosa organización criminal que tiene al subcontinente en vilo. El Canciller Yván Gil dijo esta semana: “El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente” y fustigó a Chile por pretender resolver la criminalidad apelando a la responsabilidad que evidentemente le cabe a su país en la exportación de estos criminales.
“Se ríen de nosotros en nuestra cara” dijo por su parte la mamá del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, asesinado en Quinta Normal por delincuentes de esa nacionalidad. El hecho ocurre un año y cinco días después del asesinato de otro carabinero, el cabo Daniel Palma en el centro de Santiago al controlar un auto sospechoso. También los pistoleros eran venezolanos. Al menos uno de ellos permanece internado en el módulo de alta seguridad, y a él quiso beneficiar el controvertido juez Urrutia con una videollamada a Venezuela. Tan profunda es la crisis, que esta semana vimos a un diputado socialista pedir el cierre total de fronteras por 24 meses
La historia se repite pero ahora con más elementos dramáticos, como el hecho de que el carabinero Sánchez intervino estando de franco y con su familia en el auto, o el detalle de que haya logrado dar muerte a uno de los ladrones en medio de la balacera. Pero sobre todo impacta la expresión de desprecio y cinismo sonriente de uno de los detenidos, Yolvi Miguel González Arcaia. Un gesto abyecto que termina afectando a todos los venezolanos que viven en el país.
Los datos sobre seguridad y delincuencia dicen que la cantidad de delitos en Chile permanece estable en los últimos años, pero que la sensación de temor está en su máximo histórico. ¿La razón? La extrema violencia y crueldad de los nuevos delitos, cometidos principalmente por extranjeros. La tasa de homicidios sigue siendo baja en comparación con el continente pero se ha duplicado en los últimos cinco años, y hay comunas donde la cifra se asemeja a la de famosos guetos criminales de Latinoamérica. El clamor por endurecer la mano llevó incluso a un diputado del partido socialista a proponer cerrar las fronteras por 24 meses.
Mientras todo esto pasa y nos angustia, el gobierno chileno ha intentado razonar con su par venezolano con la firma de un convenio de seguridad y fronteras que en los hechos no ha servido de nada. Se comprende el afán de cooperación, pero con esa contraparte no parece posible construir confianza alguna. Tras los dichos del canciller venezolano, vino el llamado del Presidente Boric a informar al Embajador Jaime Gazmuri.
Paralelamente, los indicios de la fiscalía chilena de que el crimen del ex militar Ronald Ojeda fue planificado en Venezuela han provocado las reacciones del Fiscal Nacional de ese país y del propio canciller Gil, que en un claro cambio de posición aseguró en su cuenta de X: “El gobierno y pueblo chileno puede tener la seguridad de una colaboración absoluta de parte de Venezuela, procederemos a la captura de cualquier criminal dentro de nuestro territorio, que se encuentre señalado de cometer algún delito dentro o fuera de nuestro país (…) prestaremos todo el apoyo para acabar la delincuencia y cualquier organización criminal que pretenda operar en el territorio chileno”.
Nuestra diplomacia toma así algo de ventaja frente al gobierno autocrático de Maduro, queda por ver si el compromiso es real o sólo palabras vacías. Tampoco se debe caer en la tentación de escalar la crisis y llegar a romper relaciones diplomáticas. Voces altisonantes -especialmente gritonas en año de elecciones- están presionando en ese sentido. A pesar de la crisis, hay que mantener la prudencia e intentar mantener alguna vía de contacto. Extraña en ese sentido la exigencia de la oposición, porque si hay alguna posibilidad de esclarecer el crimen de Ojeda y perseguir a los criminales del Tren de Aragua es insistir en un contexto de relaciones bilaterales.
Más allá de lo político y diplomático, lo más desolador del panorama es la creciente desconfianza hacia cualquier ciudadano o ciudadana venezolana que camina por las calles de nuestro país. Eso logran los asesinos con sus crímenes infames: un rechazo generalizado a su presencia en Chile. Probablemente alguien piense dos veces si le arrienda un departamento o cierra un negocio con un inmigrante de Venezuela. O sienta rechazo si lo atiende en un local o le maneja el auto de aplicación.
Lo injusto del escenario al que hemos llegado es que no permite valorar el aporte que la comunidad venezolana ha realizado en Chile. Según un estudio de la OIM, la Oficina para la Migración de Naciones Unidas realizado en noviembre de 2023, sus aportes en materia fiscal, inversión empresarial y generación de empleos son significativos. Luego de encuestar a 535 hogares venezolanos tomando en cuenta sus tendencias de consumo, generación de ingresos y su estatus migratorio, se calculó un impacto fiscal de USD $409,7 millones en 2022. Se estima que ese monto podría ascender a USD $510,1 millones si se regulariza a quienes participaron del proceso de empadronamiento en 2023.
El estudio agrega que el 79 % de la población migrante venezolana se encuentra trabajando. Otro dato relevante es que un 51,2 % de las personas venezolanas cuenta con niveles educativos superiores a la educación media chilena (36,8 % cuenta con estudios en educación superior y un 15,3 % con educación técnica). Pero poco y nada sirven estos datos frente al temor atávico que produce la violencia y la criminalidad de un grupo ajeno al país propio.
Esa es la tragedia de los venezolanos en Chile. Cargan con el trauma de salir de su país y con el estigma que los criminales ponen sobre ellos en su nación de acogida. Y esto no es una ficción mediática.
