(Redacción por David Gallardo) El odio siempre ha sido un móvil más común dentro de los actos criminales, desde un ajuste de cuentas, hasta el Holocausto. Realmente no importa los motivos que acompañan este sentimiento, es un veneno que se va introduciendo en cualquier sociedad y contamina todos aquellos que son dominados por el miedo y la ignorancia. Esta es una realidad cruda que se ha desarrollado en Venezuela en contra de la Comunidad LGBTIQ+, un colectivo que no ha tenido ningún tipo de redención legal que los proteja de los ataques, la discriminación y de una vida desigual. Aunque la discriminación contra la Comunidad LGBTIQ+ es una constante dentro de la idiosincrasia venezolana, el caso de los 33 es el punto de inicio de lo que muchos temían: la criminalización.
El caso de los 33 se volvió noticia en todo el mundo, organizaciones dentro y fuera de Venezuela señalaron que la detención de los treinta y tres hombres en el norte de Valencia, Carabobo, se trataba de un acto de violencia de Derechos Humanos y el perfecto ejemplo de las irregularidades que comete la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en sus procedimientos.
La desinformación, chismes y mentiras se apoderaron de los algunos medios de comunicación locales, los cuales reseñaron que las autoridades descubrieron in fraganti a los clientes del establecimiento Club Avalon en una orgía, pero esto se encontraba muy lejos de la verdad.
Medios de Comunicación internacionales, lejanos desde la distancia y del complejo contexto social que vive Venezuela, detallaron de mejor forma el caso. El Comercio de Perú publicó en su portal web: “Iván, un joven venezolano de 30 años estaba el domingo 23 de julio en el Club Avalon, un sauna gay ubicado en la ciudad de Valencia, en el norte de Venezuela. Mientras tomaba una bebida en la sala de estar, escuchó una alerta: “Comando de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Manos arriba, quédense quietos!”. Iván pensó que era una broma. Aquel era un club privado que disponía de saunas y salas de masajes, un restaurante y una sala de fumadores. Se cobraba entrada y el catálogo de servicios podía consultarse en las redes sociales. Se sentía seguro en el Club Avalon. Allí no le hacían bromas sobre sus preferencias sexuales ni lo llamaban “ella”, como le ocurría en entornos de nuevos conocidos en los que bromeaban sobre él. Los uniformados pidieron a los empleados y clientes que los acompañaran hasta la comandancia policial “en calidad de testigos”. Todos siguieron la instrucción, aunque no entendían de qué eran testigos”.
La legalidad dentro del Caso de los 33
El caso de los 33 tiene varias irregularidades dentro de su procedimiento y el establecimiento del mismo, esta es una de las denuncias que muchos activistas y ONG han realizado en los últimos casi dos meses desde que se cometió esta injusticia.
Jeffrey Rodríguez, abogado y encargado de la Unidad de atención psicolegal del OVV LGBTIQ+, nos comentó que las irregularidades empezaron desde el momento cero cuando la PNB decidió allanar el local. “Estas actuaciones fueron irregulares en todo sentido, más allá de no saber o no haber identificado quien fue la persona que supuestamente denunció la situación en el local. Se los llevaron engañados diciendo que solamente los iban a entrevistar”, denunció.
Estas irregularidades no pararon ahí. Estuvieron detenidos por varios días, cortaron el contacto con familiares y fueron acorralados a situaciones de humillación, discriminación y vulneración que violaban sus Derechos Humanos.
“Luego nos llevan a otra oficina, que era como una sala de reuniones. Nos mandan a que nos sentemos y que nadie hable. Ahí me descompensé, tenía muchas ganas de ir al baño. Hubo un funcionario que fue bastante enfático: “Si quieres, te haces encima, no te voy a llevar al baño. ¿Quién te manda a estar haciendo esa cochinada que tú estabas haciendo? Aguanta, marico. O cágate encima”.
Testimonio de uno de los detenidos. Fuente: Comercio de Perú
Rodríguez señala que no solo el comportamiento de las autoridades policiales es el vergonzoso, sino que el poder judicial también los acompañó en la violación de los derechos de los 33 imputados. La fiscalía justificó la detención con los agravantes de “ultraje al pudor, agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica”, los cuales fueron aceptados por la juez y decidió abrir un proceso de investigación.
“Entonces si vemos que hay muchas irregularidades y bastantes situaciones que señalan que hay prejuicios y discriminación detrás de las actuaciones realizadas por estos funcionarios. Por esto es que solicitamos el sobreseimiento de la causa contra las tres personas que todavía están siendo investigadas, puesto que esto representa un antecedente peligrosísimo que puede dar pie a futuros procesos de criminalización (contra el colectivo LGBTIQ+)”, determinó el abogado.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+
El OVV LGBTIQ+ es una iniciativa que surgió el año pasado bajo la necesidad de “sistematizar todos los hechos de violencia que ocurren hacia las personas LGBTI+ en Venezuela”. Uno de los enfoques que posee esta organización es la visibilización y el poder de denunciar públicamente estos hechos criminales contra el colectivo, aparte del acompañamiento hacía las víctimas. Otros de los servicios que ofrecen son el apoyo legal y psicológico.
Rodríguez afirma que esta organización ha logrado documentar un aproximado de 300 hechos de violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+, sin embargo explica que la variación de lo motivos son tan amplios como la naturaleza de los casos. “Te podría decir que en la mayoría son por demostrar afecto en público, por ser personas trans, por utilizar en los espacios donde esas personas se sienten más cómodas o por lo menos si es una mujer trans, usar el baño de mujeres, esto ha generado también situaciones de violencia”, ejemplificó.
Una de las declaraciones que más resaltaron dentro de la entrevista que tuvimos con Jeffrey Rodríguez en su postura como representante del OVV LGBTIQ+ fue el claro retraso que se ha evidenciado en Venezuela con respecto a la reivindicación de los Derechos de muchos colectivos dentro o incluso fuera del LGBTIQ+. “Venezuela es homofóbica, Venezuela es machista, Venezuela es misógina, Venezuela es transfóbica, Venezuela es violenta. Venezuela para mí, muy muy personalmente, considero que es retrógrada con respecto a los avances, con respecto a los derechos humanos en general”, comentó.
Rodríguez también nos da el contexto de este atraso que se vive desde las instituciones del país hasta en el comportamiento general de la sociedad venezolana, todo se debe a una fuerte campaña de desinformación y de desprestigio que se alimenta del odio, la ignorancia y también desde la narrativa de algunos grupos religiosos que no permiten que exista esta reivindicación social.
Los números no mienten, pero transmiten terror por el aumento de casos de violencia contra el colectivo LGBTIQ+. El último boletín de esta organización denunció que para abril del 2023, existían 60 casos de violencia, de los cuales 13 van en contra de las personas trans, siendo el segundo grupo después de los hombres homosexuales que reciben ataques.
“Para poner un poco más de contexto en esta afirmación, tenemos que resaltar que el único caso que hemos documentado en el año 2023 de un asesinato corresponde específicamente a una persona trans, a una mujer trans, y aparte de ser una mujer trans, pertenecía a la etnia Wayuu, nos comentó Rodríguez.
El abogado nos comenta que las autoridades venezolanas no tomaron como prioridad este caso, a pesar de ser un claro acto de odio contra la comunidad LGBTIQ+ y de una miembro de los grupos indígenas, siendo este un solo ejemplo de cómo la discriminación ya se encuentra sistematizada en las instituciones nacionales.
“Esto demuestra cómo la marginalización que tiene este grupo poblacional dentro de un estrato social o dentro de un contexto social donde constantemente son señalados como aberraciones, como personas que no pueden y deben estar cerca de niños, como personas que atentan contra la moral por sí mismas, simplemente por ser personas trans. Entonces, aparte de esto, también vemos una dinámica de violencia en general sistemática. No pueden conseguir empleo, se les dificulta mucho el acceso al trabajo, por eso acuden al trabajo sexual. No tienen formación educativa porque no se les respeta la identidad de género en estos espacios”, denunció Rodríguez.
La política venezolana: ¿les interesa la Comunidad LGBTIQ+?
La respuesta es NO.
Así de tajante puede sonar, pero en los últimos 20 años, el chavismo, madurismo y la oposición han tomado mayoría dentro de la Asamblea Nacional y no se ha realizado ninguna legislación directa que proteja a este grupo social.
“¿Por qué no ha habido un avance al respecto? Pues sinceramente porque creo que no les interesa, tienen otras prioridades y aparte también considero que hay prejuicios detrás de ello”, comentó Rodríguez.
El abogado también señala que dentro de la política venezolana existe una fuerte influencia religiosa que no le interesa estos avances sociales en el país, por lo cual es más fácil a los políticos mantener su status quo que reivindicar estos derechos sociales.
