(Redacción por David Gallardo) El Panel de Expertos Internaciones Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido un informe con las denuncias, preocupaciones y sugerencias que tienen sobre las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que se vienen cometiendo desde hace 10 años.
Este informe ha revisado y validado los esfuerzos de llevar las denuncias de las víctimas a instancias internacionales, lo cual ha permitido evaluar los números de casos, naturaleza de las investigaciones y enjuiciamiento realizados por el Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro.
Este Panel de expertos lograron tener acceso a diferentes informes públicos y la información proporcionada por víctimas, a través de representantes legales organizaciones no gubernamentales (ONG). Este esfuerzo en conjunto logró que se analizaran 183 casos de crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, torturas, encarcelamientos y persecuciones perpetradas por agentes dentro de la dictadura venezolana desde el 2014.
Los datos que arrojan el informe están calibrados entre el 2014 y el 2022, de los cuales destacan casos notorios en Caracas y Carabobo, región centro-occidental. Estos casos muestran una gran situación de negligencia judicial y fracaso sistémico. Este es un argumento válido ante el retraso o negación de la justicia venezolana a servir a los casos, que rara vez llegan a juicio y/u obtienen justicia para con las víctimas.
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Los especialistas también consideraron que existen patrones que preocupan en los casos juzgados. Uno de estos escenarios señalan la falta de correlación entre el número de autores investigados y acusados con la evidencia disponible.
Existen casos como el del militar Rafael Acosta Arévalo, que ilustra perfectamente la brutalidad y las violaciones de sus Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Maduro.
Ahora, cuando se trata de casos que se encuentran en la fase de investigación, el Panel señala que muchos de estos carecen de la identificación y enjuiciamiento de los responsables, además de denunciar que existen casos que demuestran la negligencia y falta de voluntad de la Fiscalía de la dictadura para avanzar en procedimientos judiciales.
Encarcelamiento, torturas, persecución y abuso sexual
La inquietante cadena de mando que lleva a cabo los crímenes y la violación sistemática de Derechos Humanos han caído en la práctica de cuatro delitos que corrompen y van más allá del abuso físico y mental. Se ha certificado que el régimen de Nicolás Maduro recurre a la persecución y encarcelamiento para atacar a sus víctimas a través de torturas y abuso sexual.
El Panel de expertos señala que se han reportado al menos 1521 casos de torturas entre el 2014 y 2022, destacando Carabobo como el estado con más incidentes, además en ese mismo lapso de tiempo se mencionaron 68 muertes por tortura.
La falta de acción de la dictadura venezolana reside en no procesar a los responsables, que continúan en la impunidad y viola el debo proceso para las víctimas.
Otra cifra inquietante sobre los casos de torturas es el 83,6% de ellos no recibieron ningún tipo de esfuerzo por parte del régimen para iniciar las investigaciones pertinentes.
Con respecto a los encarcelamientos, el Panel señala más de 12 mil casos de detenciones arbitrarias y más de 15 mil encarcelamientos políticos desde 2014, todo esto bajo la vista gorda del régimen que no hace ningún esfuerzo para investigar o procesar a los responsables.
Bajo la persecución política, que finalmente concluye con encarcelamiento, se evidencia un patrón de represión sistemático contra la disidencia y oposición venezolana desde al menos el 2014.
Estos ataques han tenido un aumento preocupante de hostigamiento y violento en el período previo a las elecciones del 2024.
La violencia sexual también es un crimen destacado dentro de las actividades ilícitas que realizan las autoridades en Venezuela. El Panel crítica la postura de la dictadura sobre los delitos sexuales, siendo la violación y otras formas de violencia sexual como los más relevantes.
El comportamiento del régimen
No son solo las acciones que realiza el régimen para atacar a la disidencia, oposición o incluso la población venezolana, sino también se debe denunciar el comportamiento que tiene la dictadura venezolana sobre estos escenarios: El desconocimiento, invalidación, amenazas y falta de transparencia de los instituciones corrompidas frente a las víctimas.
El Panel señala que existe un número significativo de denuncias presentadas por las víctimas, familias y sus representantes legales ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que continúan siendo ignoradas y desentendidas.
La falta de voluntad del régimen venezolano se evidencia a través el irrespeto de ciertos mecanismos de protección que son parte de las leyes venezolanas, como lo son el anonimato, situación que hace sentir a las víctimas y testigos desprotegidos y temen cooperar con las investigaciones debido a posibles represalias.
En otros casos el régimen se muestra más agresivo contra las víctimas a través de amenazas contra las ellas y sus familias, sobre todo cuando los casos no tienen la atención debida de las autoridades. Uno de los escenarios más comunes es la falta de atención de los funcionarios del Ministerio Público que se niegan a registrar denuncias.
La falta de eficiencia del régimen de Nicolás Maduro frente a estos casos no solo se refleja en el Ministerio Público, el brazo judicial también está involucrado con la no publicación pertinente de registros ni de las decisiones judiciales. Esto es un obstáculo que imposibilita el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.
La falta de justicia restaurativa también es un mecanismo que no se aplica en Venezuela a pesar de estas presente en sus leyes. Las víctimas de crímenes y violaciones de Derechos Humanos no reciben reparación por los daños sufridos.
Los ataques políticos del régimen
La impunidad existente en Venezuela ha facilitado la continuación de los crímenes de lesa humanidad, especialmente contra disidentes políticos. Estos casos incluyen la persecución, encarcelamiento y violencia, lo cual se ha intensificado en las vísperas de las elecciones presidenciales de este 2024.
El Panel señala un gran número de ataques y amenazas contra los políticos, sin embargo destacan los casos del exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y la líder de la oposición y del partido Vente Venezuela, María Corina Machado. Esto no deja por fuera las emisiones de órdenes de aprehensión contra activistas, periodistas y otras figuras destacadas de la oposición.
La persecución política también ha tomado por los brazos a las elecciones, puesto que se ha instaurado un patrón de represión sistemática por motivos políticos, lo que incluye las órdenes de aprehensión y persecución de líderes políticos y defensores de Derechos Humanos.
La falta de transparencia del sistema judicial también se hace notar por la falta de investigaciones y procesamientos efectivos contra responsables de crímenes de lesa humanidad. El Panel también menciona que Venezuela se ha cerrado sistemáticamente a que las víctimas puedan recurrir a mecanismos de protección a nivel internacional, lo que deja a la Corte Penal Internacional (CPI) como la única esperanza de miles de víctimas.
Las sugerencias del Panel de Expertos de la OEA
El Panel insta a la Fiscalía de la CPI en centrarse en los autores de alto nivel de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sobre todo aquellos que burlan y están fuera del alcance de la justicia venezolana.
También se le solicita que se publique la lista de temas en consideración y el contenido del ultimo memorando firmado por el régimen de Nicolás Maduro para garantiza transparencia. Además se sugiere al ente internacional la evaluación de la presunta actividad criminal ejecutada por militares, fiscales, funcionarios estatales y jueces para determinar si de deben iniciar procesamientos.
Se la ha solicitado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que continúe monitoreando los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela, además de comprometerse con los Estados miembros de la institución internacional para brindar cooperación y apoyo al Fiscal de la CPI, Karim Khan.
A los países miembros de la OEA se les pide continuar presionando al régimen de Venezuela para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
A las ONGs, actores de la Sociedad Civil y víctimas en Venezuela, se le reconoce y aplaude la valentía y los esfuerzos de estas organizaciones y personas en documentar y preservar las pruebas de violaciones de Derechos Humanos en el país, pero se le recomienda centrarse en la recopilación de información relacionada con la responsabilidad de los perpetradores estatales de medio y alto nivel ante la CPI.
Con respecto a la dictadura venezolana, el Panel la exhorta de cesar los actos de represión y encubrimiento de crímenes, también de iniciar investigaciones y procedimientos penales sobre los casos de lesa humanidad, a su vez que se adopten medidas concretas para garantizar la transparencia y el acceso de la justicia, además de dialogar con la CPI, ONGs, la sociedad civil y la Comunidad Internacional.
