(Redacción por David Gallardo) Desde que la población venezolana salió a las callea a protestar de forma espontanea por el fraude electoral impuesto por el Centro Nacional Electoral (CNE), que favorecía al dictador Nicolás Maduro, se ha desplegado una ola de represión y persecución contra los venezolanos, políticos, colaboradores, periodistas, defensores de Derechos humanos y activistas que podría señala que las garantías constitucionales están suspendidas en Venezuela.
El último informe de la ONG Foro Penal señala que en Venezuela existe 1.315 detenidos por las protestas post elección presidencial, de los cuales 117 son adolescentes, 17 personas con discapacidad, 14 indígenas y 177 mujeres.
La persecución política y contra dirigentes de la sociedad civil también ha sido una salvajada que refleja la violación sistemática de Derechos Humanos en Venezuela. Uno de los casos más recientes es el de María Oropeza, dirigente del Comando Con Venezuela, quien fue detenida arbitrariamente y las autoridades no han querido informar sobre su paradero o aceptar el Habeas Corpus que presenta su defensa.
Activistas como Edni López y Yendri Velásquez fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando se disponían a salir del país para cubrir actividades a las que fueron invitados. Velásquez duró un par de horas detenido, pero López duró casi una semana sin que su familia supiese de su paradero.
¿Qué pasa con las garantías constitucionales en Venezuela?
Es por esto que figuras como el abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, consideran que existe un decreto de suspensión de garantías de facto en Venezuela.
«Uno llega a la conclusión de que en Venezuela hay un decreto de suspensión de garantías de facto. Y digo de facto porque hasta donde yo tengo conocimiento, el Presidente de la República no ha hecho un decreto de suspensión de garantías en conjunto con su gabinete, con su gabinete ministerial, ni ha avisado esto a la Sala Constitucional y mucho menos al Ministerio Público. Así que hablamos de una suspensión de garantías de facto que es aún mucho más cruel. Porque fíjense, si hubiese una suspensión de garantías de facto, a pesar de ello, cuando uno decreta una suspensión de garantías, hay respeto al derecho a la vida, hay prohibición a la tortura, hay prohibición a la falta de información, debe responderse efectivamente por la integridad física y moral de las personas que han sido detenidas, aquí no se está respetando el debido proceso», explicó el abogado y decano.
Apitz también explica que el régimen de Nicolás Maduro tampoco está respetando los derechos humanos y señala la denuncia que reflejamos anteriormente sobre la cantidad de detenidos.
María Verdeal, abogada y vicepresidenta del partido MAS, señala que se debe hacerle un alto a las arbitrariedades que se están desarrollando por la ola de presión de la dictadura.
«Las garantías constitucionales están vigentes, no están suspendidas. Las órdenes de aprehensión tienen que venir emanadas de un tribunal, al igual que las órdenes de allanamiento. Y, por supuesto, esto genera lo que ya dijimos, presuntamente los abusos policiales, donde te paran y te quitan un teléfono. A mí no me pueden quitar mi teléfono porque eso es privado, es mi teléfono, sin una orden judicial para que jurunguen a ver qué teléfono tienen, pero se lo están haciendo a jóvenes en la calle», denunció Verdeal.
La dirigente también denuncia que la juventud venezolana está aterrorizada por la vulneración que pueden sentir al sentirse asediados por los funcionarios policiales y sin saber qué es lo que puede pasar después.
«Llamar a la manifestación pacífica está contemplado en nuestra Constitución. Tampoco están suspendidas las garantías para que uno manifieste pacíficamente y llamar a manifestar pacíficamente debe ser aceptado por quienes están en el poder. No se puede reprimir ni tampoco, supuestamente, pueden infiltrar lo que son las manifestaciones pacíficas. Condenamos lo que son los actos de violencia en cualquier tipo de manifestación, pero no condenar la participación que puedan tener los ciudadanos en las calles. Eso no está, eso no tiene, una cosa no tiene que ver con la otra», explicó.
