(Fuente: Infobae) La ONG Espacio Público ha mostrado gran preocupación por las últimas acciones del régimen de Nicolás Maduro contra el periodismo en Venezuela. Diferentes periodistas y medios de comunicación se han visto envueltos en ataques de diferentes niveles, entre acusaciones, órdenes de detención y salidas al aires.
Con información de Infobae
El periodista Ramón de Jesús Centeno Navas está preso y en juicio por la entrevista, que no se publicó, a un narco diputado de la revolución bolivariana. Por la Operación Brazalete Blanco, la periodista Sebastiana Barráez tiene orden de aprehensión, así también los comunicadores Norbey Marín y Wender Villalobos. Han salido de circulación numerosos programas de radio, emisoras y portales, el más reciente FronteraViva. Solo en marzo 2024 hubo “21 casos y 36 violaciones a la libertad de expresión”, según la ONG Espacio Público.
Hay tantos ataques a la prensa que muchos ni siquiera son visibilizados, como el que ocurrió en el barrio Santa Eduvigis, Quíbor, estado Lara, hasta donde llegó un funcionario de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) acompañado con la Guardia Nacional. “Víctor González a quien aquí llamamos Toto, es representante de la emisora comunitaria Reconciliación 93.5 FM. Los funcionarios se metieron a su casa, y estuvieron horas ahí hasta que le hicieron firmar un documento donde entregaba los equipos de la emisora, bajo amenaza de llevárselo preso. Al irse le advirtieron que no se atreviera a hacer pública la denuncia”, dijo a Infobae uno de los habitantes.
“Como quirobeños, ante esta grave situación pedimos justicia, porque silenciaron y robaron una emisora, como si eso resolviera los problemas del país”.
Otro vecino de Quíbor, en conversación con Infobae, dijo que “Toto siempre fue luchador social y es opositor. Un día le cerraron la emisora. González fue a Caracas y le dieron un permiso para seguir funcionando. A mediados de marzo llegó un funcionario de Conatel con dos guardias del comando de Quíbor. Se instalaron dentro de su casa, hasta las 9 de la noche, esperando una llamada telefónica a ver qué iban a hacer con él”.
“Algunos nos dimos cuenta porque casualmente era el cumpleaños de Toto y varios vecinos fueron hasta su casa con la excusa de hacer la visita. Los funcionarios, al ver que había muchas personas, se metieron en la oficina de la emisora que funciona en el segundo piso y lo amedrentaron y le redactaron un documento”.
González bajó a hablar con los vecinos que estaban en su casa y les pidió que se retiraran porque sino los guardias se lo iban a llevar preso. La gente se retiró, pero observaron que los funcionarios se llevaron todos los equipos de la emisora.
Vecinos describen a Víctor González como un artista plástico muy querido en Quíbor. “Ahí mismo da clases de pintura, en un espacio que habilitó. En el patio de su casa él diseñó una sala de cine; él mismo hizo las butacas, cosió, tapizó, serruchó la madera, hizo todo. Su cine funciona con un proyector. Esa emisora la levantó con mucho esfuerzo, años tras año y esta gente de Conatel con los guardias vino a quitársela”, finalizó diciendo uno de los quiboreños.
El informe de la ONG
En un tenso ambiente político, ante las elecciones presidenciales, el acoso contra los medios de comunicación se ha incrementado brutalmente por “la censura, el hostigamiento y la intimidación” por parte de “instituciones y funcionarios vinculados al Estado venezolano (23 de 26 en el mes) lo que confirma el patrón de persecución a la libertad de expresión y la impunidad con la que operan sus actores”, dice el reporte de la prestigiosa ONG.
Los casos reportados por Espacio Público, organización que dirige el periodista y profesor Carlos Correa, relatan que el Fiscal General designado por la extinta e ilegal asamblea constituyente, Tarek William Saab Halabi, informó sobre la orden de detención contra del sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, por el “delito” de “incitación al odio”.
“Saab acusó a Arciniega de ‘uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación”, supuesto delito no contemplado en las leyes venezolanas. También lo acusó de difundir “información falsa” y de pretender “causar zozobra y pánico en la comunidad”, sin aclarar cuáles mensajes causaron la acusación”, dice Espacio Público.
Sobre la detención en el estado Falcón del creador de contenidos Armando Sarmiento, perteneciente a la plataforma Brolleros, por parte de funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 11 de marzo 2024, en Coro, destaca que un tribunal de control le dictó privativa de libertad por “instigación al odio”.
“La detención se produjo luego de que se hiciera viral en redes sociales un material audiovisual considerado crítico con la gestión de Nicolás Maduro, quien en días pasados había visitado la ciudad de Coro y la comparó con Chicago, Estados Unidos”.
“La audiencia de presentación fue diferida del 14 al 15 de marzo porque la Fiscalía no tenía elementos de convicción para sostener la acusación. Aun así, el Tribunal Segundo de Control de Falcón lo condenó por “instigación al odio”, supuesto delito contemplado en la inconstitucional normativa contra el odio vigente desde 2017″.
Hostigamiento y cárcel en Venezuela
Un hecho que amenazó a Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG Provea, fue cuando funcionarios civiles y militares del Palacio de Justicia lo detuvieron e intimidaron el 22 de marzo, luego de grabar a efectivos militares que estaban en la entrada del tribunal penal de Caracas.
Torres es un activista y defensor de derechos humanos muy reconocido por su trabajo en apoyo de víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela.
“Los funcionarios le pidieron sus documentos de identidad y su teléfono celular. Posteriormente, comenzaron a cercarlo y cerraron los accesos del Palacio de Justicia. Torres logró llamar a otro abogado que estaba en el sitio y se colaron con un grupo grande de personas que iba saliendo”.
Otro de los casos es el del periodista y youtuber Óscar Alejandro Pérez, detenido el 31 de marzo en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia el Parque Nacional Canaima.
“Tras la detención, familiares de Pérez informaron en un comunicado que había sido acusado de actividades relacionadas con “terrorismo”. El youtuber venezolano fue trasladado a la sede de la División Antiterrorismo del CICPC, en Caracas, y excarcelado al día siguiente bajo medida cautelar”.
“Horas después de su excarcelación, Oscar Alejandro Pérez detalló que supo del motivo de su aprehensión solo al momento de estar privado de libertad. Al creador de contenidos lo acusaron de terrorismo por un comentario que hizo en uno de sus videos”.
“En el material audiovisual, Pérez menciona que de caer una bomba en la Torre Credicard de Caracas, se caería todo el sistema bancario. “Fue sacado de contexto”, dijo el comunicador. Finalmente, el Tribunal determinó que ‘no habían hechos contundentes para determinarlo como un terrorista y que la acusación carecía de fundamento legal’”.
