(Redacción por David Gallardo) La crisis penitenciaria en Venezuela es como cualquier otra: Consecuencia de las decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Es una situación dura, cruel y violatoria de la Constitución. Más allá de los testimonios que hemos recibido de Jonatan Palacios, quien fue un preso político en Venezuela y actualmente está exiliado en Colombia, la crisis también alcanza a los presos comunes que sufren atropellos y se mantienen secuestrados a pesar de tener todos los méritos de reintegrarse a la sociedad.
El sistema penitenciario debería tener como único objetivo principal el poder modificar el comportamiento de manera positiva de los presos, quienes están pagando un crimen que cometieron, para que así la reintegración a la sociedad sea la mejor y puedan aportar como cualquier otro ciudadano su grano de arena para que el país crezca y sea próspero.
Pero estamos hablando del sistema penitenciario de Nicolás Maduro, un hueco que se ha diseñado para humillar, torturar y violar cualquier derecho que tengan los presos comunes y políticos.
Es importante recordar que los presos comunes también tienen derechos humanos, al buen procedimiento jurídico, condiciones básicas alimentarias y salubres. Ignorar estos derechos es estar un poco más cerca de la perspectiva de la dictadura: Las cárceles son perreras que solo funcionan con extorsión y torturas.
“El negocio de la libertad”
Muchos presos comunes pasan años tratando de superar todos estos obstáculos y violaciones de derechos, se enfocan en tratar de cubrir la mayor cantidad de días a través de redenciones y buen comportamiento para así reducir la cantidad de tiempo dentro de la cárcel. Existen casos específicos que muestran que es posible y lamentablemente llega el día en el que se supone que deberían salir en libertad, pero algo los detiene: El cheque pendiente por la libertad.
Sí, el sistema penitenciario y judicial lograron una manera de monopolizar la libertad de los presos comunes.
Este escenario se da con facilidad puesto que las cárceles no solo son un hueco oscuro, también son una trampa que no permite que estas situaciones sean de conocimiento público. El silencio y el abandono mata a estos ciudadanos que trataron de seguir las reglas que impone la Constitución para salir en libertad, reintegrarse a la sociedad y aún así la corrupción y la extorsión los detienen.
Recibimos los testimonios de los ciudadanos Carlos Julio Ávila y José Leonardo Acero Jiménez, quienes son presos comunes que sirven de ejemplo ante esta situación.
Carlos Julio Ávila se retrata en un vídeo donde se dirige directamente a Nicolás Maduro y le solicita una solución a su problema: Ya cumplió su condena y aún así la justicia venezolana lo extorsiona para obtener su libertad.
“Los señores jueces de la República no nos quieren dar los beneficios (…) pero si uno tiene dos, cinco o diez mil dólares que ellos exigen para la libertad, ahí sí automáticamente le dan a uno la libertad”, denunció el preso Ávila.
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El llamado que realiza el preso es puntual: los presos comunes exigen el respeto de sus derechos humanos.
Ávila también denuncia que el sistema penitenciario no está respetando sus redenciones. “No nos quieren valer las redenciones, porque si en estos momentos me actualizaran mi cómputo, ya pasaba del tiempo de mi condena (…) pero los jueces no nos quieren hacer valer eso. ¿Cómo sí los hacen valer? Los hacen valer, claro, sacando la plata de una vez”, denunció.
El preso también añade que en el caso de tener el dinero, ahí los reos tienen incluso la oportunidad de actualizar el cómputo de los días pagados con redención y se hace el cálculo de cuantos días faltan para pagar la condena.
“En este momento si hicieran una actualización, yo creo que aquí sería la mitad de la población penitenciaria que tenemos esos beneficios ya ganados, pero los señores jueces no nos quieren hacer valer los beneficios”, agregó.
En el caso de José Leonardo Acero Jiménez, este ciudadano señala que según sus redenciones él debería haber estado en libertad desde el pasado 22 de mayo del 2023, pero aún se mantiene preso.
“Mi pregunta es ¿Quién está violando la ley? Señor Presidente, ¿lo ponen a usted, ponen a la Ministra, ponen a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ponen al Fiscal General, ponen a los jueces? ¿Quién es el que viola la ley?”, cuestiona el preso en un vídeo que fue entregado a nuestra Sala de Redacción.
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Acero Jiménez denuncia que sus redenciones se encuentran archivadas en los tribunales y que cuestiona constantemente quien será responsable de su integridad física durante este tiempo en el que continúa preso. También agrega que durante el tiempo que ha estado preso no ha tenido ningún comportamiento negativo, además que se ha enfocado en ser predicador evangélico. “Mi trabajo ha sido predicar la palabra de Dios. Ese es el trabajo que he hecho aquí. No tengo informes negativos, no tengo sanciones disciplinarias. Hice lo que Dios me permitió hacer en este lugar, cumplí con mi condena, entonces yo pienso que es tiempo de que en este país se cumpla la ley, que no se siga violando la Constitución porque eso es violatorio a la ley”, reiteró.
Las denuncias
La sala de redacción de Dossier Venezuela recibió dos denuncias por parte de los presos comunes del Centro Penitenciario de San Ana, estado Táchira donde revelan serias irregularidades de los procesos judiciales y penitenciarios, aparte de la violación de varios derechos.
En dichos documentos, que van dirigidos a Nicolás Maduro en su rol como presidente, se describen todas las violaciones de Derechos que realizan las autoridades penitenciarias y judiciales en contra de los presos comunes y sus familias. Delitos de extorsión y tortura, amenazas y condiciones infrahumanas a las que están expuestos.
El documento tiene un número de denuncias que detallan las acciones que toman en contra de los presos comunes, por lo cual piden el cese de las mismas y agregan solicitudes para mejorar las condiciones del centro penitenciario.
Los presos que firmaron este documento denuncian el sometimiento y la tortura en los calabozos y centro de detención, además hacen mención de la ausencia absoluta de la defensoría del pueblo y organizaciones de derechos humanos en todas las fases de los procesos.
Es importante señalar que en estos centros y calabozos no existen servicios de agua o luz, además de las condiciones mínimas alimentarias, siendo esta una situación que conocen las autoridades.
“Denunciamos la violación al debido proceso, nuestros derechos humanos y civiles, además del el retardo procesal y el acorralamiento de aceptar delitos que no nos corresponden para que nos dejen de molestar”, reitera el documento.
Con respecto a las condiciones básicas como el agua y la comida, el documento señala que existe una red de extorsión que obliga a los reos a pagar por estos servicios y por la protección de la integridad física. También se confirma la ausencia de la atención médica.
Uno de los graves señalamientos que tiene el documento es que los abogados públicos obligan a los reos a declararse culpables y los privados tienen tarifas muy altas y no ofrecen grandes soluciones.
“Queremos denunciar que la mayoría de los supuestos defensores se convierten en extorsionadoras que junto con fiscales y jueces corruptos comparten el dinero que le roban a nuestras familias y esto nos dejan sin esperanzas de justicia, además que se viola nuestro derecho de presunción de inocencia”, señaló el documento.
La organización dentro de los calabozos es inexistente, por lo cual muchos de los reos están expuestos a convivir con personas con historial violento, por lo cual no se tiene revisión y prevención de daños a la integridad física de los presos.
Los niveles de extorsión cubren cualquier situación dentro de la cárcel, eso incluye el transporte de los reos para que vayan a los tribunales. “Denunciamos la ausencia absoluta de jueces y fiscales en los penales y de autoridades que velen por el cumplimiento y reconocimiento de nuestros derechos, también la ausencia absoluta de fiscalía de Derechos Humanos a la que la mayoría de nosotros no sabíamos que existía”, se señaló.
Las solicitudes a la crisis penitenciaria
Tras las denuncias señaladas por parte de los reos, la solicitud más grande es la mejora general de las condiciones generales de los centros penitenciarios, la limpieza de cualquier rastro de corrupción, extorsión y/o que no se obstaculice el buen proceso dentro de los tribunales.
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Te presentamos a continuación cuales son las solicitudes específicas de los presos comunes:
- Solicitamos con urgencia la presencia de organizaciones de Derechos Humanos en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad y en todas las fases del proceso judicial.
- Solicitamos un sistema funcional de denuncias al que familiares y privados puedan acceder a cualquier hora y en cualquier lugar y que tenga participación de organizaciones de Derechos Humanos.
- Solicitamos el cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se investiguen y sancionen legalmente los delitos contra los Derechos Humanos cometidos por las autoridades.
- Solicitamos el complimiento al debido proceso, a una solución inmediata y que se cumplan los derechos procesales y constitucionales en todas las fases del proceso judicial.
- Solicitamos solucionar el transporte en todos los lugares donde se encuentren privados de libertad y puedan ser transportados a tribunales o emergencias médicas.
- Solicitamos solución para nuestras visitas, porque actualmente solo dejan entrar visitas de mujeres, pero los niños o los varones de nuestras familias no los vemos hace años.
- Solicitamos atención médica urgente y humanizada en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, donde sean posibles tratamientos médicos, odontológicos, psiquiátricos, cirugías etc.
- Solicitamos la adecuación, reparación, construcción de todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad y que en todos estos lugares se aseguren los servicios básicos.
- Solicitamos que en cada lugar donde se tengan personas privadas de libertad tenga un cupo limitado que asegure condiciones humanas y que tengan todos y todas acceso a sus derechos y sus deberes y a donde denunciar cualquiera violación.
- Solicitamos el cumplimiento de la autoridad penitenciaria para que envíen nuestras redenciones a los tribunales y que los jueces nos actualicen en el tiempo que estipula el código orgánico penitenciario.
- Solicitamos asistencia inmediata a personas con problemas mentales, físicos, psiquiátricos y con alguna incapacidad al igual que a los mayores de 70 años.
- Solicitamos visitas periódicas en los penales de la fiscalía de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, pero que no vengan a tomar solo fotos, que vengan a procesar nuestras denuncias y solicitudes.
- Solicitamos la dotación de uniformes y de afeitadoras, ya que aquí nos exigen el uniforme y mantenernos rasurados, pero no nos dan los implementos y muchos no tenemos quien nos ayude.
- Solicitamos jornadas oftalmológicas y generales urgentes, ya que hay muchos de nosotros que estamos mal de salud.
- Solicitamos un pronunciamiento nacional sobre las redenciones: ¿valen o no valen?
- Solicitamos participar en el proceso de reforma judicial, que se conozcan nuestras experiencias para contribuir desde la práctica en esta reforma.
