(Fuente: ABC) El gobierno de Joe Biden insiste en mantener negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda conducir al arresto del dictador.
El coordinador de política de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, junto a otros funcionarios, fue quien coordinó el intercambio de un grupo de estadounidenses que estaban secuestrados en Venezuela por el empresario corrupto Alex Saab.
Con información de ABC de España
Antecedentes de otras negociaciones de Estados Unidos con Venezuela
Antes de la entrega de Saab, el gobierno de Biden también coordinó la liberación de los llamados narcosobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.
Ambos fueron arrestados en noviembre de 2015 en Haití por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y luego extraditados a Estados Unidos, donde fueron condenados a 18 años de prisión por haber planeado transportar 800 kilogramos de cocaína a EE UU. Biden los liberó y entregó a Maduro en octubre de 2022.
La Casa Blanca, en diversas ocasiones, ha alegado que el diálogo con la dictadura obedece a la necesidad de conseguir crudo barato o rebajar la presión migratoria, aunque la razón dada de forma más reiterada es la de lograr la liberación de los presos estadounidenses, algo que ya ha conseguido.
Esta política de Biden ha sido duramente criticada por los republicanos, pues durante la administración de Donald Trump se incluyó a los líderes del chavismo en el programa de Recompensas por la Justicia, como una estrategia de máxima presión para forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Además de Maduro, EE UU también ofrece 10 millones de dólares por pistas que den con el paradero de Diosdado Cabello, quien ha desempeñado varios roles importantes en el gobierno venezolano y otros 10 millones por información sobre Tarek el Aissami, exvicepresidente y ministro de Petroleo.
Todos están imputados por delitos relacionados con el narcotráfico y la conformación de grupos terroristas. Se les acusa de integrar el llamado cártel de los Soles, que planificó el envío de drogas a EE UU, de acuerdo con el diario ABC de España.
Según una acusación formal presentada en marzo de 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro colaboró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), calificadas por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, para negociar envíos de varias toneladas de cocaína producida y proveer armas de grado militar a esta misma guerrilla, y de coordinar asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala.
Además, se acusa a Maduro de cooperar con líderes de las FARC para entrenar a una milicia que funcionaba esencialmente como una unidad de fuerzas armadas para el cártel de los Soles.
Por este caso hay dos imputados en juicio. El primero en entregarse fue Clíver Alcalá, que fue general chavista, y reveló haber proporcionado dos lanzagranadas y 20 granadas a dos dirigentes de la guerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según ABC.
El otro preso por este caso es Hugo «el Pollo» Carvajal, extraditado de España a EE UU en junio de 2023.
Tanto por Alcalá como por Carvajal, el Departamento de Justicia de EE UU llegó a ofrecer 10 millones de dólares. También busca, aunque sin recompensa, a otros jerarcas de la dictadura chavista, como Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, o Vladimir Padrino, ministro de Defensa.
