(Fuente: EFE) El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, se reunió la tarde de este miércoles con el abogado José Vicente Haro, representante legal del abanderado opositor Edmundo González Urrutia.
El encuentro se dio luego de que el jurista denunciara que no pudo introducir un documento que explicaba las razones que llevaron a González Urrutia a no asistir a las tres citaciones emitidas por el Ministerio Público como parte de una investigación en su contra.
El abogado de González Urrutia salió de la Fiscalía General de la República casi tres horas después de haber ingresado a la sede. A través de Instagram, Saab dijo que recibió una «comunicación» de Haro, aunque no dio detalles sobre su contenido.
Más temprano, Haro denunció la violación del derecho a «la presunción de inocencia» del abanderado opositor, a quien «se le han precalificado delitos» con base en una investigación que «se anunció hace poco», y de «las garantías constitucionales del debido proceso», al no indicar «el carácter con el cual» fue citado.
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Asimismo, se señala la disposición de González Urrutia a participar, junto con representantes de la coalición y del chavismo, en una «verificación autónoma», con «expertos independientes», de los resultados de los comicios.
Con información de EFE
Carta del presidente electo Edmundo González Urrutia al fiscal Tarek William Saab
Me dirijo a usted con la finalidad de referirme a las citaciones que me ha enviado el Ministerio Público para que comparezca a una «entrevista» en una Representación Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Caracas, en relación con supuestos delitos que investiga, vinculados con la publicación y mantenimiento de una página web. En la última de las citaciones remitidas se advierte que, de no atender a este tercer llamado, se considerará que nos encontramos ante un peligro de fuga y ante un peligro de obstaculización, según los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se tramitaria una orden de aprehensión.
Quiero hacer mención a las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz.
De un lado, sobre la falta de fundamento, la Plataforma Unitaria Democrática, en la declaración que le adjunto, ha aclarado que no era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación. En todo caso, considero que no se han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que el sistema y la normativa electoral de Venezuela contemplan como una de sus garantias de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a testigos acreditados en las mesas de votación.
De otro lado, estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar. En este sentido, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado que me condenan por anticipado y, como digo, sin fundamento. Junto a ello, considero que las referidas acciones no hacen sino incrementar el riesgo de la alteración del orden público, de la puesta en peligro de la seguridad personal y del quiebre de la convivencia pacífica que todos deseamos preservar.
Mi proceder se guía en todo momento por el respeto de la legalidad, en coherencia con mi trayectoria de servicio público a la nación, a la que he dedicado cuarenta de mis setenta y cinco años de vida. Con esa voluntad he actuado en relación con los comicios del pasado 28 de julio reclamando la verificación de las actas de escrutinio de las mesas.
En definitiva, ciudadano Fiscal General, interesa al país que ensanchemos el campo de la política democrática, no que lo estrechemos mediante la judicialización penal de un asunto en el protagonismo lo tuvo y lo tiene el pueblo venezolano y debe sustanciarse en ese ámbito
