(Fuente: Infobae) El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, ha expresado una gran preocupación por las recientes medidas legislativas impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro, especialmente la ley Anti-ONG, que podría dejar ilegales a numerosas organizaciones civiles, además de subrayar la importancia de la intervención del gobierno de Javier Milei.
Gómez sostuvo una entrevista con Infobae, en la que muestra su preocupación por la situación que se está desarrollando en Venezuela:
– Esta semana se dio a conocer el último informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre DDHH que denuncia las flagrantes violaciones del régimen de Maduro. ¿Cómo ve el papel de la sociedad civil considerando el riesgo que enfrentan ahora?
-Nos parece bien interesante que los países tengan monitoreo sobre Venezuela. Definitivamente hay cosas nuevas. Uno es el cerco legal hacia la sociedad civil. Hay una batería de leyes en contra de la sociedad civil que están siendo presentadas por el gobierno de Maduro. Ya están aprobadas en primera discusión. Una es la Ley de Fiscalización de las organizaciones. Elimina a todas las organizaciones civiles, las deja ilegales. Pueden ser organizaciones que trabajen por por la cultura, por el deporte, por asuntos religiosos. Cambia el modelo de contrato social que había en Venezuela. Ahora sería autorizar que tú tienes que hacer varios registros y después recibir un reconocimiento de la Vicepresidencia de la República. Imagínate eso para una organización de derechos humanos, de víctimas, de comunicadores, eso sería un desastre. Y luego las penas son altísimas, son muy complejas. Incluso comprometen el patrimonio de la gente que forma parte de las directivas de las asociaciones, como si fuese una empresa. Obligan a tener que hacer declaraciones juradas como si fuese un funcionario público. Verdaderamente acabaría con toda la sociedad civil organizada.
El otro proyecto es el de la Ley Antifascismo. Es insólita porque si bien tiene un enunciado bellísimo de luchar contra el racismo, el clasismo, etcétera, luego se va complicando y va desarrollando que en realidad cualquiera que opine en Venezuela o tenga algún tipo de expresión, escribe un tuit que ellos puedan considerar que no es relacionado con los fines del Estado, lo pueden considerar fascista. Entonces es una tremenda amenaza para todo el ejercicio de la libertad de expresión. Estas dos leyes, complican todo el panorama electoral y lo que uno puede esperar después del 28 de julio.
– ¿Qué cree que hará el régimen ahora que Edmundo González Urrutia fue designado como candidato de la oposición? Teniendo en cuenta otras medidas que ha tomado con otras figuras, como María Corina Machado
-Nosotros tenemos mucha esperanza de que la sociedad civil por fin pueda encontrar algún tipo de persona que sea más o menos neutra para el Estado y que pueda representar un gobierno de concordia o alguna salida cercana a las aspiraciones de la ciudadanía. Pero como tú dices, esas esperanzas de cualquier persona emergente que tenga alguna trayectoria destacada y que pueda unir a todas las distintas los distintos intereses de la sociedad civil parece que están bastante lejanas. También algo que se está registrando en Venezuela es el tiempo que hay entre las elecciones y el periodo de toma de posesión efectivo. Siempre era de diciembre a enero y ahora va a ser desde julio a enero. En todo ese periodo nosotros tememos qué pueda pasar. Definitivamente han perseguido a distintas personas que de alguna manera pueden llevar una voz crítica, que son disidentes o que representan a estos partidos alternos. De hecho, varios de los colaboradores cercanos de María Corina Machado están presos y algunos están refugiados en la Embajada de Argentina esperando el salvoconducto. Entonces tenemos grandes temores, no tenemos un mapeo claro de qué puede pasar, porque eso está en la mente de quienes han buscado la represión como una forma de gobernar, de ejercer el poder. Y nosotros a lo que aspiramos es que exista un diálogo constructivo, una presión internacional, una veeduría.
– Y teniendo en cuenta que los sondeos muestran que los venezolanos quieren una opción que no sea Maduro en estas elecciones, básicamente cualquier candidato que sea apoyado por la oposición y por María Corina Machado, ¿cree que el chavismo va a buscar alguna otra alternativa?
-No parecería que estos gobiernos personalistas tengan alguna vocación de cambio. Si Edmundo va a ser un candidato de la oposición, la única forma de que pueda ocurrir es que exista alguna especie de acuerdo de convivencia, de transición. Porque la vocación de voto es muy grande. Lo que a nosotros nos angustia es que este juego distrae de los verdaderos problemas del país; queda mucho que recorrer en ese camino. Porque la separación de poderes es fundamental. El drama de Venezuela podría empezar a resolverse con las elecciones presidenciales, pero hay un largo camino para separar de los intereses partidistas a todos los poderes. El que sea presidente se va a tener que enfrentar con una Asamblea Nacional, una Contraloría, Tribunal Supremo, y allí todos piensan de la misma manera y todos siguen una misma línea partidista. Ese cóctel de hegemonía completa en el ejercicio del poder no es solución de los asuntos de justicia a nivel interno, y lleva a que muchas víctimas acudan a los organismos internacionales.
– ¿Como el Consejo de Derechos Humanos?
-Hay una instancia del Consejo de Derechos Humanos que se llama la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que ha sido fundamental en establecer la verdad y la memoria de todos los casos que se han registrado desde 2014 hacia acá: violaciones graves, crímenes de lesa humanidad. Ellos han venido describiendo los patrones y con sus informes han estado logrando que se prevengan violaciones masivas, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se registran de forma sistemática. Y hay un peligro grande de que esa misión termine su mandato este año, porque tienen unos ciclos y la única forma de renovarla es con la participación activa de los Estados.
