La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente este martes autorización para una visita a Venezuela en el último trimestre de 2025, con el objetivo explícito de inspeccionar las condiciones inhumanas en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I, conocido como El Helicoide, epicentro de denuncias por torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias. Esta petición, que incluye a presos por delitos comunes y políticos, llega en un momento crítico, con al menos 13 opositores en aislamiento prolongado y limitaciones a la paquetería (comida, ropa e higiene), configurando un patrón de represión sistemática del régimen de Nicolás Maduro que la ONU califica como crímenes de lesa humanidad.
La CIDH enfatizó en un comunicado: “En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”.
La visita busca observar de primera mano la situación de derechos humanos, especialmente en El Helicoide, donde familiares denuncian traslados arbitrarios sin notificación, como los de los hermanos Rolando, Otoniel y Juan Guevara, condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson; Freddy Superlano y Roland Carreño de Voluntad Popular; y recientemente el activista Jeancarlos Rivas. María Beatriz Martínez, de Primero Justicia, elevó a 15 el número de trasladados, alertando sobre restricciones a la comunicación y alimentos en Yare II, adonde fueron enviados.
El Foro Penal y el Instituto Casla denuncian estos movimientos sin órdenes judiciales, violando derechos fundamentales, mientras Alfredo Romero, director de Foro Penal, advierte que agravan la indefensión de los presos políticos. La CIDH reafirmó su “indeclinable compromiso” con las víctimas y su competencia para monitorear, tramitar peticiones y dictar medidas cautelares, respaldada por la decisión de la Corte Interamericana en el caso Chirinos Salamanca del 21 de agosto de 2025, que invalidó la denuncia venezolana a la Convención Americana de 2012 por no ser en contexto democrático. La ratificación de 2019 por la Asamblea Nacional mantiene las obligaciones internacionales de Venezuela.
El Helicoide, construido originalmente como centro comercial, se convirtió en un infierno para disidentes desde 2014, con denuncias de la ONU y Amnistía por torturas, aislamiento y negación de atención médica.
