(Fuente: El Nacional) La organización no gubernamental (ONG) venezolana Control Ciudadano ha afirmado que el régimen de Nicolás Maduro ejerce políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tras denunciar «irregularidades y violaciones del debido proceso.
«El comunicado claramente indica que el gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I», señaló la organización en una nota de prensa.
El régimen de Maduro ha presentado un documento ante la corte que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI. Incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados» de esa instancia con ONG que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto».
El documento escrito por el régimen insiste en «desmentir todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».
Con información de El Nacional
La visión de Control Ciudadano
A juicio de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con este tipo de comunicados «no se fortalece el criterio de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano».
«Por el contrario, este tipo de escritos, ponen en evidencia que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción sobre los casos sometidos a su examen. Dado que el Estado venezolano parte de la negación de que estos han ocurrido», añadió.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación. Esta comenzó en 2021 después de que, en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.
