Las organizaciones no gubernamentales Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunciaron este sábado nuevas y graves violaciones a los derechos humanos de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, señalando falta de atención médica, hostigamiento a familiares, suspensión arbitraria de visitas y retrasos judiciales sistemáticos.
Según informó JEP a través de su cuenta en la red social X, más de 80 presos políticos se encuentran en estado crítico de salud sin recibir atención médica adecuada, a pesar de que familiares y abogados han introducido solicitudes legales en reiteradas ocasiones.
“Pese a las múltiples solicitudes legales introducidas, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad”, denunció la organización.
Caso Rocío San Miguel: fractura sin atención desde hace siete meses
Uno de los casos más alarmantes es el de la defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue detenida en febrero de 2024 y continúa recluida sin atención médica especializada, pese a sufrir una fractura en el hombro que no ha sido tratada desde hace más de siete meses.
La ONG advirtió que su situación representa una grave violación de sus derechos humanos y pone en riesgo su salud física y emocional, generando posibles secuelas irreversibles.
La coordinadora general de JEP, Martha Tineo, declaró a la agencia EFE que su audiencia judicial ha sido diferida por cuarta vez, esta vez por «falta de traslado» al tribunal, y fue reprogramada para el próximo 26 de mayo.
Clippve denuncia suspensión arbitraria de visitas en Rodeo I
Simultáneamente, la ONG Clippve denunció la suspensión arbitraria de visitas familiares en la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, tras una manifestación pacífica de fe realizada por familiares de los detenidos el domingo anterior.
“A los presos políticos se les impidió el único contacto y visita semanal permitida: ver a sus familiares a través de un vidrio durante apenas 15 minutos”, informó Clippve en un comunicado.
Funcionarios del penal justificaron la suspensión alegando supuesta “incitación al odio” derivada de la jornada religiosa en la que los familiares rezaron públicamente por la libertad de sus seres queridos. Clippve denunció que durante el acto hubo presencia de efectivos encubiertos de cuerpos policiales, lo cual considera un acto de intimidación y persecución.
Escalada de represión e invisibilización
Clippve exigió el cese inmediato del hostigamiento y la restitución de las visitas familiares, al tiempo que reiteró su llamado a la liberación plena de todos los presos políticos, encarcelados —según la organización— únicamente por razones de conciencia.
Actualmente, el Foro Penal Venezolano contabiliza 890 presos políticos en el país, de los cuales cinco son adolescentes, y varias decenas presentan condiciones de salud delicadas sin acceso a tratamientos médicos, violando el derecho internacional humanitario y los principios fundamentales del debido proceso.
