(Fuente: EFE / Alberto News) El Gobierno de Ecuador ha anunciado que solicitará al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas evaluar la situación de Venezuela en su próxima sesión por el incremento de tensiones que podrían convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional.

Gabriela Sommerfield, canciller del país sudamericano, afirmó que el Consejo de Seguridad podrá recibir información sobre la evolución de la crisis y cumplir su función de prevención de conflictos.

Sommerfeld señaló que, «sin duda alguna, la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas debe ser escuchada y respetada, eso es democracia».

Con información de EFE

Sommerfeld publicó ese mensaje desde Israel, donde este martes inició una visita con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua, para lo que mantendrá reuniones con altas autoridades, encuentros académicos y acercamientos con empresarios.

Más temprano, en otro comunicado, el Gobierno de Ecuador rechazó «enérgicamente» la orden de detención dictada por la Justicia venezolana, a pedido de la Fiscalía, contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato presidencial del mayor bloque antichavista en las elecciones del 28 de julio.

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La Administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa consideró que «los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso».

«Ecuador condena la deplorable decisión de la Fiscalía venezolana y se une a la comunidad internacional en el llamado a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad, la libertad y la vida de Edmundo González Urrutia», concluyó la Cancillería ecuatoriana.

El Ministerio Público solicitó la detención de González Urrutia luego de que este no atendiera las tres citaciones hechas, en las que esperaban rindiera declaraciones en el marco de una investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude que hizo sobre las presidenciales.

La Fiscalía venezolana imputa a González Urrutia los delitos «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)».

La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado «el 83,5 % de las actas electorales» recabadas por testigos y miembros de mesa para reforzar su alegato, según el cual González Urrutia ganó los comicios por amplio margen.

La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de «falsas», después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios al presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, de los cuales algunos respaldan que González Urrutia ganó la Presidencia.

La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea (UE), reclama al Gobierno venezolano que publique las actas para reconocer a Maduro como ganador, salvo excepciones como Cuba y Nicaragua