Oficiales de Estados Unidos involucrados en la expansión de las operaciones del presidente Donald Trump en América Latina deben firmar acuerdos de no divulgación.
Este hecho se dio a conocer a través de las revelaciones de tres funcionarios de Estados Unidos a la agencia de información Reuters.
Este procedimiento es una medida considerada como «altamente inusual», tomando en consideración que los oficiales militares ya están obligados a proteger los secretos de seguridad nacional de su país ante la vista del público.
La decisión de la Gobierno del presidente Donald Trump se conoce cuando los legisladores en el Congreso aseguran que la ofensiva militar está siendo desarrollada al margen de los aspectos clave de la misión.
Estos testimonios bajo condición de anonimato no sabían a cuántos miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos se les había pedido que firmaran los acuerdos y no dieron más detalles sobre su alcance.
Los acuerdos de confidencialidad han sido usados con cierta regularidad desde que Pete Hegseth asumió el cargo como el secretario de Guerra en enero de este año, pero no existe información que estos acuerdos de confidencialidad específicos para actividades en América Latina.
Con información de NTN24
El Pentágono anunció la semana pasada el despliegue del grupo de portaaviones Gerald Ford en América Latina, lo que supone una escalada militar que, según los expertos, supera con creces cualquier necesidad de operaciones antinarcóticos, el objetivo declarado del Gobierno Trump hasta el momento.
Desde inicios de septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 13 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, la mayoría en el Caribe, en los que han muerto unas 57 personas.
El Pentágono ha proporcionado pocos detalles sobre las personas atacadas, pero ha reconocido que entre ellas ha abatido a venezolanos, colombianos y ecuatorianos.
El grupo de ataque del portaaviones añade otros 10.000 soldados y una enorme potencia de fuego a un dispositivo que ya incluye destructores de misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y unos 6.500 soldados.
Hegseth, cabe resaltar, ha tomado una serie de medidas para intentar controlar el flujo de información desde que se hizo cargo del Pentágono en enero y dijo al personal que deben obtener permiso antes de interactuar con los miembros del Congreso, según un memorando del 15 de octubre.
También ha puesto en marcha investigaciones sobre filtraciones y ha exigido a los periodistas del Pentágono que firmen una nueva política de acceso a la prensa, dejando claro que le retirará las credenciales a quienes no lo hagan.
La crisis entre Estados Unidos y el vecino de Venezuela, Colombia, también se ha acrecentado en los últimos días, con Trump acusando al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser un «líder ilegal de la droga» y un «mal tipo», un lenguaje que el Gobierno Petro dice que es ofensivo y Washington le incluyó el viernes en la lista Clinton.
