(Fuente: El Nacional) La semana pasada las ONG Foro Penal, Provea y Civilis realizaron una asesoría jurídica a los familiares de los presos políticos, ciudadanos detenidos durante las protestas post elección presidencial.
El miedo entre los ciudadanos, e incluso entre periodistas, se podía sentir en la sala, una reacción comprensible ante la fuerte ola de represión que ha realizado el régimen de Nicolás Maduro contra todos los sectores de la sociedad civil.
La cautela es sana, pero las ONS Provea, Foro Penal y Civilis aseguran que lo más importante es el apoyo que se pueden dar las familiares de los detenidos en estos momentos. «En estos momentos de represión es valiente reunirnos, además de necesario. Cada uno por su cuenta no va a poder exigir nuestros derechos, algo para lo que necesitamos organizarnos», aseguró Liseth González, miembro de Provea.
Con información de El Nacional
Desde las organizaciones ofrecen asesoría legal completamente gratuita a aquellos que lo necesiten. Los familiares de los detenidos en las protestas pueden denunciar su situación con el número de cédula del privado de libertad al número de contacto publicado en las redes sociales de Foro Penal. Desde allí se les brinda información de cómo es el proceso penal venezolano para adultos y adolescentes. También se les asesora sobre los pasos que se deben seguir para que no se violen sus derechos.
Proceso penal venezolano para adultos
El proceso penal venezolano inicia tras la detención de una persona. En este caso, a la mayoría de los detenidos se le imputan de una vez los cargos por delitos asociados con terrorismo e incitación al odio. Seguidamente, se le asigna un defensor público que será el encargado de llevar su caso. En el país, actualmente, no se les permite a los detenidos ni a sus familiares la designación de un defensor privado. Para conocer qué defensor público se le asignó al detenido los familiares deben acudir a la Defensoría Pública en Bellas Artes, Avenida Morelos, con el número de cédula de su familiar y preguntar por su caso.
Tras la detención y asignación correspondiente del abogado público, el caso entra en una etapa de investigación que dura 45 días. En esta etapa los familiares, junto con su defensor, deben presentar pruebas, cartas de buena conducta, testigos y hasta videos que corroboren la inocencia del acusado. Se deben realizar todas las diligencias posibles para desvirtuar la acusación en contra del detenido y evitar que la fiscalía presente pruebas de la presunta culpabilidad del acusado para promover una condena.
Después de la investigación se da el acto acusativo: el tribunal tiene un lapso de no menos de 15 días para fijar una audiencia preliminar donde se va a determinar el paso del expediente a un juicio. Se tarda aproximadamente de 5 a 10 días que un juez determine si el expediente del detenido irá a juicio.
Es muy importante que en el archivo fiscal no se encuentren elementos suficientes para acusar al detenido así como también que los familiares hablen con el defensor público que lleva el caso. Solo el defensor público tiene acceso a la información sobre los delitos y la fiscalía que lleva el caso. Es, además, el encargado de llevar las pruebas y medios probatorios de la inocencia del acusado.
Defensa pública para todos
A pesar de que el defensor público es el encargado de proporcionar información a los familiares, algunos de los presentes en la asesoría pública intervienen para comentar que no siempre les dieron la información necesaria. Entre ellos estuvo Sol Ocaris, de 53 años de edad, quien viajó desde el estado Anzoátegui para buscar información sobre su hermano detenido, Eduard Ocaris.
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“Se me ha volteado la vida por completo. Mi hermano fue casi secuestrado en su apartamento. Los defensores públicos son unos muñequitos de torta. Cómo es posible que me digan que no saben dónde está mi hermano. Busqué a mi hermano por todos lados, hasta el Sebin fui a parar y allí me dijeron que estaba en Tocuyito. Tengo más de una semana sin saber de él. Pregunté si lo tienen con la población común y me dijeron que estaba bien, con agua, ducha y baños. Le exigí que me indiquen los pasos a seguir para tener una defensa privada porque yo no creo en los defensores públicos. Me dijeron que me consiguiera un abogado privado, él debe hacer un escrito que el abogado sabe cuál es y si el detenido firma, ese será su abogado”.
El defensor, ya sea uno privado asignado por medio de una carta de designación firmada por el detenido o uno público, debe dar información, revisar los centros de detención y ver las condiciones en las que están sus clientes. Dado el alto número de detenidos, algunos defensores públicos están poniendo horario de atención por lo que en el Foro Penal aseguran que es importante pedir un número de contacto para estar al tanto del caso.
Antes de pasar al siguiente punto, los moderadores desmintieron que se haya condenado a alguno de los detenidos. Pidieron a los familiares ir pensando en tres posibles personas que quieran ser fiadores porque es posible que se dé la libertad por medio de esta figura.
“En caso de que eso se dé, que todavía no se ha dado, los fiadores no tienen que poner dinero. Eso no funciona así, son personas que deben cumplir con una serie de requisitos que varía de tribunal a tribunal y garantizan que esa persona va a seguir el proceso que se le está dando. Los fiadores se aseguran de que el detenido va a cumplir con las audiencias o las condiciones de su libertad. Es bueno ir adelantando tres personas que puedan ser fiadores en caso de que se dé esa posibilidad con una constancia de ingreso y de residencia”, explicó Alfredo Romero. Insistió en que todas las acciones posibles por parte de los familiares se deben realizar. Lo peor es no hacer nada.
Proceso penal para adolescentes
Antes de explicar el proceso penal para los adolescentes detenidos en las protestas de Venezuela, toma la palabra Leticia Torrealba, cuyo hijo, Adrián González, está detenido desde el 29 de julio. Al igual que muchas madres, Torrealba no había recibido información de su hijo. La semana pasada recibió un mensaje de texto donde se le informaba que podía visitarlo el día jueves. Se encontró con la mamá de otro de los detenidos que le informó que hubo visita el martes. Nadie le informó.
“El día de su detención salió con sus compañeritos a caminar y lo abordaron los guardias. En Zona 7 duró ocho días, lo pude ver, estaba tranquilo. Cuando finalmente me dejaron verlo me dijo: ‘mamá quiero que me saquen de aquí, me siento mal. No tengo para respirar, duermo en malas condiciones, no hay ventilación”, reveló. Torrealba describió a su hijo como un niño muy tranquilo, estudioso y colaborador en la casa. “Tiene apenas 16 años, esto es angustiante. No le deseo esto a nadie. Uno se siente muy quebrantable. Solo quiero que esto termine y sentir que es un sueño que está pasando”.
