Un reportaje investigativo del medio InSight Crime ha señalado el camino de cómo la organización guerrillero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha creado un «estado paralelo» bajo la mirada y apoyo del régimen de Nicolás Maduro, exponiendo la verdad de que los diálogos de paz no han tenido verdadero éxito.
El ELN ha ampliado sus finanzas, su control territorial y su influencia política a los largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Las conclusiones del medio de comunicación sugieren que el ELN no es un movimiento rebelde colombiano interesado en negociar el fin de la lucha armada, sino un actor que ha trascendido con poderosos incentivos para preservar el status quo. El ELN ha entrado en lo que los investigadores describen como su fase más fuerte y expansiva.
Los ingresos provenientes de la cocaína, el oro, la extorsión y el comercio transfronterizo —y con un aumento del reclutamiento en Venezuela— han ayudado al grupo a dominar las grandes extensiones de los 2,219 kilómetros de frontera.
El proceso de paz impulsado por el presidente de Colombia estaba condenado, argumentan los autores, no porque las conversaciones se rompieran, sino porque la guerrilla entró a negociar desde una posición de fuerza histórica.
“¿Qué grupo rebelde ha firmado alguna vez un acuerdo político mientras se encuentra en expansión y la opción militar le permite seguir creciendo?”, pregunta el informe. “Petro se sentó con un ELN más fuerte que nunca en su historia —y con una enorme ventaja estratégica: Venezuela y el apoyo del régimen de Maduro”. Un punto de inflexión en la región fronteriza de Catatumbo.
Con información de InSight Crime
La investigación destaca una escalada decisiva en enero de 2025 en el Catatumbo, una región a lo largo de la frontera nororiental de Colombia, considerada desde hace tiempo como una de las zonas productoras de cocaína más importantes del mundo. Según el informe, hasta 200 combatientes del ELN cruzaron desde Venezuela para lanzar un asalto coordinado contra disidencias de las FARC, matando a más de 100 personas y desplazando a unas 50,000.
El ataque puso fin a los diálogos de paz de Petro. La importancia del Catatumbo es tanto económica como estratégica. La región alberga unas 55,000 hectáreas de coca, que podrían generar aproximadamente $600 millones anuales a nivel de cultivo y hasta $10,000 millones una vez exportadas, según el informe. Controlar el área da al ELN acceso a un motor financiero capaz de sostener sus operaciones indefinidamente.
El grupo ha pasado de cobrar impuestos a la producción de coca a operar directamente laboratorios, gestionar corredores de tráfico y coordinar exportaciones a través de redes financieras ilícitas. Esa integración vertical coloca ahora a la insurgencia a la par de carteles de drogas medianos en términos de ingresos y alcance operativo, concluyen los investigadores. Una alianza mutuamente beneficiosa con Caracas InSight Crime sostiene que la consolidación del ELN en Venezuela no habría sido posible sin el apoyo o la aquiescencia de funcionarios venezolanos de alto rango.
El informe describe una relación simbiótica basada en afinidad ideológica, reparto de beneficios e intereses de seguridad compartidos. Lo que comenzó como un santuario frente a la presión militar colombiana, afirman los investigadores, ha evolucionado hacia un entramado político y económico. Oficiales y funcionarios venezolanos presuntamente se benefician de ingresos vinculados al contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico, creando poderosos incentivos para mantener —y profundizar— la cooperación con el ELN.
El informe caracteriza a Venezuela como un “Estado criminal híbrido”, donde los ingresos ilícitos funcionan como herramientas de gobierno y lealtad. En ese entorno, el ELN actúa como una fuerza de seguridad subcontratada, controlando rutas de contrabando, imponiendo orden en comunidades remotas y sirviendo como un colchón frente a una eventual intervención extranjera de Estados Unidos, país considerado por Caracas como su enemigo natural. El grupo también se ha convertido en un componente de la estrategia defensiva de Venezuela, argumentan los autores.
En caso de una acción militar externa —incluida la de Colombia o Estados Unidos—, el ELN podría movilizar a miles de combatientes a través de un terreno que históricamente ha favorecido la guerra insurgente. Una autoridad paralela a lo largo de la frontera En estados venezolanos como Apure y Táchira, el ELN opera como un gobierno de facto, según la investigación.
El grupo impone toques de queda, regula el comercio y el transporte, maneja sistemas judiciales informales y cobra impuestos, incluyendo un 5% de los contratos públicos en algunos municipios. La organización media disputas, distribuye alimentos y paga salarios en regiones donde las instituciones estatales han colapsado. Décadas de crisis económica han convertido al ELN en una fuente de estabilidad para algunas comunidades.
Con un 86% de los venezolanos viviendo en condición de pobreza, unirse a la guerrilla puede ofrecer ingresos y protección. Se cree que casi el 40% de los combatientes del ELN que operan en el Catatumbo son ahora ciudadanos venezolanos, un cambio demográfico que podría profundizar el arraigo del grupo y complicar cualquier negociación futura. El informe concluye que la iniciativa de “Paz Total” de Colombia subestimó cuánto se ha transformado el ELN. Cualquier acuerdo requeriría que la organización renunciara a autoridad territorial, ingresos criminales y poder político —concesiones para las que tiene pocos incentivos. Petro negoció con un movimiento que ya no se considera colombiano ni primordialmente revolucionario, afirma la investigación.
Funciona como una autoridad territorial con acceso a mercados ilícitos lucrativos y refugio estatal. La desmovilización significaría renunciar al poder, no intercambiarlo por participación política. “Colombia necesita entender que el ELN ya no es solo un grupo guerrillero colombiano; ahora es una organización binacional. Esto significa que, para desmantelarlo, debe haber acción decidida de ambos lados de la frontera, algo que no ocurrirá hasta que Maduro deje el poder”, dijo a InSight Crime Julio Borges, político opositor y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Participación de EEUU y riesgo de escalada El informe también advierte que las acciones recientes de Estados Unidos —que incluyen despliegues navales y ataques a embarcaciones presuntamente involucradas en narcotráfico— podrían alimentar la inestabilidad en la región. Washington ha presentado cada vez más al ELN como una amenaza comparable a grupos como Al Qaeda o ISIS, lenguaje que podría justificar un compromiso militar más directo.
La desaparición del régimen de Maduro no necesariamente haría desaparecer la presencia del ELN en Venezuela, advierte la investigación. Por el contrario, la fragmentación interna en las fuerzas armadas de Venezuela y la dependencia continuada de rentas ilícitas podrían alimentar la competencia por territorio e ingresos. Una administración post-Maduro podría heredar una frontera militarizada, instituciones de seguridad corruptas y comunidades dependientes del control guerrillero.
Diplomáticos entrevistados advierten que incluso una apertura democrática podría desencadenar un nuevo conflicto si el ELN busca defender sus enclaves territoriales. El informe concluye que el ELN está en posición de perdurar independientemente de las transiciones políticas.
