(Fuente: El Tiempo) Los venezolanos en el exterior se encuentran en un limbo consular, esto por el cierre de las sedes administrativas y diplomáticas que ha aplicado el régimen de Nicolás Maduro en reacción al desconocimiento de los países sobre el resultado de la elección presidencial.
Desde la renovación del pasaporte, sacar la visa para el cónyuge extranjero, conseguir el certificado de defunción de los padres, hasta obtener certificados para cobrar las pensiones, son tan solo el principal manojo de trámites que los venezolanos no pueden obtener en los países donde la representación de Venezuela ha sido removida.
Hoy en día, esas preocupaciones se multiplican en países como Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana, los que, con el posterior apoyo de Chile, exigieron la publicación de las actas electorales y se negaron a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, según el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En respuesta, la cancillería venezolana decidió retirar el personal diplomático en estos países, y exigió a esos gobiernos hacer lo mismo con sus representantes en territorio venezolano.
Con información de El Tiempo
Aunque la medida solo significa una “interrupción temporal” de relaciones diplomáticas y consulares, este quiebre deja a miles de venezolanos migrantes en incertidumbre y desprotección jurídica.
Este escenario adquiere relevancia de cara a la posibilidad de una nueva ola migratoria que podría aumentar la cifra de desplazados en el mundo a 10 millones. Además, tiene un gran impacto para quienes ya están en el exterior.
Algunos países han implementado procesos masivos de regularización para garantizar que los migrantes tengan los documentos necesarios y puedan ejercer sus derechos. Pero estos esfuerzos requieren un respaldo financiero sólido, asegura Acnur.
Un licenciado en estudios liberales que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad –como varios de los expertos consultados en Venezuela tras la ola represiva poselectoral– explicó que la crisis migratoria ha llegado a un punto crítico. “Cualquier persona venezolana que salga de forma ilegal y tenga pasaporte facilita algunas cosas, pero ahora va a haber una ola de migración sin pasaporte. No todos los que migran pueden pagar los 200 dólares que cuesta, lo que deja a muchos sin esta documentación básica”, dijo.
El experto señaló que todo venezolano que salga de esta manera se considera una persona con necesidad de protección internacional, ya que carece de documentos que demuestren su identidad. Además, muchos salen por razones que podrían justificar una condición de refugiado y así se convierten en un problema inmediato para los países de acogida.
“Ahí entran mecanismos, ya sea a través de las Naciones Unidas o muchas otras, para tratar de regularizar a los migrantes a través del Estado. Pero esa es la verdadera crisis migratoria que tienen los países con Venezuela desde hace tantos años. El sistema no da abasto para la cantidad de solicitudes de apoyo consular o migratorio que reciben. Estos apoyos pueden ir desde ser reconocidos como ciudadanos hasta simplemente entender que no tienen pasaporte, pero sí su cédula y otros papeles. Cada caso es tan particular que el Estado receptor muchas veces no tiene la capacidad de apoyarlos adecuadamente”, comentó.
¿Cuál es el impacto en contra de los veneozlanos?
Un internacionalista y experto en migración y refugiados, que prefirió resguardar su identidad, indicó que, a largo plazo, “las relaciones consulares nunca son lineales y están sujetas a cambios constantes según los condicionantes sociopolíticos del momento. Para los ciudadanos puede ser engorroso, pero estas fluctuaciones generan movimientos constantes en el estatus de las relaciones”.
En cuanto a los trámites de ciudadanía, residencia o asistencia legal, señaló que, si bien es posible que persistan dificultades administrativas, existe un marco internacional que puede servir para facilitar ciertos trámites.
Si bien podrían mantenerse obstáculos en términos de eficiencia administrativa, es probable que, en paralelo con las tensiones políticas y diplomáticas, se desarrollen mecanismos de flexibilización que permitan a los ciudadanos acceder a trámites consulares aun en contextos adversos, concluyó.
Sin embargo, desde Venezuela, los trámites se hacen más complejos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció el 25 de septiembre que “los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados podrán dirigirse a nuestra sede principal en Caracas para retirar el documento”.
Pero dos días después, el régimen venezolano envió una notificación oficial a las aerolíneas en la que especifica que “los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente en el momento del viaje, y en caso contrario deberán solicitar un “Documento de Viaje” ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque».
La medida implica que no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aun estando vigente, y que aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad deben presentar de igual manera el pasaporte venezolano vigente. Si el pasaporte está vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo el pasaporte de su otra nacionalidad vigente, a pesar de que se trata de una decisión contraria al artículo 50 de la Constitución: “Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna”.
