(Fuente: El Mundo de España / Alberto News) El Foro Penal, tras semanas de registro y calificación de los detenidos, ha confirmado que en Venezuela existen 1.674 presos políticos, una cifra que supera por mucho el registro antes de la elección presidencial, el cual era 305.
«(La denominación) presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo, de 48 horas», precisó el Foro Penal. «Es el mayor número de presos con fines políticos conocidos en Venezuela, al menos durante el siglo XXI», certificó la organización que vela por estos presos.
Entre los 1.674 presos políticos, destacan 107 adolescentes y 216 mujeres, pero en total a todos se les acusa de terrorismo, instigación a la violencia y crímenes de odio, solo por participar en las protestas que estaban en contra en del fraude electoral impuesto por el régimen de Nicolás Maduro o por ser parte de los ciudadanos que protegieron el voto que conformaban a los Comanditos.
Con información de El Mundo de España
El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) cuantificó 915 protestas entre el 29 y 30 de julio, cuando las caceroladas mañaneras pasaron de las viviendas a las calles. Dos jornadas en las que los barrios populares de Caracas y las zonas más deprimidas de la Venezuela profunda exigieron que se respetara la soberanía popular ejercida horas antes. La represión salvaje de colectivos paramilitares, guardias nacionales bolivarianos y policías acabó con la vida de 25 personas.
La inmensa mayoría son civiles (1.519) y sólo 155 pertenecen a las Fuerzas Armadas, cuando antes de las elecciones esas cifras eran parejas. Estos datos han sido certificados por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Activista de derechos humanos
Durante la campaña electoral, los agentes de Maduro detuvieron al empresario hispanovenezolano Ricardo Albacete, de 71 años, con lo que cifra de españoles con doble nacionalidad se amplió entonces hasta ocho. Los activistas de derechos humanos han contabilizado al menos 40 nuevos presos que poseen una segunda nacionalidad europea, datos que todavía están en proceso.
El grupo de españoles, junto a Albacete, lo conforman la activista Rocío San Miguel, figura emblemática de la sociedad civil venezolana; María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde hace cinco años de forma injusta por ser hermana de un oficial militar al que se acusa de conspiración; Ángela Expósito, condenada por el supuesto atentado de los drones contra Maduro de 2018 y Karen Hernández, acusada de formar parte de la Operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020.
Los cuatro hombres son el comerciante Jorge Alayeto, encarcelado desde 2017; el estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, el capitán que liberó a Leopoldo López; el ex militar Alejandro González, ex esposo de San Miguel y el propio Albacete.
Todo apunta a que la cifra de presos se ampliará en los próximos días, no sólo porque los agentes de la revolución no han cesado en la caza y captura de dirigentes opositores y de ciudadanos que participaron en el hito histórico del 28J, sino también por la ralentización que supone el proceso arbitrario que siguen las autoridades (detenciones sin órdenes judiciales, expedientes invisibles, juicios sumarios por teleconferencia) y el uso de distintas cárceles habilitadas para la ocasión, incluso Tocorón y Tocuyito, que estaban cerradas en buena parte.
«La respuesta gubernamental se ha centrado en la represión a las manifestaciones de descontento mediante el uso desproporcionado de la fuerza, la abierta actuación coordinada entre fuerzas de seguridad y agrupaciones de civiles armados proclives a Maduro para aplacar las protestas y las expresiones de descontento, y en el aumento exponencial de las detenciones arbitrarias, registrándose niveles históricos de abusos», coincidió la ONG Provea en su informe sobre violencia gubernamental.
