(Fuente: El Pitazo) El fraude electoral impuesto por el régimen de Nicolás Maduro ha desarrollado una crisis que se ha visto caracterizada por la represión y persecución política contra diferentes actores de la sociedad civil, empezando por dirigentes políticos, activistas, periodistas, colaboradores, defensores de los Derechos Humanos y la ciudadanía que han mostrado su rechazo a la dictadura.
Un grupo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han presentado el pasado 3 de septiembre un informe sobre la crisis poselectoral.
«Luego del desconocimiento de la voluntad popular, y ante las expresiones de la indignación colectiva mediante movilizaciones autoconvocadas y espontáneas, protagonizadas por sectores populares, la reacción de las autoridades fue responder a las demandas reprimiendo las protestas y neutralizándolas a cualquier costo», detalla el informe divulgado.
Con información de El Pitazo
Métodos de represión
El informe de las organizaciones venezolanas de derechos humanos destaca que la estrategia gubernamental, a partir de las manifestaciones que se registraron desde el 29 de julio, al menos 210 geolocalizadas ese día en todo el país, fue cónsona con el diagnóstico de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«La combinación de métodos de represión ‘duros’ y ‘blandos‘: dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia (…) las tácticas de ‘mano dura’, más violentas, se usaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio», señala el informe.
El sociólogo y director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, resaltó que la represión masiva que se registró en los primeros tres días de protestas luego del anuncio de los resultados electorales era insostenible en el tiempo por las limitaciones materiales de los cuerpos de seguridad policiales y militares.
«La estrategia fue inhibir la indignación ciudadana con una represión feroz, pero de corta duración. De allí que el propio Maduro señaló la cuota de 2.000 personas detenidas para lograr un golpe de efecto en la población. Luego fue una represión quirúrgica y selectiva, que es complementada con el uso generalizado del terror mediático como mecanismo de contención de las multitudes», explicó Uzcátegui vía telefónica.
El informe conjunto de las organizaciones de derechos humanos resalta que la aplicación de «métodos duros» de represión durante los días de mayor intensidad de protestas y manifestaciones ocasionó un saldo trágico de entre 24 a 26 personas asesinadas.
«Posteriormente, fueron complementados con «mecanismos blandos», que incluyeron la eliminación masiva de pasaportes y la difusión de mensajes atemorizantes a través de los medios de comunicación estatales», se detalla.
Detenciones arbitrarias masivas
De acuerdo con el recuento que presentaron las organizaciones venezolanas de derechos humanos, las detenciones arbitrarias masivas ocurrieron como parte de los «mecanismos duros» de represión e incluyeron el encarcelamiento de ciudadanos, integrantes de partidos políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
«Maduro determinó una cuota a ser cumplida, anunciada a través de los medios de comunicación, en la que más de 2.000 personas debían ser aprehendidas para que se les aplicara ‘todo el peso de la ley’ y ‘regresara la paz’», determina el documento.
La ONG Foro Penal reportó un balance de 1.581 encarcelaciones desde el 29 de julio, lo que incrementó la cifra de presos políticos en Venezuela a 1.780. 114 de las personas detenidas en el contexto de las protestas eran adolescentes. La ONG reportó que desde el 29 de agosto al 1 de septiembre, 86 de los adolescentes detenidos fueron excarcelados.
«La narrativa criminalizadora que intentó legitimar las detenciones masivas fue reproducida a diferentes niveles por voceros estatales y paraestatales, lo que demostró un espíritu de cuerpo para promover, ejecutar y tolerar actuaciones al margen de la ley en una acción coordinada», precisa el informe de las organizaciones de derechos humanos.
Persecución política
Las acciones gubernamentales desde el 28 de julio ratifican, según alerta el informe, la continuación de la comisión del delito de persecución política en Venezuela, «calificado como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma». Las organizaciones de derechos humanos resaltan que esa realidad debe ser incorporada a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso Venezuela I.
«Hay suficientes evidencias para determinar las responsabilidades de la cadena de mando. Nicolás Maduro ha sido el vocero oficial de la estrategia represiva implementada, anunciando públicamente una cuota de personas a ser detenidas», agregó el reporte.
Un elemento vinculado con la persecución política tiene que ver con una de las recientes designaciones en el gabinete de Maduro: el nombramiento del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, como nuevo ministro de Interior y Justicia en sustitución de Remigio Ceballos Ichaso.
Uzcátegui destaca que una designación como esta, en un contexto de aprobación de leyes en el Parlamento que domina el PSUV para restringir aún más el espacio cívico, refleja que hay una alianza pragmática en el oficialismo, en la que resalta el «ala dura militar», que representa Diosdado Cabello dentro de la coalición de gobierno.
«Dentro del chavismo, en diferentes niveles, ha comenzado un complejo proceso psicológico de autoengaño generalizado para olvidar lo que constataron la noche del 28 de julio. Hay mucha desconfianza interna, cosa que también reflejan las designaciones. Es el momento de la recomposición interna frente a una posible situación de aislamiento internacional a corto plazo», añadió Uzcátegui.
El uso del temor generalizado como mecanismo de control social, de acuerdo con una de las ocho conclusiones del informe de las organizaciones venezolanas de derechos humanos, caracteriza la actuación gubernamental de terrorismo de Estado, «actualizando una manera de reprimir que había tenido protagonismo y características propias durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX».
