(Fuente: El Nacional) La Misión Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que la Operación Tun Tun, la cual se inició luego de la elección presidencial, retomó los patrones represivos del 2017.
“Una mujer, cuya familia vivió uno de estos operativos explicó que el ‘Tun Tun es que van a las casas, tocan, y si no abren te tumban allí (la puerta) y se llevan a la persona y no dicen absolutamente nada’. Otra narró que los cuerpos de seguridad ‘llegaron apartamento por apartamento, dando cachazos a las puertas para que abrieran las personas”, denuncia el reciente informe de la Misión de la ONU.
La Misión indica que “la detención de las personas en el marco de esta operación” se da solo por el “hecho de haber manifestado su descontento con el resultado electoral en videos o mensajes difundidos a través de las redes o de aplicaciones de mensajería instantánea». Las autoridades calificaron estas conductas como actos de terrorismo y odio.
Según la Misión, “el elevado número de detenciones en los tres primeros días de las protestas poselectorales está relacionado, en buena medida, con el hecho de que los cuerpos de seguridad detuvieron manifestantes durante las protestas o muy poco después de que estas fueran disueltas. En ocasiones, las personas ni siquiera llegaron a participar en actos de protesta y fueron detenidas cuando se encontraban en sus alrededores o en lugares más distantes”.
Con información de El Nacional
Asimismo muchas personas fueron detenidas semanas después de que las protestas hubiesen tenido lugar: “Estas detenciones se produjeron en las viviendas de las víctimas, a las que sacaban con amenazas expresas o veladas, con desproporcionados contingentes de agentes de cuerpos de seguridad, o incluso por la fuerza. En varios casos, también se llevaron a cabo detenciones en el aeropuerto de la capital”.
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¿Qué dice el informe de la Misión de la ONU sobre la operación Tun Tun?
La Misión documentó cuatro casos en los que se empleó la tortura física y psicológica “para forzar a las personas detenidas, especialmente niños y jóvenes, a que grabaran videos admitiendo haber recibido dinero de parte de la oposición para participar en protestas violentas y destrucción de bienes públicos y privados”.
En otros cinco casos, a las personas detenidas se les recomendó admitir los cargos para beneficiarse de penas menos severas y beneficios procesales: “Se amenazó a las personas procesadas de que, de no asumir los crímenes, terminarían ‘pudriéndose en una prisión’, asegurando que no podrían demostrar su inocencia en juicio”.
En otro caso, se documentó que un niño detenido y su familiar fueron obligados a firmar un documento después de la audiencia preliminar sin que se les permitiera leerlo.
La Misión destaca que varios cuerpos de seguridad del Estado difundieron sus operativos de detención desde sus cuentas en redes sociales. “Lo han hecho, tanto para mostrar resultados, como para generar un efecto amenazante y disuasivo en quienes protestan o critican los resultados electorales o las posiciones del gobierno”, explica.
“La Misión también documentó casos de detenciones de personas que habían sido previamente fotografiadas o filmadas por agentes de cuerpos de seguridad e incluso colectivos”, indica.
“En un caso investigado por la Misión, dos hombres fueron detenidos arbitrariamente el 30 de julio tras haber sido fotografiados por un miembro de un colectivo cuando acudieron a un centro de salud para tratar a uno de ellos herido en una protesta”, agrega.
Más de 1.000 detenidos tras protestas contra resultado de las presidenciales. Foto EFE/ Ronald Peña
Los detenidos
La Misión de la ONU documentó la detención de 66 miembros y dirigentes (incluyendo nueve mujeres) de varios partidos y agrupaciones políticas de oposición.
Documentó asimismo la detención de al menos seis personas defensoras de derechos humanos y activistas entre el 2 y el 4 de agosto.
También fueron detenidos 10 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Las detenciones incluyeron a 7 hombres y 3 mujeres. “Además de las detenciones arbitrarias, la Misión documentó amenazas de detención y descalificaciones difamatorias contra periodistas de parte de varias autoridades”, puntualiza.
La Misión documentó la detención de al menos siete funcionarios públicos, de 15 personas pertenecientes a los pueblos indígenas y de estudiantes y profesores universitarios.
