(Redactado por David Gallardo) La líder de la oposición, María Corina Machado, en conjunto con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han emitido un comunicado que rechaza la «judicialización del cambio democrático que e pueblo decidió» en la pasada elección presidencial del 28 de julio.
Esta posición responde a la ilegal validación de material electoral que ha realizado la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un intento de usurpar las responsabilidades legales que tiene el Centro Nacional Electoral (CNE).
El ente electoral, quien le dio la presunta victoria a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales, se ha rehusado a mostrar las actas electorales que sostengan tal señalamiento. En un esfuerzo para mantener el fraude electoral, el dictador Nicolás Maduro ingresó un amparo en el TSJ para que se valide el material electoral que legitime su victoria.
Es importante destacar que expertos en materia electoral han denunciando que el equipo de validación del TSJ no está certificando ni revisando que el material sea el original.
En respuesta a esto, el comunicado señala que la soberanía reside en el pueblo, por lo cual exhortan el CNE «hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Como hemos reiterado en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen».
Comunicado de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la PUD
El 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló. Ese día, con su voto, dio un mandato en claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución: «La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. La ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberania popular y a ella están sometidos. El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia.
Se trata, sin duda, de la gesta civica más importante del siglo XXI. Millones de electores, con sus votos, abrieron las compuertas al futuro democrático de Venezuela.
La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Como hemos reiterado en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen.
El CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), esa institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral.
La Sala Electoral del TSi no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaria violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas.
Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que puedavalidar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
Los venezolanos conocemos los resultados electorales del 28 de julio, aunque hasta el dia de hoy, más de tres semanas después de las comicios, el CNE no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control. Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros si tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo. Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió.
Agradecemos a los países del mundo que han expresado la necesidad de una auditoria internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas. Y así mismo, alertamos que se pretende aniquilar judicialmente la Soberania Popular
Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente: Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.
