(Fuente: Efecto Cocuyo) La presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Marta Valiñas, ha señalado la importancia de que las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela deben seguir siendo un tema de discusión en los diferentes espacios que tiene la Comunidad Internacional, por lo cual resalta la necesaria documentación y denuncia de lo que está pasando.
Valiñas, en una reciente entrevista con la periodista Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, señaló que el más reciente informe que entregó la misión ante la ONU reiteró las acciones previamente registradas anteriormente, pero resaltó que la represión por parte del régimen se intensificó.
“En el contexto post electoral lo que vimos en Venezuela es la intensificación de la represión estatal que ya había documentado anteriormente. No son prácticas nuevas sino que se repitieron muchas de las actuaciones del gobierno contra las voces críticas, que rechazan los resultados anunciados por las autoridades”, dijo Valiñas.
La experta en Derechos Humanos también señaló que se logró documentar «en un corto período de tiempo» detenciones de muchas personas simplemente por el hecho de que estaban expresando su desacuerdo con los resultado de la elección presidencial.
Valiñas también señala que la Misión tampoco había registrado antes la detención de menores de edad, además de las irregularidades adicionales cometidas en sus casos como: las violaciones al debido proceso, realización de juicios en ausencia de sus familiares, audiencias colectivas y las acusaciones sobre la comisión de presuntos crímenes como el terrorismo.
“Es muy preocupante la magnitud de la represión y la presencia de estos nuevos elementos como la detención de niños, niñas y adolescentes”, aseguró Valiñas.
Con información de Efecto Cocuyo
La experta indicó que debido a la fecha en la que se publicó el informe, al menos en esta tanda, sólo se registraron algunas de las prácticas represivas que tuvieron lugar en las protestas postelectorales.
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“En estos casos más recientes hemos visto el involucramiento del DAET en las detenciones arbitrarias. Fuentes de información han dado registros visuales en la participación de civiles armados en la represión de protestas, en algunos videos es evidente que mientras están disparando la policía los deja actuar, otras fuentes que entrevistamos han dado cuenta de la actuación de estos civiles armados”, afirmó.
Valiñas hizo especial énfasis en la existencia de civiles armados usados como brazo represor del Estado, en Venezuela llamados colectivos, e indicó que la Misión estará dedicando más tiempo y esfuerzo en investigar la presencia, actuación y manejo de estos civiles armados usados para reprimir a la disidencia en Venezuela.
¿Por qué se califican como presuntos crímenes de lesa humanidad?
Valiñas explicó por qué estas acciones, debidamente documentadas, registradas y denunciadas, se califican como “presuntos crímenes de lesa humanidad”.
“Porque se encajan en los hechos que están descritos en el estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Incluimos las muertes, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, pero para llegar a ese umbral de crímenes de lesa humanidad fueron cometidos como un ataque sistemático o generalizada y hemos concluido que había un carácter de sistematizidad y los patrones de actuación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de las propias autoridades judiciales”, enfatizó.
La experta detalló que ya el informe de la misión de la ONU había denunciado las acciones de las autoridades venezolanas y dejó por sentado que había motivos para creer que había crímenes de lesa humanidad.
“Después de documentar acciones desde 2014 creemos que se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución fundadas en motivos políticos (…) Tenemos motivos para creer que el crimen de persecución, que es otro crímen de lesa humanidad, se está cometiendo”, precisó.
Sin embargo, Valiñas explicó que solo se pueden considerar crímenes de lesa humanidad a patrones de actuación se repiten contra personas con perfil y parecen ser parte de una política del Estado venezoalano para reprimir o anular a la disidencia.
