(Fuente: Nota de prensa) Antonio Ledezma, junto con otros integrantes de la delegación invitada a participar en una sesión organizada en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, a la que acudieron con fundamentada en los acuerdos promovidos por ese parlamento, con base a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y El Estatuto de Roma.
La delegación de venezolanos solicitaron activar las disposiciones vinculantes contenidas en el acuerdo celebrado entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea, de fecha 2006, especialmente lo pautado en los artículos 4,11 y 13, e igualmente en la promovida en el año 2011, en lo referente a lo recogido en las secciones A y D, atinentes a mejorar los acuerdos de cooperación, así lo puntualizó la Dra Soranib Defendini junto a Antonio Ledezma, Tamara Suju, Blas Jesús Imbroda, Pedro Defendini y Víctor Cedeño, quienes hicieron referencia a las detenciones arbitrarias, como parte de las graves violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes que forman parte de un patrón de conductas identificado con el régimen encabezado por Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores.
La delegación también solicitó que los 9 Estados europeos fiduciarios ( Francia, Italia , Lituania, Alemania, Polonia) que forman parte de la CPI, exhorten a la Fiscalía y a la Corte que aceleren el procedimiento relacionado con la causa Venezuela 1, a los que efectos de que se produzcan los resultados lo antes posible, tomando en cuenta que han transcurrido varios años desde que se inició esa investigación y aún están esperando la instrumentación de medidas específicas.
El objetivo final al que aspiran los promotores del petitorio es que se dicten las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y los demás integrantes de la línea de mando, responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
Antonio Ledezma resaltó que, “entre 2014 y la fecha presente, bajo el régimen de Maduro se han ejecutado 17,940 detenciones”. También indicó Ledezma que “durante este período, se ha evidenciado el fenómeno de la “puerta giratoria”, mediante el cual el régimen, en los diálogos en los que participa, aparenta disposición de liberar presos políticos, pero al mismo tiempo continúa realizando detenciones arbitrarias y aplicando tratos crueles para sembrar pánico entre la ciudadanía.
Una de las denuncias realizadas tiene que ver con el hecho de que los detenidos son mantenidos incomunicados y se les impide disfrutar del derecho procesal de audiencias de presentación. Estas audiencias se realizan de forma extemporánea y sin permitir la presencia de abogados privados, obligando a los detenidos a aceptar defensores públicos que actúan como agentes del régimen. Esto constituye una violación del principio de inmediación contemplado en el artículo 332 del Código Procesal Penal.
Entre 2014 y 2024, dentro de los miles de detenidos, se incluyen 931 adolescentes. De estos, 162 fueron detenidos después del 28 de julio en el contexto de detenciones post-electorales, lo que evidencia un patrón de conductas represivas.
En la reunión del Parlamento Europeo Víctor Cedeño planteó que, “dado que el Estado venezolano demuestra ausencia de voluntad para prevenir, juzgar y sancionar a los altos responsables de crímenes de lesa humanidad, es imposible esperar un proceso claro y transparente de rendición de cuentas. Por esta razón, hemos solicitado a la Fiscalía que continúe avanzando en los procedimientos para materializar la rendición de cuentas y así evitar la impunidad”.
Asimismo, solicitamos a la Comisión del Parlamento Europeo que exhorte a la Corte Penal Internacional a acelerar estos procesos.
La delegación presentaron datos relevantes. Por ejemplo, el 30 de julio, Nicolás Maduro anunció un “plan especial” para perseguir a quienes protagonizaran protestas tras el fraude electoral denunciado en la madrugada del 29 de julio. Dentro de ese plan especial de persecución, Maduro puso a disposición una red denominada VenApp y anunció la operación degradante llamada “Operación Tuntún”, que consiste en tocar las puertas de las viviendas de personas denunciadas como supuestos “terroristas” para ser detenidas arbitrariamente.
El 30 de julio, el fiscal Tarek William Saab, al servicio del régimen, anunció que 749 personas habían sido detenidas, acusadas de instigación a delinquir, obstrucción al libre tránsito, resistencia a la autoridad y terrorismo.
Entre el 1 y el 27 de julio, ya se habían realizado 142 detenciones antes de las elecciones, incluyendo 19 mujeres y 123 hombres. Después del 28 de julio y hasta la fecha, el propio régimen reconoce que más de 1,848 ciudadanos han sido detenidos, entre ellos 252 mujeres, 162 adolescentes (incluyendo 18 personas discapacitadas y 18 indígenas). Además, se han registrado 26 asesinatos, incluyendo los casos recientes de Edwin Santos, en el estado Apure, y Jesús Martínez, en el estado Anzoátegui.
Vale la pena destacar que también hicimos referencia en nuestras exposiciones a los informes presentados recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Determinación de los Hechos. Estos informes, publicados el 17 de septiembre de este año, confirman las violaciones de derechos humanos documentadas en detalle en sus piezas, reforzando las denuncias presentadas.
