(Fuente: EFE / Efecto Cocuyo) La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha alertado que el régimen de Nicolás Maduro «pretende dejar a los venezolanos sin líderes», puesto que la Asamblea Nacional Chavista ha instaurado una investigación contra 351 personas, entre ellas 95 exdiputados de la oposición.
La PUD emitió un comunicado en el que señala que el acuerdo aprobado en el Parlamento Madurista busca judicializar a 94 diputados de la Asamblea Nacional del 2015, además a la líder de la oposición María Corina Machado por la presunta vinculación con el «despojo y robo» de Citgo -filial de la petrolera estatal Pdvsa con sede en Estados Unidos.
«Maduro, a través de la Asamblea Nacional (Parlamento) que controla, ha decidido profundizar la política de terrorismo de Estado» y «les ha ordenado a distintas instituciones que controla que persigan a toda la dirigencia opositora», reza el escrito.
Con información de EFE
El dictador hace esto, a juicio de la PUD, para «evitar cualquier oposición verdadera a su decisión de quedarse en el poder de forma autoritaria e ilegítima más allá del 10 de enero de 2025», cuando comienza el nuevo sexenio presidencial, fecha en la que Maduro prevé jurar el cargo, luego de su controvertida reelección en los comicios del 28 de julio.
El bloque opositor reiteró que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue elegido por «soberanía popular», un reclamo que la oposición ha sustentado con la difusión del «83,5 % de las actas electorales», tildadas de falsas por el régimen.
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«Señalar y amenazar hoy a la dirigencia opositora con este tema no es más que una excusa, en un intento por dejar a los venezolanos sin líderes, subestimando el poder de organización que vive en cada uno de esos casi 8 millones de personas que, el pasado 28 de julio, le dijeron a este régimen que ya basta al desfalco de los recursos de nuestro país», sostiene el escrito.
Además, la alianza aseveró que Citgo «está sometida al acoso judicial de los acreedores» en un proceso que «es consecuencia de grandes deudas derivadas de las expropiaciones y el incumplimiento de contratos por parte de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro».
El Parlamento pidió investigar, además de los exdiputados, a 108 personas que «participaron en las llamadas instituciones paralelas y juntas ad hoc», creadas por el expresidente del Parlamento Juan Guaidó tras auproclamarse «presidente encargado» en 2019 y recibir el reconocimiento de casi 60 países.