(Redactado por David Gallardo) Los malos tratos y torturas que sufren los presos políticos en Venezuela son objeto de denuncia de ocho instancias del Consejo de Derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un informe emitido por estos entes institucionales denuncian los graves abusos que se comenten en los centros penitenciarios bajo la mano del régimen de Nicolás Maduro.
Estos señalamientos están suscritos bajo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, la Relatora Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la Experta Independiente sobre el Disfrute de Todos los Derechos Humanos por las Personas de Edad, la Relatora Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, sus Causas y Consecuencias.
Estas páginas expone las preocupaciones que despiertan los centros penitenciarios por las condiciones inadecuadas que tienen, que incluyen hacinamiento, falta de acceso a alimentos, agua potable, atención médica adecuada, y denuncias de tortura.
La documentación también señala casos específicos de personas que fueron detenidas arbitrariamente, muchas de ellas que con problemas de salud graves y que no reciben los tratamientos que necesitan.
Los casos individuales más reconocidos
- Josnars Baduel: Detenido el 4 de mayo de 2020 durante la denominada “Operación Gedeón” y sometido a torturas, como golpes, colgamiento de brazos y descargas eléctricas. Fue sentenciado a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria. Actualmente, su salud se ha deteriorado considerablemente, presentando pérdida de peso, infecciones en la piel y episodios de asma no tratados adecuadamente.
- Raúl Isaías Baduel: Exministro de Defensa y padre de Josnars Baduel, quien falleció en prisión en octubre de 2021 bajo custodia estatal, presuntamente por secuelas de COVID-19 y torturas. Su caso evidencia la falta de atención médica y las condiciones inhumanas en los centros de detención venezolanos.
- Emirlendris Benítez: Detenida en agosto de 2018 sin orden judicial y torturada mediante asfixias y golpes. Durante su reclusión, fue obligada a abortar tras un procedimiento médico forzado. Actualmente, presenta problemas graves en la columna vertebral y necesita atención médica urgente, la cual no le ha sido proporcionada. Otros casos también documentan detenciones arbitrarias, torturas y negligencia médica que afectan gravemente la integridad física y psicológica de los detenidos.
- Anthony Michell Molina Ron: Detenido pese a tener discapacidad intelectual; su estado de salud se ha deteriorado debido a la falta de atención médica.
- Oreste Alfredo Schiavo Lavieri: Empresario con graves problemas respiratorios derivados de las condiciones carcelarias.
- María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi: Detenidos arbitrariamente y afectados por problemas de salud no tratados adecuadamente.
Las denuncias a malos tratos
El informe hace graves señalamientos por las condiciones en los centros penitenciarios, las cuales son influenciadas por las políticas represivas del régimen de Nicolás Maduro.
Uno de los problemas más graves es el hacinamiento y la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de los presos.
Estas dos problemáticas se relacionando con la merma de las condiciones sanitarias y de seguridad, lo cual vulnera aún más la vida y salud de los detenidos. Dichos escenarios son solo las afecciones de las instalaciones, porque las vulneraciones de los Derechos Humanos están relacionadas directamente de las autoridades y de la cadena de mando que ejecuta las ordenes del régimen de Nicolás Maduro.
El documento explica detalladamente cómo los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han aplicación la represión, persecución y la detención arbitraria a dirigentes políticos, miembros de la sociedad civil y ciudadanos.
También se recopilaron los casos de detenciones ilegales, torturas y represalias contra opositores políticos, además de restricciones al debido proceso. Casos emblemáticos incluyen a José Javier Tarazona Sánchez, director de la ONG Fundaredes, detenido y acusado de terrorismo, y Dignora Hernández Castro, secretaria del partido Vente Venezuela, quien sufrió desaparición forzada y torturas.
Se exponen condiciones inhumanas en centros como Rodeo I, Helicoide y Boleíta, que incluyen hacinamiento, alimentación inadecuada, restricciones de visitas y aislamiento prolongado. Los presos dependen de sus familiares para medicinas y alimentos. Casos de tortura incluyen golpes, asfixias, descargas eléctricas y abusos psicológicos. Ejemplo destacado: Emirlendris Carolina Benítez Rosales, detenida arbitrariamente, quien fue torturada y sufrió un aborto forzado.
El régimen también emplea desapariciones forzadas de corta y larga duración para intimidar y silenciar opositores. En muchos casos, los familiares no reciben información sobre el paradero de los detenidos, y se niega acceso a abogados.
