El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó este jueves sobre un patrón creciente de persecución, criminalización y encarcelamiento contra dirigentes sindicales y gremiales en Venezuela, intensificado en los últimos dos años.
Al menos 15 líderes de diversos sectores permanecen detenidos de forma arbitraria, muchos con desapariciones temporales, sin derecho a defensa privada, juicios telemáticos sin garantías y cargos desconocidos. Además, se han registrado más de 100 detenciones de trabajadores petroleros entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 en complejos clave como Amuay, Cardón, El Palito y el Criogénico de José.
El SNTP exige la liberación inmediata de estos detenidos, respeto al debido proceso, atención médica urgente para quienes padecen enfermedades graves y el cese de la criminalización de la protesta sindical. Muchos son adultos mayores con hipertensión, diabetes, parálisis facial o Parkinson, agravando las violaciones a sus derechos fundamentales.
Entre los casos documentados, Robert Franco (55 años), profesor y dirigente sindical, fue detenido el 26 de diciembre de 2020 en Sucre por terrorismo y homicidio en grado de tentativa, recluido en la PNB de Boleíta sin sentencia. Daniel Romero, de Sutiss, arrestado el 11 de junio de 2023 en Bolívar durante una protesta en Sidor, sufre aislamiento en El Rodeo I con daños neurológicos y un intento de suicidio reciente. Víctor Castillo (39 años), líder campesino, fue sacado de su casa en Portuguesa el 28 de abril de 2024 frente a su familia, acusado de conspiración en El Helicoide.
Régulo Reina “Pavón”, dirigente petrolero, fue extraído violentamente de su hogar en Temblador el 18 de julio de 2024 tras un acto de campaña. Juan Antonio Valor (66 años), jubilado de Sidor, raptado el 9 de enero de 2025 en San Félix, enfrenta cargos de terrorismo pese a su hipertensión y parálisis. Noel Vidal Álvarez Camargo (66 años), exdirigente gremial, desaparecido desde el 10 de enero de 2025 en Baruta, con medidas cautelares de la CIDH ignoradas.
Eduardo José Torres Muñoz (49 años), abogado de Provea, detenido el 9 de mayo de 2025 en Caracas, permanece desaparecido. Lourdes Villareal (59 años), de SINVEMA, interceptada el 22 de mayo en Caracas frente a su hija, sigue sin paradero. Yuri Salas (56 años), de Miranda, arrestado el 23 de mayo en la ARC, sufrió un ACV en Tocuyito sin defensa. Ángel Rivas (67 años), jubilado del sector salud, desaparecido desde el 19 de junio en Bolívar.
Fernando Serrano (75 años), de Venalum, detenido el 18 de julio en Bolívar por terrorismo. Yanny Esther González Terán (55 años), presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, imputada el 22 de julio por instigación al odio pese a su diabetes. Fidel Brito (79 años), de FetraBolívar, desaparecido desde el 22 de julio en Puerto Ordaz con Parkinson. Roberto Antonio Campero (73 años), profesor sindical, trasladado a El Helicoide el 14 de agosto en Aragua. José Eustorgio Osorio Torres (72 años), exdirigente universitario, detenido el 30 de agosto en Barinas tras una actividad solidaria, desaparecido inicialmente.
Estos casos, con cargos desproporcionados como terrorismo e instigación al odio, buscan frenar la protesta legítima, violando la Constitución y la OIT. La CIDH ha otorgado medidas cautelares ignoradas, como en el caso de Álvarez Camargo, y organizaciones como Provea documentan un patrón de hostigamiento desde 2023. En el sector petrolero, las detenciones en refinerías clave reflejan el control represivo sobre recursos estratégicos, financiados por el narcotráfico del Cártel de los Soles.
Esta persecución se suma a los 823 presos políticos reportados por Foro Penal, muchos en condiciones inhumanas como El Rodeo I y El Helicoide, donde torturas y negación de atención médica son sistemáticas.
