La organización SOS Orinoco denunció este lunes 21 de abril la expansión descontrolada de minería ilegal en una isla del río Caroní, ubicada dentro del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar. La ONG alertó sobre la grave destrucción ecológica, el uso de mercurio, y la amenaza directa al sistema energético nacional que representa esta actividad ilícita.
“En dos años, la minería ilegal destruyó el bosque ribereño, contaminó el hábitat y las aguas con mercurio y aportó una gran cantidad de sedimentos al río Caroní”, indicó la organización a través de sus redes sociales, acompañando la denuncia con imágenes satelitales y evidencia de dragas operando en el área.
Una amenaza al embalse de Guri y al sistema eléctrico nacional
El Caroní es el río que alimenta el Embalse de Guri, donde se ubica la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, responsable de generar cerca del 70% de la electricidad en Venezuela. La presencia de sedimentos generados por la minería, denunció SOS Orinoco, reduce la capacidad de almacenamiento del embalse y deteriora las turbinas hidroeléctricas, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
El impacto, según la ONG, no se limita al ecosistema local, sino que tiene consecuencias estructurales para todo el país, ya golpeado por recurrentes apagones y colapsos eléctricos.
La actividad ilegal afecta 56,96 hectáreas, divididas en cinco zonas de minería intensiva, lo que representa una pérdida del 35% del bosque ribereño en la isla Apacara, ubicada en el corazón del parque. Canaima, además de ser un Parque Nacional protegido, fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que hace aún más alarmante la permisividad con la que opera la minería en su interior.
El pasado 14 de abril, líderes indígenas del sector II Karamata-Kanaimö reconocieron en un comunicado la presencia de minería ilegal en la zona desde hace más de una década y su participación limitada en ella, al tiempo que manifestaron la necesidad de migrar hacia prácticas sostenibles con el ambiente.
Inacción del régimen y señalamiento directo
SOS Orinoco increpó directamente a Nicolás Maduro, al ministro Diosdado Cabello, al jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, general Domingo Hernández Lárez, y a los responsables de la Corporación Venezolana de Minería y el Ministerio de Ecosocialismo, por permitir y amparar esta depredación ambiental.
La organización exigió respuestas:
“¿Quién provee el combustible, la comida, los medicamentos, las carpas y la maquinaria para operar allí? ¿Qué vías usan? ¿Quién otorga permisos para explotar oro dentro de un Parque Nacional y Patrimonio Mundial?”.
Las imágenes satelitales y los testimonios locales evidencian lo que la comunidad internacional y organismos ambientales han advertido durante años: la minería ilegal en Venezuela no solo es tolerada, sino fomentada como política de supervivencia económica del régimen, con el Arco Minero del Orinoco como emblema de devastación institucionalizada.
Un crimen ecológico con consecuencias humanas
El uso de mercurio, el desmonte indiscriminado del bosque y la alteración de los cursos de agua amenazan a las comunidades indígenas, la biodiversidad única del parque y el equilibrio ecológico de toda la región Guayana. Canaima alberga especies endémicas y ecosistemas milenarios que no podrán recuperarse si la explotación continúa.
Pese a los esfuerzos de organizaciones como SOS Orinoco, el Estado venezolano ha guardado silencio o justificado estas actividades, mientras los efectos colaterales —desde enfermedades, desplazamientos forzados, hasta la pérdida de fuentes hídricas— siguen expandiéndose sin control.
