(Fuente: Alberto News) El Tribunal de Caracas ha aprobado la orden la captura solicitada por el Ministerio Público en contra del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Dicho documento justifica está aprehensión a través de la imputación de delitos asociados al terrorismo.

La solicitud de esta aprehensión en contra de González Urrutia se dio a lugar luego que el presidente no se presentará a la Fiscalía luego que la institución lo citara tres veces para comparecer a la presunta investigación sobre los delitos de instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)».

Esta investigación también cubría la publicación de las actas de la elección presidencial del 28 de julio, la cual fue publicada a través de una página web y fue cargada gracias a la colaboración por testigos y miembros de mesa, lo cual sustenta la el escenario de que Nicolás Maduro cometió fraude electoral.

Con información Alberto News

La PUD divulgó estas actas, que Maduro tacha de «falsas», después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería «librada una orden de aprehensión respectiva» al considerar que se «encuentra en presencia de peligro de fuga».

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El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo «pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos».

A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, «se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político», ya que -aseveró- «condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso».