(Fuente: Infobae / Sebastiana Barráez) Un informe publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha revelado que el ente internacional tiene elementos para creer que las fuerzas represoras del régimen de Nicolás Maduro utilizan la tortura contra opositores venezolanos para obtener información, confesiones o declaraciones falsas.
La Misión de Determinación de los Hechos logró entrevistar a 256 personas que bajo sus testimonios lograron recibir “la información sobre el uso de tortura psicológica, incluyendo amenazas de hacer daño a las parejas e hijos de los detenidos, imponerles mayores periodos o peores condiciones de detención, o someterlos a torturas o violación”.
“Las autoridades venezolanas no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a existir denuncias. Ni el sistema de justicia ni la Defensoría del Pueblo han actuado con la diligencia debida. De esta manera, la impunidad por estos actos en casos que involucran a personas opositoras, o percibidas como tales, sigue siendo la norma”.
Es muy revelador que “los hechos reportados por la misión son consistentes con el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades del Estado para generar y perpetuar un clima de temor en la sociedad civil venezolana, y mostrar las consecuencias que podrían sufrir aquí”.
Con información de Infobae
Algunas personas entrevistadas afirmaron que el impacto de los casos de tortura y malos tratos servían para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide, así como de la “Casa de los Sueños”, ubicada en Boleíta”.
Por otra parte, “las autoridades venezolanas lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a través de reformas institucionales genuinas y de la rendición de cuentas, han mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables”.
Aunque el informe no lo dice expresamente hay casos muy sonados de militares señalados de ser ascendidos, aunque han sido identificados como violadores de DDHH, tal es el caso del jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Tcnel. Alexander Enrique Granko Aretaga, GB Rafael Antonio Franco Quintero, GD Rafael Ramón Blanco Marrero
Incluso en junio 2023 el capitán (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero señaló nuevamente al Vicepresidente del INEA, Capitán de Navío Germán Eduardo Gómez Lárez, como uno de sus torturadores, tal y como lo ratificó ante el Tribunal.
Informe de la ONU: Tragedia hospitalaria, inflación y servicios
La Misión de Determinación de los Hechos destaca que su investigación tiene lugar en el marco de la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela. De fuentes no gubernamentales han establecido que “para marzo de 2022, el 82,8% de los servicios de atención hospitalaria se encontraban inoperativos, lo que implica que unos 19,1 millones de personas dejaron de beneficiarse de estos servicios. La tasa de inflación anual en abril 2023 se situaba en el 400%, la tasa nacional más alta del mundo. Para agosto de 2023, al menos 7,71 millones de personas habían abandonado el país”. Consideran que las protestas están más vinculadas a condiciones laborales, acceso a la salud y servicios básicos, y escasez de alimentos o gasolina.
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En el informe sobre Venezuela la Misión investigó cuatro muertes violentas de actores de la sociedad civil, de las que dijeron que era necesario “realizar investigaciones más profundas”
Dos de ellos eran comunicadores populares y activistas del chavismo: José Carmelo Bislick Acosta tenía un programa de radio en el estado Sucre. En el Zulia funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres quien era hijo del director de Guacamaya TV.
Otra de las muertes que investigó la Misión fue la del líder indígena Uwottüja, Virgilio Trujillo, asesinado en junio de 2022 en Amazonas; y el activista del Partido Comunista y comunicador social José Gregorio Urbina, asesinado en enero de 2022 en el Apure.
“La misión investigó dos muertes bajo custodia: la del General Raúl Isaías Baduel, que murió el 12 de octubre de 2021 bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide; y la de Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3 de enero de 2021 en la cárcel de El Rodeo II.
“La misión tiene motivos razonables para creer que ambas muertes fueron consecuencia directa de la denegación de atención médica adecuada. Según estándares internacionales, a menos que se demuestre lo contrario, las muertes bajo custodia se consideran privaciones arbitrarias de la vida y generan responsabilidad del Estado”.
Investigaron 53 casos ocurridos en el marco de la represión selectiva que “se refieren a la detención arbitraria de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales”.
“En dos casos investigados, que involucran a 11 personas, las detenciones se produjeron por la presunta participación de los detenidos en actos militares de sedición, descritos oficialmente como intentos para desestabilizar al Gobierno. Entre ellos se incluyen tres miembros del personal militar”, dice el Informe.
