La inscripción de presos políticos como candidatos a la elección de un cargo público no es un hecho inédito, la voluntad explícita de la víctima es fundamental para garantizar la transparencia de la postulación, una condición sine qua non de los derechos humanos.
Sin embargo, para los venideros comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo el régimen de Nicolás Maduro habría ofrecido a ciertos presos políticos que se apuntaran en la lista de aspirantes a diputados de la Asamblea Nacional, una libertad, que termina siendo condicional.
Según el artículo 65 de la Constitución y el 122 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), no podrán optar a cargos de elección popular quienes hayan sido objeto de condena; sin embargo, debido al retardo procesal del sistema de justicia venezolano hay varios presos por motivos políticos que podrían ser candidatos porque no se les ha dictado sentencia a pesar de llevar años detenidos.
Javier Tarazona ¿por las buenas o por las malas?
Uno de los presos políticos candidatos de mayor renombre, es el del profesor universitario Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien está próximo a cumplir cuatro años detenido tras denunciar enfrentamientos entre la guerrilla colombiana y efectivos de la FANB en el Alto Apure. Tarazona, será el tercero en la lista del Edo. Táchira como candidato al parlamento nacional a través del partido “alacrán” Gana.
Si bien algunos defensores de DD. HH. han denunciado que el régimen pretendió chantajear a algunos presos políticos prometiéndoles “libertad” si se presentaban como candidatos, según los familiares de Tarazona, su inscripción ha sido consensuada y de manera voluntaria.
“Que los presos políticos sean tratados como fichas de canje, o que sean chantajeados y sometidos a procesos que buscan atacar su dignidad solo para ser excarcelados, no podemos estar de acuerdo con eso” comentó para Dossier Venezuela Sairam Rivas, quien también fuera prisionera del régimen, condición en la que se encuentra actualmente su pareja sentimental, el exconcejal de Caracas, Jesús Armas.
Un precedente nada alentador
Este tipo de acciones (obligatorias o voluntarias) ya se han presentado en el pasado reciente, con postulaciones que no terminan garantizando la excarcelación de la víctima del madurismo, caso del diputado Renzo Prieto quien fue detenido en 2014, meses antes de resultar electo para la Asamblea Nacional 2015-2020, permaneciendo detenido por 4 años pese a haber ganado un curul en el parlamento.
Prieto, fue excarcelado cuatro años después de resultar electo, pero detenido en dos oportunidades más por los mismos motivos políticos, tanto en 2019 como en 2020 aún durante el periodo legislativo constitucional.
En este mismo sentido el régimen también habría propuesto la misma oferta engañosa a presos políticos periodistas. Así lo dijo para Dossier Eduardo Torres, abogado perteneciente a la ONG Provea, la histórica organización asediada y perseguida por el chavismo y desde donde también han abogado por los derechos humanos de disidentes de las filas del oficialismo:
“Tenemos información de presos políticos que son periodistas que les han hecho ese ofrecimiento y han dicho tajantemente que no se prestan, porque no hay condiciones electorales, además del abuso de las autoridades debido a falta de autonomía de poderes en el país”
Días después de estas declaraciones, Eduardo fue desaparecido de manera forzosa y hasta el momento se desconoce su paradero, mismo patrón de terrorismo de Estado aplicado a quienes han sido detenidos por motivos políticos durante los últimos años.
