(Fuente: El Carabobeño) Las organizaciones Funcamama, Cepaz, Acción Solidaria, Prepara Familia y Transparencia Venezuela denuncian a través de un comunicado el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas hace tres años para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres que padecen cáncer de mama.
Dichas organizaciones señalan que el incumplimiento es basado en la falta de tratamientos médicos y farmacológicos.
La corrupción que reina en el sector salud de Venezuela ha generado una fuerte escasez de servicios, infraestructura y medicamentos especiales para el tratamientos de ciertas enfermedades crónicas.
Con información de El Carabobeño
Las mencionadas organizaciones pidieron a que proceda a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la situación de extrema gravedad y urgencia que se denuncia, y que inicie de oficio un caso contra Venezuela por los mismos hechos, por tratarse de violaciones graves de derechos humanos resultado de actos de gran corrupción, que implican la responsabilidad internacional del Estado.
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En octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar en favor de un grupo de mujeres con diagnóstico de cáncer que no recibían el respectivo tratamiento, instando al Estado venezolano a adoptar medidas inmediatas que posibilitaran el acceso a un tratamiento adecuado, incluyendo los medicamentos, detallan en el comunicado.
Funcamama: Tres años de espera
En virtud de que han transcurrido tres años sin que se hayan implementado los correctivos planteados y, por el contrario, como consecuencia del deterioro del sistema de salud pública, dos de las 12 beneficiarias han fallecido; organizaciones de la sociedad civil venezolana hacen la denuncia y reclaman con carácter de urgencia atender la situación.
Nuevas Víctimas
Señalan en el documento que por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos a las pacientes oncológicas, debido a la corrupción imperante en Venezuela, el daño se ha extendido a nuevas víctimas que continúan sufriendo la suspensión de la dispensación oportuna y adecuada de los tratamientos necesarios, a pesar de la gravedad y urgencia de la situación expuesta.
