(Fuente: Crónica UNO / El Carabobeño) El cofundador y codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, aseguró que las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) “dirigen el movimiento colectivo y lo organizan para que cumpla las órdenes del Gobierno”.
La última investigación del medio de investigación Insight Crime detalló que los Cupaz están esparcidos por al menos 10 estados de Venezuela.
Tendrían presencia en Distrito Capital, Miranda, Bolívar, Anzoátegui, Lara, Monagas, Portuguesa, Yaracuy, Falcón y Táchira. Además, son un grupo armado “multipropósito”, enfocado en reprimir a la oposición, atacar bandas, controlar a los colectivos y la distribución de combustible subsidiado y de alimentos. Igualmente, prestan servicios de seguridad a actores estatales, detalla la investigación de Insight Crime.
Con información de Crónica Uno
Las Cupaz fueron creadas en marzo de 2019 por Nicolás Maduro, en medio de un contexto de protestas y la proclamación –y reconocimiento internacional– del opositor Juan Guaidó como “presidente interino”.
Cupaz: Los colectivos y el Estado criminal híbrido
La investigación de Insight Crime, llamada “El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela”, expone que este grupo está inspirado en los llamados “colectivos”, un grupo armado híbrido originado en la década de los 2000. Con ellos habría comenzado el “Estado híbrido criminal”.
A juicio de McDermott, todo se inició tras el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Y como consecuencia se crearon grupos armados paralelos como contrapeso a los militares, que incluyen a los que se convirtieron en colectivos. Sin dejar de lado el apoyo de Chávez a la guerrilla colombiana.
Para McDermott, el Estado híbrido criminal en Venezuela es la “interminable y exitosa lucha” que ha mantenido al chavismo en el poder por años y que ha llevado a la “evolución de estructuras de poder alternativas” en el país.
Actores criminales
En el territorio convergen distintos actores criminales. Insight Crime hizo la clasificación de las diferentes organizaciones: los grupos guerrilleros, los colectivos, los pranes, las megabandas, los sindicatos –grupos especializados en el sector minero– y las organizaciones de narcotraficantes.
McDermott explicó que hay casos en los que se pueden combinar dos clasificaciones, como pasa con el Tren de Aragua, ya que tiene tanto una estructura de pranato como una de megabanda.
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En este sentido, manifestó que existen diversas escalas de gobernanza penal híbrida. Por un lado, hay tolerancia hacia un grupo al cual se le permite llevar a cabo sus actividades delictivas sin ser molestado.
Y por el otro, existen grupos que asumieron funciones estatales: brindar seguridad, administrar la justicia e incluso recaudar impuestos mediante la extorsión. Un trabajo que se hace de la mano con funcionarios estatales o en operaciones conjuntas, contó.
Otra investigación de Insight Crime, publicada en febrero de 2023, indicó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla colombiana de extrema izquierda fundada en 1964, es el grupo armado no estatal más poderoso en Venezuela.
A él se le suman El Tren de Aragua, el Frente Acacio Medina, el Sindicato de las Claritas, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), la Organización R, banda de Carlos Capa, el Tren de Guayana, banda de Wilexis y la banda de Yeico Masacre, en ese respectivo orden.
Estas organizaciones criminales se encuentran a lo largo y ancho del territorio venezolano.
Una forma de sobrevivir
De acuerdo con MacDermott, un Estado híbrido no fue algo planeado sino que se hizo necesario para que Maduro se mantuviera en el poder. Luego de la muerte de Chávez, en 2013, se enfrentó a una serie de crisis: la caída económica, protestas y las sanciones internacionales.
Por lo tanto, para lograr sobrevivir Maduro “desarrolló una relación aún más estrecha con grupos ilegales o irregulares, creando una forma híbrida de gobernanza”. En esta relación, el Estado tolera las actividades criminales y confiere funciones gubernamentales a actores no estatales.
“La única forma que tenía de asegurarse la lealtad de ciertos generales y figuras políticas clave era dándoles acceso a rentas criminales. Y eso significaba hacer un trato con los grupos criminales que manejan las economías ilícitas”, dijo.
Añadió que la Venezuela de Chávez era una cleptocracia en la que, presuntamente, miles de millones de dólares fueron robados del presupuesto público por miembros corruptos. La quiebra de la economía venezolana ha impulsado a “los depredadores corruptos” a buscar otras economías criminales.
La extracción ilegal de oro, el tráfico y trata de personas, el contrabando y el narcotráfico representan esa economía ilegal. McDermott explicó que para acceder a estos mercados criminales hay que hacer tratos con los grupos que los gestionan. Les brindan protección –en algunos casos tienen el apoyo activo del Estado–, y a cambio, estos delincuentes pagan a funcionarios estatales y se encargan de reprimir a la oposición.
Desafíos
El codirector de Insight Crime declaró que estos actores criminales y no estatales que echaron raíces en una zona son cada vez más difíciles de desarraigar porque el Estado les otorgó una semilegitimidad. Esto los convirtió en una autoridad.
De hecho, mencionó que hay algunos casos que se han salido de control. Habló de lo acontecido con el Koki, en Caracas, y el Frente 10 de los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Apure. Además, mencionó que en Venezuela se da el fenómeno de exportación de bandas criminales, como pasa con el Tren de Aragua.
McDermott teme que aunque la oposición gane las elecciones, no disponga de las herramientas necesarias para enfrentarse a estos grupos.
“Elementos de las fuerzas de seguridad han cohabitado durante mucho tiempo y, en algunos casos, han trabajado con estos grupos y se han beneficiado de ellos. No se van a volver de repente contra quienes les pagan”.
Recordó a la guerrilla colombiana. A pesar de haber contado con toda la ayuda de Estados Unidos, Colombia sigue sin derrotar al ELN tras más de cinco décadas.
