(Fuente: El País de España / Alberto News) La organización Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe que denuncia las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, advierte Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”.
El informe hace un repaso de las últimas semanas que han vivido los venezolanos tras los comicios presidenciales en las que el Centro Nacional Electoral (CNE) asegura que Nicolás Maduro es el ganador, pero luego de más de un mes aún no muestra las actas electorales que puedan sustentar este escenario. Esto ha generado profundos cuestionamientos por parte de la Comunidad Internacional, fuerzas políticas opositoras en Venezuela e incluso los ciudadanos que luego de protestar solo dos días luego de la elección, la elección los reprimió brutalmente.
“Los venezolanos han salido a las calles en todo el país, sobre todo en sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo, donde se han producido numerosos hechos de represión”, señala el informe que analizó la mitad de los 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Human Rights Watch ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del Gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno”. A esto suman, la orden de captura emitida el lunes en contra del candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.
Con información de El País de España
Testigos, periodistas y organizaciones consultados por HRW describieron el modus operandi de los “colectivos” y las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones del mes de agosto, un patrón que ya ha sido denunciado antes. “Al principio, las fuerzas de seguridad controlan o dispersan las manifestaciones, a menudo utilizando barreras, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a los manifestantes. Si las manifestaciones continúan, aparecen miembros de “colectivos”, quienes a menudo utilizan armas de fuego para intimidar o atacar a los manifestantes”. Uno de los casos que analizan y en el que se repitió esta actuación conjunta de los cuerpos de seguridad y grupos de choque del chavismo es el de Isaías Fuenmayor González, de 15 años, asesinado la tarde del 29 de julio cuando salió de su casa en San Francisco, estado Zulia, para practicar un baile con sus amigos para una próxima fiesta de 15 años. En el camino se cruzó con manifestantes en los alrededores de un centro de votación que eran repelidos por oficiales de la Guardia Nacional. Luego un grupo de colectivos atacaron a las personas que protestaban y una bala impactó al joven en el cuello.
HRW advierte que el Gobierno también “ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares”. Añaden los peligros que implica para la sociedad civil y las ONG, especialmente copadas en su actividad en defensa de los derechos humanos en este contexto, la aprobación hace dos semanas una legislación restrictiva de su funcionamiento.
Las duras denuncias complican el panorama internacional de Venezuela, que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, pese a los intentos del Gobierno por aplazarla, y que a mediados de este mes someterá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una nueva renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
En opinión de HRW, la misión debe continuar su trabajo pues es clave para la rendición de cuentas y también recomienda apoyar a la Fiscalía de la CPI en su pesquisa y considerar la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos como jueces, fiscales y funcionarios de seguridad. El organismo también recomienda ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional, de acuerdo con los estándares internacionales, para los venezolanos que se ven forzados a abandonar su país.
