(Fuente: Insight Crime) Venezuela está en un año electoral y el presidente Nicolás Maduro está decidido a no soltar el poder. Sus alianzas criminales, una vez más, jugarán un papel crucial en la supervivencia del régimen chavista.
La plataforma política de Maduro está cimentada bajo un sistema de gobernanza híbrida, en el cual redes de crimen organizado conceden a funcionarios estatales de alto nivel el acceso a cuantiosos ingresos ilícitos, al tiempo que imponen orden en sus áreas de influencia. A cambio, estos grupos armados no estatales reciben el beneplácito y, en algunos casos, el blindaje institucional para llevar a cabo sus operaciones. Es probable que para 2024 este sistema se consolide aún más.
Durante 2023, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó múltiples “megaoperaciones” de mano dura que apuntaban a imponer el orden en medio de la proliferación de la delincuencia en el país. En un despliegue altamente propagandístico, las autoridades atacaron prisiones, grupos de narcotráfico, bandas urbanas y sindicatos de minería ilegal, entre otros.
Sin embargo, investigadores, académicos, periodistas y líderes sociales que hablaron con InSight Crime coincidieron en que, aunque el gobierno reforzó una narrativa exitosa en torno a las operaciones policiales y militares de gran escala, estas acciones fueron más un teatro político que un intento real de desestabilizar el crimen organizado en el país.
La hoja de ruta de las operaciones estatales se fundamentó en la persecución de grupos criminales adversarios del gobierno y en la regulación de importantes mercados criminales.
Mientras tanto, grupos armados híbridos, que cooperan y coordinan acciones de manera sistemática con elementos estatales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), extendieron su influencia sobre la minería ilegal en los estados de Bolívar y Amazonas, controlaron el envío de toneladas de cocaína hacia el Caribe, y regularon todo tipo de contrabando y movimiento migratorio en la frontera.
Las elecciones presidenciales de 2024 determinarán el futuro de un Estado híbrido que ha concedido diferentes tipos de licencias a grupos armados y elementos gubernamentales que coadministran una empresa criminal prolífica.
A continuación, InSight Crime presenta las 10 dinámicas criminales que marcarán la carrera presidencial en Venezuela en 2024:
1. El Estado híbrido aumentará la represión durante las elecciones presidenciales
El gobierno venezolano y la oposición política sellaron un acuerdo en Barbados en octubre del año pasado para celebrar elecciones libres y justas, en medio del levantamiento de algunas sanciones estadounidenses. Sin embargo, el régimen de Maduro ha estado apretando las tuercas contra las voces disidentes y, a finales de enero, se negó a levantar la prohibición a la candidata presidencial opositora María Corina Machado, violando lo pactado.
Las pasadas elecciones de 2021 se vieron opacadas por la violencia y la intimidación, cuando un ciudadano fue asesinado en un colegio electoral del estado de Zulia por grupos armado simpatizantes al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Periodos electorales previos, incluyendo los comicios presidenciales de 2018, nunca gozaron de legitimidad internacional debido a la manipulación electoral y mecanismos de represión promovidos por el régimen.
A pesar de que Maduro enviaba señales diferentes en 2023, sus planes nunca cambiaron. A mediados de enero, el gobierno emitió amenazas contra las ONG y lanzó el Plan Furia Bolivariana, que dio luz verde a las acciones de las fuerzas de seguridad contra elementos disidentes políticos para evitar “conspiraciones” y “ataques terroristas.”
Con el paso de los meses en este año y mientras se definan unas fechas para las elecciones, es probable que veamos otras formas de coacción, incluidos grupos armados híbridos como los colectivos y el ELN, quienes controlan el suministro de bienes importantes como la gasolina y alimentos para sobornar o forzar a los votantes.
Y si bien existe una creciente atención internacional y la amenaza de sanciones económicas, la experiencia previa demuestra que Maduro no dudará en utilizar la violencia política si siente que sus aspiraciones políticas se ven amenazadas.
2. ‘Megaoperaciones’: relaciones públicas y regulación de las economías criminales
Desde 2022, las fuerzas de seguridad han adoptado la estrategia de despliegues operativos de gran escala como método para perseguir a los principales líderes criminales que se niegan a sumirse a las reglas de juego de Maduro.
Sin embargo, las operaciones del 2023 no lograron acabar con los cabecillas criminales que figuran en la lista de los 10 más buscados por el gobierno, entre ellos el líder del Tren del Llano, Óscar de Jesús Noguera Hernández, alias “El Pipi”, o Wilexis Acevedo, alias “Wilexis”, jefe de la banda que domina el barrio José Félix Ribas en la capital Caracas. Y, aunque los informes oficiales sostienen los ataques en contra de Deiber Johan González, alias “Carlos Capa”, su muerte sigue sin confirmarse.
A pesar de los fracasos evidentes, el plan de seguridad que promueve los ‘megaoperativos’ ha generado una notable reacción positiva en las redes sociales. Por ende, el régimen de Maduro tiene un interés político en continuar con estas acciones, según explicó Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela, a InSight Crime.
“La lucha contra la delincuencia siempre será un argumento convincente para ganar seguidores, especialmente en gobiernos populistas”, comentó Monsalve.
A medida que el gobierno busque imponer la narrativa política y reafirmar su autoridad sobre las economías ilícitas a lo largo de este año, es probable que recurra a las ‘megaoperaciones’ para perseguir a los grupos armado no alienados con el gobierno y regular aún más los mercados criminales.
3. Proliferación del flujo de drogas a través del Caribe venezolano
El papel de Venezuela como punto de tránsito ha crecido con el aumento de los volúmenes de cargamento de cocaína que fluyen a través del país hacia el Caribe y cuyo principal destino es Europa.
El país experimentó un fuerte aumento de las incautaciones en su región Oriental entre 2022 y 2023. El estado de Monagas, ubicado en el nororiente, escaló en el ranking de incautaciones de drogas del país, con más de 2 toneladas de cocaína incautadas en 2023, en comparación con solo 17 kilogramos en 2022.
Aunque el gobierno afirma que sus operaciones militares a gran escala demuestran el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, el régimen también ha recurrido a los despliegues operativos para consolidar su control sobre rutas de narcotráfico relevantes. Así las cosas, el aumento de las incautaciones también responde al incremento de la interdicción gubernamental y a la búsqueda de rutas alternativas por parte de redes de narcotraficantes no alineadas con los actores estatales.
InSight Crime predice que en 2024 los ingresos que genera la cocaína aumentarán en miles de millones de dólares a medida que la cadena de suministro mundial se adapte a la creciente producción de Colombia. Venezuela, ahora productor de cocaína además de país de tránsito, probablemente verá un volumen aún mayor de drogas fluir a través de sus estados orientales.
Aun así, es probable que las fuerzas de seguridad venezolanas lancen nuevas megaoperaciones dirigidas a las regiones que vieron envíos de varias toneladas en 2023, con el objetivo de poner estas nuevas rutas bajo control estatal.
4. Elementos de las fuerzas de seguridad mal pagados: una red delictiva más
A finales de 2022, Maduro anunció un programa de reforma policial basado en un reclutamiento masivo. A lo largo de 2023, el gobierno incorporó alrededor de 40.000 nuevos miembros al cuerpo policial, según declaraciones públicas.
Los informes sobre la participación de funcionarios de seguridad en extorsiones, robos y contrabando de personas han sido noticia con regularidad, especialmente en la segunda mitad de 2023. En el barrio Cota 905, Caracas, las redes criminales incrustadas en las fuerzas de seguridad llegaron a sustituir a la delincuencia organizada local, según una investigación del medio periodístico Connectas.
Venezuela ya tenía problemas para pagar, formar y supervisar a sus fuerzas de seguridad antes de la nueva campaña de reclutamiento. Los salarios de los funcionarios de seguridad, que se siguen pagando en bolívares a pesar de una dolarización ‘de facto’, comienzan en torno a los 14 dólares al mes, de acuerdo con el monitoreo de medios de InSight Crime y fuentes de seguridad consultadas. Tal es el costo de vida en Venezuela, que un hogar promedio necesita 500 dólares al mes para sobrevivir.
Pero el incremento en el reclutamiento de policías ha puesto en peligro las normas mínimas de incorporación y formación, según un informe de 2022 de MUFLVEN, un centro de estudios venezolano centrado en la supervisión del uso de la fuerza letal. La combinación del apresurado proceso de selección y los bajos salarios ha hecho que la actividad criminal sea cada vez más tentadora para los oficiales de seguridad, dijo a InSight Crime Keymer Ávila, autor del informe y profesor de criminología en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela.
“Venezuela es actualmente un Estado policial, pero caótico y fragmentado. El Estado ha perdido el control sobre los funcionarios, que tienen sus propias agendas y necesidades, que satisfacen a discreción y sin límites”, afirmó.
El último lote de reclutas de las fuerzas de seguridad venezolanas -unos 16.000 oficiales, según se informa- se graduó el 21 de diciembre de 2023. Si Ávila está en lo cierto, veremos a muchos de ellos participando directamente en el crimen organizado a lo largo de 2024.
5. Los migrantes venezolanos buscan rutas alternativas
La diáspora venezolana creció hasta casi ocho millones de personas en 2023, superando todos los récords anteriores. Además de los 600.000 migrantes que abandonaron Venezuela el año pasado, muchos huyeron de otras naciones sudamericanas, donde se habían asentado previamente, en busca de nuevos destinos. Casi 350.000 cruzaron a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection- CBP).
Para llegar hasta el norte del continente americano, muchos cruzaron el Tapón del Darién, una peligrosa franja de selva entre Colombia y Panamá donde redes de crimen organizado ejercen el control sobre el paso de personas y la explotación de migrantes. Pero un número creciente también buscó rutas alternativas hacia Estados Unidos.
Una de estas rutas lleva a los migrantes en avión desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta hasta la isla colombiana de San Andrés y luego por mar hasta las costas de Nicaragua. Esta ruta saltó a los titulares en el segundo semestre de 2023 después de que las autoridades colombianas desmantelaran una sofisticada red de altos funcionarios del Estado que recibían rentas del tráfico de migrantes.
Estas redes convencen a los migrantes de que la ruta de San Andrés es más segura que la del Darién para vender paquetes “VIP” más costosos.
Los venezolanos siguen emigrando, a pesar de que Maduro subió el salario mínimo un 48% este año, un aumento que pronto será consumido por la inflación. Viajan por rutas diversas, adaptándose a los elementos disuasorios, ya sean políticas migratorias duras o travesías peligrosas, buscando caminos alternativos y nuevos destinos.
En 2024, las redes de tráfico de migrantes seguirán aprovechando esta dinámica, explotando a familias vulnerables, muchos de los cuales se dirigen a Estados Unidos como alternativa a países sudamericanos cada vez más inseguros y hostiles, como Ecuador y Perú, que han acogido a migrantes venezolanos durante años.
6. Brasil ofrece una gran oportunidad al Tren de Aragua
Ningún otro grupo delictivo venezolano se ha expandido con tanto éxito a nivel transnacional como el Tren de Aragua, quien se aprovechó del flujo de migrantes venezolanos por toda Sudamérica.
Con la pérdida en septiembre de 2023 de Tocorón, la prisión que sirvió como base de operaciones del Tren de Aragua, se redujo el nivel de cooperación por parte del Estado venezolano que recibía la organización transnacional. En consecuencia, es posible que sus líderes den prioridad a una mayor expansión en el extranjero, y el vecino Brasil podría ofrecer una gran oportunidad potencial.
La limitada presencia del grupo en Brasil se ha debido en parte a que los venezolanos tendían a no elegirlo como destino migratorio por las dificultades idiomáticas. Sin embargo, esas cifras se han disparado, casi duplicándose entre noviembre de 2021 y 2023 hasta superar el medio millón, según cifras oficiales citadas por R4V.
Y aunque Tren de Aragua ha mantenido un perfil más bajo en Brasil, el grupo ha tenido presencia allí durante años. El secretario de seguridad de Roraima, un estado brasileño fronterizo con Venezuela, advirtió de que Tren de Aragua se dedicaba al tráfico de drogas, armas y personas en la ciudad de Pacaraima, en septiembre de 2019. La policía de la ciudad de Boa Vista culpó al grupo de 12 asesinatos en un periodo de seis meses en 2021.
También se ha reportado la alianza de la megabanda con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización delictiva de Brasil.
Este vínculo criminal podría hacer a ambos grupos más fuertes y más difíciles de combatir, según declaró a InSight Crime el profesor de la Universidad Federal de Roraima Rodrigo Chagas.
7. El crimen en las cárceles no ha desaparecido
A finales de 2023, entre septiembre y noviembre, el régimen de Maduro “tomó el control” de siete cárceles en Venezuela que estaban controladas por grupos del crimen organizado.
El gobierno había cedido el control a las bandas de presos desde aproximadamente 2011, después de que la violencia entre los reclusos alcanzara niveles récord. Los líderes carcelarios, conocidos localmente como ‘pranes’, prometieron controlar la violencia dentro de las cárceles a cambio de poder y privilegios.
Como parte de su ofensiva preelectoral contra la delincuencia, el gobierno venezolano decidió atacar el sistema penitenciario dirigido por los pranes. Sin embargo, según Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), varios de los pranes más poderosos se fugaron antes de las redadas de las fuerzas de seguridad, lo que hizo sospechar que habían recibido cooperacion estatal.
En particular, el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, huyó de la prisión de Tocorón días antes de que las fuerzas de seguridad tomaran el control.
Maduro ha proclamado que las intervenciones en las prisiones han sido un éxito y ha prometido continuarlas en las demás cárceles del país. Pero las operaciones no han solucionado los problemas subyacentes que llevaron a la evolución del sistema de pranato. Sin dinero estatal para llevar a cabo un cambio real, y con aún más hacinamiento, es probable que las prisiones sigan siendo centros del crimen organizado.
8. Regulación del comercio de oro en el sur del país
Entre julio y septiembre de 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desalojó por la fuerza a más de 14.000 mineros informales del Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela. El resultado de esta operación se presentó como una de las medidas más contundentes contra la minería ilegal en la historia reciente del país.
Pero lo que parecía un golpe certero contra la minería ilegal en Venezuela resultó ser una campaña mediática más del régimen de Maduro para apaciguar la presión internacional en torno a la destrucción medioambiental de la Amazonia venezolana. La minería ilegal en la zona no ha cesado, según la directora de SOS Orinoco, Cristina Burelli, quien afirmó que la operación militar no era más que una cortina de humo.
“La gente está subiendo de nuevo al Parque Nacional Yapacana y reportan que la logística sigue igual”, dijo a InSight Crime. “Por eso decimos: esto fue para tomarse una foto, para hacer un anuncio, para hacer un show”.
Mientras Maduro busca aumentar los ingresos provenientes del oro para su economía asfixiada por sanciones internacionales, estructuras criminales como el ELN y el Frente Acacio Medina de la ex-FARC mafia, manejan la actividad minera en Amazonas y comparten rentas ilícitas con el Estado. El régimen depende de las ventas de oro, en medio de los altos precios internacionales, y buscará reforzar su control del sector aurífero durante 2024.
9. Las medidas del régimen contra los contrabandistas resultan desdentadas
Las autoridades esperaban que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia en septiembre de 2022 redujera el contrabando y la proliferación de pasos fronterizos ilegales conocidos como “trochas”. De igual manera, apuntaban a que esta medida proporcionara cierta regeneración económica a lo largo de la frontera.
Sin embargo, alrededor del 60% de los alimentos que se venden en el país se importan ilegalmente, según el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA) de Venezuela. Este comercio ilegal socava los esfuerzos por reconstruir el sector agrícola venezolano.
A finales de octubre de 2023, el gobierno de Maduro lanzó la “Operación Mano de Hierro”, cuyo objetivo era “proteger las industrias nacionales” empleando a los militares para atacar a los contrabandistas. No obstante, los resultados se han limitado hasta ahora a pequeñas incautaciones y golpes insignificantes a las redes de contrabando.
La falta de impacto puede ser intencional. Elementos del régimen de Maduro han llegado a depender del contrabando, que sirve como fuente de ingresos para los políticos locales, las fuerzas de seguridad mal pagadas y los aliados del gobierno como el ELN, que cobran a los contrabandistas que pasan por sus áreas de influencia. Y el contrabando también ayuda a prevenir la escasez que podría poner en riesgo la popularidad de Maduro entre los votantes durante un año electoral.
10. El factor Venezuela en las negociaciones de paz del ELN
La política insignia de la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, que pretende poner fin al conflicto armado de más de seis décadas de duración, tiene una inmensa relevancia para Venezuela.
Mientras el ELN es uno de los principales actores de la iniciativa de paz de Petro, las facciones militares del grupo en Venezuela crecen y se benefician de la connivencia con elementos estatales locales. Tanto así que la organización rebelde de origen colombiano es ahora el actor criminal dominante en ambos lados de la frontera.
Con presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos de Venezuela con Colombia, el ELN se ha establecido como el guardián de los corredores transfronterizos por los que transitan a diario cargamentos de drogas, mercancías de contrabando y familias migrantes. Esta ventaja geográfica fue una de las principales razones por las que InSight Crime nombró al grupo el actor criminal más poderoso de la región para 2023.
En años anteriores, el ELN utilizó la violencia contra civiles y otros actores criminales para controlar la región fronteriza. Pero en 2023, las facciones del grupo guerrillero colombiano cambiaron de táctica y se centraron en el control social y político.
Con el respaldo implícito del Estado híbrido venezolano, el ELN se ha convertido en una autoridad casi legítima para los residentes de la zona fronteriza venezolana, donde coordinan visitas médicas, el suministro de agua y proporcionan ayuda económica a las comunidades indígenas locales. Esto ha fomentado una impresión positiva entre los residentes, según un líder indígena del estado fronterizo de Zulia que pidió el anonimato por posibles represalias.
“Que quede muy claro que la comunidad no rechaza la presencia del ELN en la zona”, dijo a InSight Crime.
La administración de Maduro dependerá del ELN tanto para limitar las acciones y campañas de la oposición como para mantener el acceso a las ganancias ilícitas que la guerrilla controla en territorio venezolano. En consecuencia, el control del ELN sobre la frontera entre Colombia y Venezuela se perfila como uno de los aspectos cruciales en el panorama criminal de Venezuela en 2024 y probablemente será un obstáculo en el avance en las conversaciones de paz en curso en Colombia.
Haga clic aquí para ver el reportaje completo y más artículos de Insight Crime
