(Fuente: El Pitazo) La Plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha publicado en su página las inhabilitaciones de César Pérez Vivas, excandidato a las primarias, y Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia en Zulia.
Con información de El Pitazo
Ambos políticos presentan prohibiciones para el ejercicio de cargo públicos, por lo que están inhabilitados ante el ente comicial para postularse como eventuales candidatos a la elección presidencial del 28 de julio.
Las prohibiciones de Juan Pablo Guanipa y César Pérez Vivas
Las prohibiciones de Pérez Vivas y Guanipa se suman a la inhabilitación de la candidata presidencial unitaria de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, cuyo estatus en el sistema del CNE es el mismo que presentan tanto Guanipa como Pérez Vivas.
«Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente», se lee en la plataforma del CNE luego de que se ejecuta una consulta con el número de cédula de cada uno de los políticos opositores.
En febrero de 2021, la Contraloría General de la República inhabilitó a Guanipa para el ejercicio de cargos públicos hasta por un período de 15 años por presuntamente negarse a presentar una declaración de patrimonio. Junto con Guanipa, otros 27 diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 también fueron inhabilitados.
Ver más: Delsa Solórzano: «Vamos a tomar las decisiones necesarias junto a María Corina Machado»
En el caso de Pérez Vivas, su inhabilitación data de 2015, cuando la Contraloría anunció la medida por siete años -período que ya se cumplió- debido a supuestos actos de corrupción durante la gestión de Pérez Vivas al frente de la Gobernación del Táchira. El opositor negó en su momento las acusaciones de la Contraloría.
Diversas organizaciones como Acceso a la Justicia y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) han advertido sobre las inhabilitaciones como una herramienta -sin sustento jurídico- del gobierno de Nicolás Maduro, que tiene el control institucional para sacar del ámbito electoral a adversarios políticos y opositores.