Por El Nacional
World Justice Project (Proyecto de Justicia mundial, WJP, por sus siglas en inglés) es una organización internacional de la sociedad civil, cuya misión es trabajar para extender la primacía de la ley a nivel planetario sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad del poder político. Fundada en 2006 por Bill Neukom, abogado vinculado a la Universidad de Stanford, funciona a través de 3 programas: Investigación y Becas, Compromiso e Índice de imperio de la ley. De acuerdo con este último indicador, Venezuela ocupa, por octavo año consecutivo, el último lugar en una lista de 140 naciones evaluadas.
La información fue difundida mientras el abogado británico Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, de visita por tercera vez en Caracas, firmaba con Nicolás Maduro un memorando de entendimiento a objeto de establecer aquí una oficina de esa instancia jurídica, lo cual habrá concitado a más de uno a barruntar, tal Marcelo en Hamlet —Something is rotten in the state of Denmark—, que algo está oliendo a podrido en La Haya, en atención a su sonrisa y a su efusivo apretón de manos con el ocupante de Miraflores —¿sabrá ese magistrado cuántos presos políticos hay en Venezuela?—.
Hay quienes atribuyen a la presencia del inquisidor inglés un tácito reconocimiento a un gobierno de incierta y cuestionada legitimidad de origen y ejercicio, a pesar de la destemplanza, rayana en el histerismo, del presidente de la asamblea nacional 2020, el psiquiatra Jorge Rodríguez, quien, un par de meses atrás, exigió el cese de las investigaciones a funcionarios del régimen por su responsabilidad en violaciones de los derechos ciudadanos y el maltrato de los detenidos por oponerse al modo de dominación nicochavista, tal consta en expedientes sustanciados con denuncias de los familiares de los reos.
Con una calificación de 0,26 puntos —una centésima menos de la obtenida el año anterior— Venezuela también se ubicó en el último lugar en otras tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal.
En el resto de las categorías, entre las que destacan corrupción, justicia penal y justicia civil, compartimos los últimos lugares con Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo. Así las cosas, no exagera el título escogido para este editorial, y nada extrañaría que en este primer semestre de 2023 continuemos cabalgando en la cola de la justicia.
