Por Miguel Ángel Martín
Estados Unidos de América ha convertido el régimen de sanciones económicas y legales en un instrumento clave de su política exterior frente a gobiernos autoritarios. Sin embargo, su efectividad depende de una estrategia coordinada, rigurosa y flexible.
Estados Unidos ha utilizado con frecuencia sanciones económicas y jurídicas como herramientas para limitar el poder de regímenes autoritarios y actores involucrados en corrupción, crimen organizado y violaciones sistemáticas de derechos humanos. A través de una red de leyes federales, como la Ley Global Magnitsky, la FCPA, la IEEPA, la Ley RICO o el Kingpin Act, Washington ha consolidado un marco legal con capacidad extraterritorial que afecta directamente el acceso de personas y entidades al sistema financiero internacional. Cada una de estas normativas cumple un rol específico, a saber:
- Global Magnitsky Act (2016): Permite sancionar a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos mediante el congelamiento de activos y restricciones migratorias y
- Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) (1G70): Aunque originalmente fue concebida para combatir el crimen organizado, su aplicación se ha extendido a redes de corrupción y lavado de dinero, permitiendo tanto procesos penales como
- FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) (1G77): Prohíbe que empresas y ciudadanos estadounidenses sobornen a funcionarios extranjeros, sancionando la corrupción en el ámbito empresarial
- Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (1GGG): Permite sancionar a narcotraficantes y organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas mediante el bloqueo de activos y la imposición de restricciones comerciales.
- IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) (1G77): Otorga al presidente de
- la facultad de imponer sanciones económicas en respuesta a amenazas extranjeras declaradas como emergencias nacionales.
- CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) (2017): Autoriza sanciones contra países, individuos o entidades que representen una amenaza a la seguridad nacional, como Irán, Rusia o Corea del Este entramado jurídico refleja una forma de poder blando con efectos concretos y una clara intención de proyectar influencia más allá de las fronteras, reafirmando el rol de Estados Unidos como actor global en la defensa de valores democráticos.
El discurso de los regímenes autoritarios
Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua han intentado desviar la atención de sus fracasos estructurales, alegando que las sanciones internacionales son las responsables de agravar sus crisis económicas y afectar directamente a la población. Sin embargo, diversos estudios y análisis coinciden en señalar que las verdaderas causas del colapso económico en estos países radican en la corrupción endémica de sus élites gobernantes, no en las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
Estos regímenes han establecido complejas redes paralelas de contrabando, lavado de dinero y narcotráfico, desviando recursos públicos y culpando a actores externos por los efectos de su propia corrupción.
Es fundamental entender que las sanciones se dirigen, en su mayoría, a individuos y entidades específicas —funcionarios corruptos, represores y criminales—, no a la población en general, quienes son las principales víctimas del autoritarismo.
El respaldo internacional: Europa y la OEA
La Unión Europea ha respaldado los esfuerzos de Estados Unidos mediante la implementación de sanciones contra funcionarios de Venezuela, Nicaragua y, más recientemente, Cuba. Aunque históricamente ha optado por un enfoque de diálogo, Europa ha adoptado medidas contundentes, como la congelación de activos y la imposición de restricciones de viaje, frente a violaciones flagrantes de derechos fundamentales.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) no impone sanciones directas, pero ha desempeñado un papel esencial como foro de denuncia y presión internacional. Las resoluciones del Consejo Permanente demuestran la sistematización de las violaciones de derechos humanos y los crímenes graves cometidos por los regímenes autoritarios de la región.
En este contexto, destaca el liderazgo del Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, quien ha sido una de las voces más firmes en la denuncia de crímenes de lesa humanidad y en la defensa del orden democrático en América Latina.
¿Son suficientes las sanciones?
A pesar de su valor como herramienta de presión, las sanciones por sí solas no son suficientes para provocar transformaciones estructurales en regímenes autoritarios profundamente arraigados. Su efectividad depende de tres factores cruciales:
- Coordinación multilateral: La presión internacional solo es efectiva cuando cuenta con el respaldo conjunto de organismos globales como la ONU, la UE, la OEA y países aliados de la democracia, lo que garantiza una respuesta unificada y
- Apoyo a la sociedad civil: Es esencial fortalecer a los actores democráticos locales, quienes son los verdaderos motores del cambio desde dentro, promoviendo una transición hacia la democracia.
- Flexibilidad estratégica: Las sanciones deben ser dinámicas, adaptándose a los cambios en el contexto político y extendiéndose, cuando sea necesario, a nuevos actores como testaferros y familiares, cuya participación en las redes de corrupción mantiene a los regímenes autoritarios en el poder.
Conclusión: Sanciones sí, pero con estrategia y contundencia
Las sanciones han sido, y seguirán siendo, una herramienta legítima y necesaria frente a los regímenes autoritarios que vulneran los derechos humanos, cometen delitos de lesa humanidad, saquean los recursos públicos y desmantelan las instituciones democráticas. Sin embargo, para que estas medidas sean efectivas, deben formar parte de una estrategia integral, inteligente y coordinada a nivel global.
No basta con sancionar a unos pocos funcionarios o congelar algunos activos; la ofensiva debe ser mucho más profunda. Es crucial que se persigan los capitales corruptos que circulan sin control, bloqueando el acceso de estas élites al sistema financiero internacional. Es esencial congelar los bienes y dineros mal habidos que han sido escondidos fuera de sus países, y rastrear los circuitos financieros que operan en las sombras, muchas veces gestionados por familiares, testaferros y colaboradores cercanos.
Los militares, policías, empresarios y otros actores clave que sustentan estos regímenes corruptos no pueden quedar impunes. Muchos de ellos disfrutan de grandes fortunas obtenidas a través de actividades ilícitas, y sus bienes, a menudo registrados bajo el nombre de familiares o intermediarios, deben ser objeto de investigaciones exhaustivas.
Los regímenes autoritarios se mantienen gracias a una red de complicidad que involucra no solo a los políticos en el poder, sino también a una clase empresarial corrupta y a fuerzas de seguridad (militares y policías) que actúan como brazo represivo del régimen. Esta red debe ser desmantelada con la misma firmeza con la que se atacan a los dictadores.
El mundo democrático no puede seguir tolerando que el crimen de Estado se perpetúe a través de la impunidad. Solo una respuesta internacional robusta, con sanciones aplicadas de forma rigurosa y coordinada, podrá reducir la capacidad de estos regímenes para sostenerse en el poder y restituir la justicia a las naciones que hoy sufren bajo su yugo.
“El reto no es solo sancionar, sino hacerlo de manera estratégica y coordinada. Solo con presión internacional constante sobre las élites corruptas se logrará la restauración democrática.”
