(Fuente: Nota de prensa / Efecto Cocuyo) El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro amenaza a familiares de presos políticos para que no se realicen declaraciones a los medios ni que hablen con organizaciones de la sociedad civil sobre los casos.
Humberto Prado, director de la organización no gubernamental, ha destacado que el madurismo ha recurrido en la retórica de deslegitima cualquier tipo de denuncia pública, como una herramienta de propaganda política para ignorar las raíces del problema carcelario: corrupción, desatención estatal y violación sistemática de derechos humanos. En lugar de soluciones reales, estas acciones perpetúan un sistema punitivo y opresivo.
“Las amenazas y el discurso del régimen buscan desviar la atención de las violaciones de derechos humanos, enmarcando las críticas como ataques organizados por opositores o agentes externos. De cara al próximo 10 de enero, las denuncias de familiares son presentadas como intentos de generar caos cuando en realidad se trata de legítimos reclamos por justicia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales”, agregó Prado.
Cuáles son las amenazas a familiares de presos políticos
Entre las amenazas directas está la de intimidar para que no se comuniquen con otros familiares de presos políticos, dejen de publicar cartas de sus familiares en las que narran las condiciones de su reclusión o hacer denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Este lunes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) interrogó por tres horas a Andreína Baduel, activista y miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos.
La hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel dijo que la medida formaba parte de la persecución contra su familia y que el organismo investigaba las denuncias del comité sobre las violaciones de DD. HH. de las y los presos políticos.
El OVP sostuvo que las amenazas a familiares también incluye que no cumplir con las peticiones del gobierno podría resultar en la suspensión de las visitas a los detenidos arbitrariamente o, peor aún, en represalias que afecten directamente sus procesos judiciales.
La Fiscalía dijo este lunes que en dos rondas de excarcelaciones, entre noviembre y diciembre, han otorgado libertad bajo medidas cautelares a 533 personas apresadas por las protestas poselectorales. A pesar de ello, ONG contabilizan menos de esas liberaciones.
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