(Fuente: EFE / Alberto News) El Grupo que representa al Partido Popular en el Parlamento Europeo ha instado a los países miembros de la Unión Europea a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo en Venezuela y que se hagan todas las acciones posibles para que pueda asumir el cargo el 10 de enero del 2025.
También se solicito que se haga una propuesto de resolución sobre Venezuela a “la UE y a sus Estados miembros que soliciten una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos que cometió”
Al mismo tiempo, pide que se le apliquen sanciones específicas a Maduro y su círculo íntimo, sus familias y todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país.
Con información de EFE
La Eurocámara debatirá el martes sobre la crisis en Venezuela tras solicitarlo los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Patriotas y Renovar Europa, indicaron a EFE fuentes parlamentarias, y se votará una resolución al respecto el jueves.
Los diferentes grupos políticos en el Parlamento Europeo preparan sus aportaciones al debate y la resolución que votarán en sesión plenaria la semana que viene sobre la crisis política en Venezuela, con discrepancias sobre el reconocimiento del candidato opositor en las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia.
En su propuesta, el Grupo PPE reconoce a González Urrutia como presidente «legítimo y democráticamente» elegido de Venezuela; reconoce también a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, ya que «fue elegida en las primarias de la Plataforma Unitaria en 2023 con el 92,35 % de los votos».
Por ello, insta «a todos los Estados miembros de la UE a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela».
Y pide «a la UE y a sus Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución venezolana».
Igualmente, «condena enérgicamente y rechaza plenamente el fraude electoral orquestado por el CNE controlado por el régimen, que se negó a hacer público el resultado oficial a través del acta de cada mesa de votación a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional».
Paralelamente, la propuesta del Grupo PPE apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional y de la Misión Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los «amplios crímenes y actos de represión del régimen venezolano» y solicita a la UE que apoye las investigaciones, que se están considerando actualmente en virtud del Estatuto de Roma, sobre los presuntos crímenes contra la humanidad, a fin de que los responsables rindan cuentas.
En este contexto, «pide a la UE y a sus Estados miembros que soliciten una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos que cometió».
La propuesta condena «en los términos más enérgicos posibles los asesinatos, hostigamientos, violaciones y detenciones contra la oposición democrática al régimen y el pueblo venezolano; exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas política y arbitrariamente, en particular los menores de edad».
Tras recordar que en mayo de 2024, la UE levantó las sanciones como gesto de buena voluntad contra los miembros del CNE, los populares europeos subrayan que esta acción «no produjo ningún efecto positivo» y piden que se restablezcan.
Finalmente, insta a los actores regionales a que ejerzan toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo íntimo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano y reconozcan también a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela.
El Grupo del PPE en la Eurocámara está convencido de que si no se produce una transferencia pacífica del poder y el restablecimiento de la democracia el 10 de enero de 2025, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia los demás países de la región, similar al que ha llevado a cerca de 8 millones de venezolanos a huir del país en los últimos años.
