(Fuente: EFE / El Carabobeño) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño, integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el estado Guárico.
La ONG Defiende Venezuela ha señalado que la medida se adoptó tras considerar que los beneficiarios enfrentan un riesgo grave a su vida, e integridad personal, por las amenazas y hostigamientos relacionados con su participación en la campaña electoral del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia en julio de este año.
La ONG señala que estos miembros de la PUD han sido objeto de seguimientos, allanamientos ilegales y amenazas por parte de personas armadas y presuntos agentes estatales.
Con información de EFE
Estos actos de persecución buscan obligarlos a reconocer públicamente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones, cuyo resultado está ampliamente cuestionado.
A pesar de las acusaciones, no se han presentado pruebas de que los beneficiarios estén involucrados en delitos ni se ha emitido ninguna orden de detención formal, lo que subraya la arbitrariedad y la naturaleza política de los actos de intimidación.
Protección urgente solicitada por la CIDH
En vista de la gravedad de la situación, la CIDH ha instado al régimen de Nicolás Maduro a implementar una serie de medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los beneficiarios, entre ellas:
Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Andreina Zerpa, Yolivares Infante y Eichler Hernández.
Garantizar que puedan continuar participando en actividades políticas sin ser objeto de represalias o violencia.
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Asegurar que sus agentes respeten plenamente los derechos de los beneficiarios, tomando medidas para protegerlos frente a riesgos de terceros.
Presentar información clara sobre los procesos penales en su contra, incluyendo la existencia de órdenes de detención, en caso de que existan.
Concertar las medidas de protección con los beneficiarios y sus representantes.
Investigar de manera diligente los actos de hostigamiento denunciados y adoptar medidas para evitar su repetición.
Sobre esto, Ezequiel Monsalve, coordinador jurídico de Defiende Venezuela y abogado responsable de la solicitud ante la CIDH, subrayó la relevancia de esta decisión en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.
Decisión crucial
A su juicio, «la decisión de la CIDH en favor de estas personas es crucial, ya que en los pueblos pequeños de Venezuela el riesgo es aún mayor. La falta de visibilización y la ausencia de instituciones especializadas para recibir estas denuncias crean un caldo de cultivo para los abusos por parte del Estado. A pesar del historial de incumplimiento de Venezuela en cuanto a las medidas cautelares, estas continúan siendo un mecanismo de contención fundamental para evitar que las agresiones se perpetúen, afirmó Monsalve.
Por su parte Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela, destacó la importancia del pronunciamiento de la CIDH en medio del creciente hostigamiento a líderes opositores en Venezuela.
«La comunidad internacional no puede ignorar la grave situación de derechos humanos en nuestro país. La rápida intervención de la CIDH demuestra que los abusos del régimen no pasan desapercibidos y que la protección de quienes luchan por una Venezuela libre y democrática sigue siendo una prioridad. Este tipo de medidas no solo protegen vidas, sino que también envían un mensaje contundente contra la represión y la violencia», aseveró.
La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región. A través de sus resoluciones y recomendaciones, la Comisión actúa como un actor clave en la protección de las personas vulnerables en contextos de persecución y violación de derechos fundamentales.
La adopción de estas medidas cautelares no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo del caso y no excluye que puedan presentarse denuncias adicionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el futuro.
