(Fuente: Efecto Cocuyo) La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) cuestionó la legitimación de la proclamación y del acto de toma de posesión del dictador Nicolás Maduro el pasado 10 de enero ante la Asamblea Nacional Chavista.

La federación condenó las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro en contra de la ciudadanía para imponer el fraude electoral impuesto el pasado 28 de julio.

Fapuv, a través de un comunicado, también denunció el recrudecimiento de la represión, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, las cuales no solo violan el el artículo 45 de la Constitución venezolana sino que además, hace más cuesta arriba la lucha por los derechos de los venezolanos. 

Con información de Efecto Cocuyo

La Fapuv invitó a los universitarios y a la población en general a la organización, a la unidad y a la acción pacífica para restituir el orden constitucional dentro del país. 

Finalmente, también exigió la libertad plena de los docentes universitarios y activistas Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Eduardo Labrador, Jesús Armas y Enrique Márquez. 

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Comunicado de la FAPUV

Luego de las elecciones del 28 de julio, la sociedad venezolana demandó, en todo el pais, desde distintos espacios, a través de la protesta pacífica, acciones jurídicas y de documentos muy bien sustentados, un escrutinio de sus resultados ajustado a la Constitución y a las leyes que rigen la materia y con verificación ciudadana. La respuesta gubernamental fue la profundización y extensión de la represión durante todos estos meses para imponer un resultado sin sustentación ni verificación alguna.

De este modo, se viola en Venezuela un principio republicano fundamental garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 5 que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberania popular y a ella están sometidos.

En consecuencia, para que el proceso electoral sea fuente de legitimidad es indispensable que haya transparencia en el escrutinio, que haya elecciones auditables. Al respecto, el artículo 228 de la Constitución establece que la elección presidencial se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley, y que se proclamará a quien obtenga la mayoría de votos válidos. Para ello, la legislación electoral exige la publicación desagregada de los resultados antes de la proclamación. Y el artículo 231 consagra que el candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional.

Evidentemente, en Venezuela no se ha cumplido con lo estipulado en la Constitución. Al no cumplirse con el requisito constitucional de elecciones auditables, no hay legitimidad ni en la proclamación ni en la toma de posesión. La soberanía popular ha sido desconocida por los poderes públicos del Estado.

La ciudadanía, a través de su participación en el proceso electoral del 28 de julio de 2024 como testigos de las distintas toldas políticas, recibió unas actas emitidas en el acto por el Consejo Nacional Electoral. Pero el Estado, no conforme con desconocer el resultado de la votación, desde el mismo día de las elecciones hasta la fecha, ha desatado una política de represión con detenciones masivas y desapariciones forzosas en abierta violación del artículo 45 de la Constitución, con el propósito de desconocer la voluntad popular.

En esta circunstancia, y sin autonomía de los poderes públicos, se hace más cuesta arriba la lucha por nuestros derechos, pero no desmayaremos en la defensa de la democracia y de la vigencia de la Constitución. Invitamos a los universitarios a la unidad, a la organización y a la acción pacífica para que 2025 sea el año de restitución de la soberania popular y de nuestros derechos ciudadanos.

Ratificamos la lucha del gremio profesoral por la autonomía universitaria, el derecho a la protesta, el derecho al sufragio y la democracia. Demandamos la restitución de la soberanía popular y la liberación de todos los detenidos en el contexto de las elecciones del 28 de julio y días posteriores. Y especialmente exigimos la libertad plena de los profesores universitarios presos: Javier Tarazona (UPEL), Rocío San Miguel (UCV), Eduardo Labrador (LUZ), Jesús Armas (UCV), y Enrique Márquez (LUZ).