El Ministerio Público anunció el 7 de agosto de 2025 la detención de George Rangel y Keiwart Rangel, acusados del feminicidio agravado de Génesis Medina, una joven de 21 años asesinada en Yaracuy por negarse a interrumpir su embarazo. George, un trabajador administrativo del CICPC y pareja sentimental de la víctima, junto a su hermano Keiwart, enfrentan cargos por un crimen que ha conmocionado a Venezuela.
El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab calificó el caso como un acto de “violencia extrema” contra una mujer vulnerable, prometiendo una investigación exhaustiva para garantizar justicia. Este feminicidio, perpetrado bajo el régimen de Nicolás Maduro, refleja la vulnerabilidad de las mujeres en un país donde la represión y la impunidad agravan la violencia de género.
Un crimen planeado con crueldad
El sábado 2 de agosto, Génesis fue citada en una zona apartada de San Felipe, Yaracuy, tras salir de la panadería donde trabajaba, ubicada en la avenida La Patria. Una cámara de seguridad captó el momento en que abordó una camioneta blanca, según Yaracuy al Día. Los agresores, identificados como George Rangel, de 28 años, y Keiwart Rangel, intentaron obligarla a ingerir píldoras abortivas. Ante su negativa, la amordazaron, golpearon y asfixiaron tras una discusión en un hotel local, según La Patilla. Para ocultar el crimen, trasladaron su cuerpo en una camioneta Chevrolet Cheyenne y lo enterraron en una fosa improvisada en una finca del sector Carbonero, municipio Veroes.
La desaparición de Génesis movilizó a sus familiares, quienes denunciaron el caso al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS). El rastreo de su celular ubicó la última señal entre Marín y El Guayabo la noche del 2 de agosto, antes de que fuera apagado, según Archyde. La confesión de George Rangel, detenido el 3 de agosto, guió a las autoridades al lugar donde enterraron a la joven, hallada el 4 de agosto maniatada y amordazada tras un operativo conjunto de CONAS, CICPC, Protección Civil y Bomberos. La autopsia del SENAMECF confirmó signos de violencia física y asfixia como causa de muerte, desmintiendo rumores de embarazo tras un informe ginecológico presentado por la familia.
Indignación y exigencia de justicia
El feminicidio de Génesis desató protestas en San Felipe, lideradas por el Movimiento Feminista Popular. Gabriela Barrada, del Ministerio de la Mujer, exigió en la plaza Teófilo Domínguez el fin de la violencia de género: “Basta de estereotipos que subordinan a las mujeres”. La presidenta del parlamento regional, Ányela Rangel, demandó la “máxima aplicación de la ley”.
Los familiares negaron que Génesis estuviera embarazada y denunciaron que George la extorsionaba, exigiendo dinero, según una tía citada por Yaracuy al Día. El gobernador Leonardo Intoci, acompañado por el secretario de Seguridad Rogelio Vázquez, aseguró que el caso no empañará al CICPC, pero evitó detalles para no entorpecer la investigación.
Un contexto de violencia sistémica
Este feminicidio ocurre en un país donde la represión del régimen de Maduro agrava la vulnerabilidad de las mujeres. La CIDH denunció un “clima de miedo” con 15 desapariciones forzadas y 2,200 detenciones arbitrarias desde las elecciones fraudulentas de 2024. Amnistía Internacional alertó sobre la persecución de defensoras como Andreina Baduel, mientras Foro Penal reporta 807 presos políticos, incluyendo 95 mujeres.
La exclusión femenina en las elecciones municipales de 2025, con solo 18% de alcaldías para mujeres, refleja un sistema patriarcal que perpetúa la violencia. La Corte Penal Internacional debe considerar este caso como parte de los crímenes de lesa humanidad del régimen. Como afirmó María Corina Machado, “la justicia para las mujeres es la base de la libertad en Venezuela”.
