(Fuente: Tal Cual) Los tan diversos testimonios de la ciudadanía venezolana dejan palpar el nuevo nivel de represión que aplica el régimen de Nicolás Maduro desde que se desarrollaron las protestas de forma espontanea por el fraude impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que benefició al dictador para tomar su tercer mandato.
La represión no solo se volcó contra la oposición, que asegura que Edmundo González Urrutia es el nuevo presidente electo de Venezuela, sino contra los periodistas, defensores de Derechos Humanos, activistas y la ciudadanía en general que muestre diferencias contra el madurismo.
Con información de Tal Cual
Luego de que se anunciara a Maduro como vencedor de los comicios y que la oposición asegurara que las actas que tiene en su poder dan el triunfo con un amplio margen para Edmundo González con casi 70% de los votos y que el actual mandatario solo habría obtenido 30%, los venezolanos salieron a las calles a reclamar al ente comicial la publicación de los resultados de manera detallada, pero estas manifestaciones fueron reprimidas desde el poder y los ciudadanos son amedrentados, perseguidos, hostigados, desaparecidos, encarcelados y acosados hasta el punto de evitar usar sus teléfonos celulares en la calle o salir a la puerta de sus casas.
Aunque en las últimas manifestaciones los venezolanos en distintas regiones del país gritaban: «No tenemos miedo», parece que este se ha incrementado con el pasar de las horas tras el recrudecimiento de la persecución oficialista. El gobierno respondió a las protestas con violencia, con los colectivos armados en la calle y tocando puerta a puerta en busca de detractores del poder, usaron la fuerza extrema, dejando miles de detenidos, 25 muertos y heridos.
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Trabajadores de Sidor dijeron a TalCual que están siendo perseguidos por haber votado por Edmundo González en las elecciones presidenciales. Varios de ellos están escondidos por temor a ser encarcelados, han sacado a sus familiares de sus casas, no salen después de las 6:00 pm y no llevan a la calle sus teléfonos para que las autoridades no los revisen.
«Salimos de día y sin teléfono porque hay persecución fuerte por parte de Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Nacional), Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)», dijo un empleado de la siderúrgica que lleva días escondido luego de que las autoridades fuesen a la empresa donde labora para indagar sobre su dirección actual.
«Saqué a mi familia de aquí (su hogar), estoy solo porque estamos amenazados y si me vienen a buscar no quiero que mis hijos vean eso», contó el hombre, quien también estudia la posibilidad de resguardarse en otro espacio.
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, detalló que el «amedrentamiento y persecución contra activistas y dirigentes de los partidos de oposición es la continuidad de una política de persecución sistemática contra la disidencia», agregó que estos hechos están identificados por la Corte Penal Internacional (CPI), así como los crímenes de lesa humanidad y la persecución y recordó que la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas también ha denunciado estas prácticas.
Sin embargo, Alvarado aclaró que la persecución en 2024 tiene tres elementos distintivos: «La masividad de las detenciones en tan pocos días» y expuso que desde el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile (1973) «en América Latina no se había vivido una ola represiva por motivos políticos como la que se ha vivido en los últimos días en Venezuela».
En segundo lugar, el defensor de derechos humanos resaltó «la aplicación indiscriminada de la Ley contra el Terrorismo, acusando a todos los detenidos, incluyendo adolescentes, de delito de terrorismo» y, por último, indicó que «la mayoría de las víctimas provienen de los sectores populares: más de 80% las personas detenidas y posteriormente encarceladas son de estas zonas y además jóvenes menores de 25 años».
Un adolescente de 17 años de edad con autismo fue una de las 30 personas detenidas en Los Teques, estado Miranda, entre los días 29 y 30 de julio tras las protestas postelectorales; pese a que su familia presentó informe psicológico que detalla su condición y los abogados aseguraron que no es imputable, sigue detenido en un calabozo de Polimiranda.
Este adolescente fue presentado ante los tribunales por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio; lo mismo ocurrió con otros jóvenes con edades entre los 16 y 25 años de edad. El adolescente con autismo salió el 30 de julio para encontrarse con unos amigos y se acercaron al centro de Los Teques a ver qué estaba pasando en la zona.
Marino Alvarado aseguró que quienes están en mayor riesgo son «los dirigentes políticos intermedios que tienen incidencia en los estados y municipios y los líderes sociales comunitarios que tienen capacidad de convocatoria».
Una activista del Comando ConVzla que trabajó en un centro de votación en el estado Apure también se vio obligada a abandonar su casa y resguardarse en otro lugar, al igual que otros testigos de mesa que trabajaron el día de las elecciones presidenciales para cuidar los votos de Edmundo González pues afirmó que están siendo «amedrentados» y que se ha «sembrado miedo».
Los colectivos fueron a buscar a esta persona hasta la puerta de su casa y una moto se estacionó en la entrada. Otros opositores vivieron la misma experiencia.
La misma situación está viviendo un joven al oeste de Caracas, quien fue testigo de mesa para la Plataforma Unitaria, y afirmó: «El miedo que teníamos no era normal. Fue horrible», pues integrantes del consejo comunal compartieron las direcciones de testigos opositores y los colectivos fueron a ubicarlos en sus casas.
Este joven tiene que poner los muebles detrás de la puerta todas las noches porque vive con su madre y sienten pánico de que vayan a llegar por ellos. Agregó que en donde vive, que es una zona popular, «los policías agarran a la gente que les provoque para revisarles el teléfono o para buscarlos en una carpeta que tienen en un iPad con fotos (de los vecinos para identificarlos); así tal cual como cuando las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) buscaban a los malandros».
Este joven y su madre no salen de su casa desde el 28 de julio, día en que se realizaron las elecciones presidenciales.
Otro hombre también relató a este medio que se encuentra escondido porque después de los comicios comenzaron a pasar fotos de él en grupos de WhatsApp acusándolo de haber querido atentar contra un centro de votación y solicitando información de su paradero, acusación que afirma es falsa.
Todas estas personas han tenido que alterar su rutina diaria, esconderse para resguardar su vida y algunos de ellos se plantean buscar una forma para salir del país antes de ser encarcelados por delitos que no cometieron. Y todos han optado por conversar con este medio protegiendo su identidad para evitar ser ubicados.
De acuerdo con un monitoreo realizado por TalCual, 51 activistas y dirigentes han sido víctimas de hostigamiento, allanamientos o detenciones arbitrarias entre el 29 de julio y el 5 de agosto de este año. En la mayoría de las actuaciones, los funcionarios estuvieron encapuchados y sin insignias visibles que los identificaran con algún organismo.
La Misión de Observación Electoral (MOE) Colombia manifestó preocupación por el grave deterioro de los derechos políticos, civiles y la libertad de expresión en Venezuela e hizo un llamado de atención sobre las detenciones arbitrarias y el uso de herramientas digitales para el señalamiento y perfilamiento de los ciudadanos con base en sus opiniones políticas.
«Estos datos no solo vulneran el derecho a la vida y la libertad, sino que también genera un ambiente de miedo y coacción que limita la expresión democrática», enfatizó el MOE.
Por su parte, el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, instó al mandatario Nicolás Maduro y a sus representantes a «dejar de amenazar y detener al pueblo venezolano por ejercer sus derechos constitucionales y liberar de inmediato a los miles de venezolanos detenidos», incluidos en el marco de las protestas postelectorales, así como a todos los demás presos políticos anteriores.
EEUU también solicitó a Maduro dejar de silenciar a los periodistas, no bloquear redes sociales como X (antes Twitter), dejar de cancelar los pasaportes de «quienes apoyan la democracia» y al Consejo Nacional Electoral publicar las actas de las votaciones.
