(Fuente: TalCual) Quedaron solo 80 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro no han reparado en continuar con la persecución política contra la oposición venezolana. Los recientes ataques se han enfocado en las visitas de María Corina Machado, líder de la coalición opositora, a algunos estados.
Con información de TalCual
Según un levantamiento hecho por TalCual, desde el 5 de marzo de este año, cuando se anunciaron formalmente las elecciones, se han registrado 10 detenidos y con procesos judiciales abiertos por supuesta conspiración, terrorismo o instigación al odio. Nueve de ellos son integrantes de Vente Venezuela.
También se ha contabilizado la «retención» e interrogatorios policiales de dos activistas de La Causa R, así como la persecución y hostigamiento de cuerpos de seguridad contra al menos 33 personas entre dirigentes nacionales, regionales y activistas.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es el organismo identificado desde los partidos como el principal encargado de la persecución contra figuras políticas, seguido de policías regionales y agentes de la Policía Nacional Bolivariana.
Si bien la persecución contra el partido de María Corina Machado ha sido particular, destaca el caso de los activistas de La Causa R. En el estado Monagas, tras la detención de uno de sus integrantes (Whilfer Piña) acusado de intento de magnicidio por las autoridades, el Sebin se dedicó a hostigar, perseguir y allanar las viviendas de parte de la dirigencia regional.
«Incluso uno de ellos falleció, un señor mayor, por la presión y todo el acoso del Sebin. Era nuestro coordinador electoral. Todo el equipo político regional ha sido víctima de allanamientos, se han llevado todos sus equipos tecnológicos, laptops, celulares, computadoras, todo esto a raíz de la detención de Whilfer Piña al que vinculan con una presunta acción de magnicidio por unas capturas, de las cuales dudamos de su veracidad», comenta Andrea Tavares, secretaria general nacional de La Causa R.
En el estado Falcón, explica la secretaria general de La Causa R, en varias oportunidades han amenazado al coordinador regional Sterling Bracho. «Él fue botado de Corpoelec por retaliación política. Acaba de ganar en tribunales el reenganche y no ha habido forma de que pueda ingresar nuevamente a la empresa». Además, frente a su casa se detiene un taxi sin placas, con personas adentro que visten uniformes negros.
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Mientras que en Aragua, el coordinador electoral de La Causa R fue secuestrado en una camioneta van de color blanca por hombres armados y vestidos de negro. «Lo ruletearon por varios sitios de Cagua y finalmente, después de hacerle un conjunto de preguntas sobre el tema político, el comando de campaña, con la Plataforma Unitaria, lo dejaron ir en un lugar alejado de su vivienda. Le costó mucho hacer contacto para que lo fueran a buscar».
Dirigentes de Voluntad Popular en Aragua también han sido perseguidos, destaca Adriana Pichardo, coordinadora política adjunta de la organización. «Es como un fichaje en cada una de las actividades, sobre todo cuando son actividades referentes a la visita de María Corina Machado o de campañas relacionadas a la elección del 28 de julio».
Los cuatro coordinadores de organizaciones políticas consultados para este trabajo coinciden en que la persecución escalará a medida que se avance en la campaña, que inicia formalmente el 4 de julio.
«Nosotros rechazamos todo tipo de persecución, pero no solamente la dirigencia política está perseguida. Al ciudadano común y corriente el gobierno también lo está persiguiendo al atentar contra su dignidad, sus libertades, el derecho a alimentarse, a la circulación, a la atención médica. La persecución y amenaza es contra todo el pueblo venezolano, contra todo el que piensa distinto y no solo por parte de los cuerpos de seguridad», asegura Piero Maroun, secretario de organización nacional de Acción Democrática «en resistencia».
