(Fuente: AFP / Infobae) La filial de la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa), Citgo, enfrenta una encrucijada puesto que la empresa, residenciada en Estados Unidos, podría ser subastada si no logra negociar con los acreedores que buscan cobrar deudas al país caribeño mediante la venta de sus acciones.
La consultora EMFI Sucurities informa que una creciente lista de acreedores aspira cobrar deudas de diversa índole que lleva por encima de 20 mil millones de dólares.
Dentro de esta cifra se pueden contemplar los bonos de Pdvsa emitidos por el régimen de Nicolás Maduro en el 2020, con 50.1% de las acciones de Citgo como garantía.
Con información AFP
Negociar con los acreedores es la alternativa de la directiva ad hoc que la oposición venezolana designó para PDVSA en 2019, reconocida por Washington en su ofensiva para intentar desplazar del poder a Maduro. Su presidente, Horacio Medina, sostiene que Citgo tiene capacidad de renegociar en lo inmediato unos 11.000 millones de dólares de los montos reclamados.
En 2019 “Citgo tenía (un) valor de 4.500 millones de dolares y su deuda era de 4.800 millones”, comenta Medina a la AFP sobre esta compañía con sede en Houston, que pone en el mercado unos 800.000 barriles diarios de combustibles y productos para más de 40 países.
“No es que Citgo estuviese en riesgo de perderse, sino que estaba perdida”, destaca.
Medina asegura que esa situación restaba “credibilidad” a cualquier negociación con acreedores, así que “la única opción clara era adelantar procesos de litigio para ganar tiempo”, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense emitía medidas de “protección” que bloquearon por meses la ejecución de órdenes judiciales contra la compañía.
Hoy, con valor de unos 10.000 millones de dólares según Medina, Citgo está en mejor posición. Favorecida por el impulso de la refinación con el alza de los combustibles tras la invasión rusa a Ucrania, reportó ganancias de 2.800 millones de dólares en 2022, de 937 millones en el primer trimestre de 2023, y ha recomprado deuda.
El futuro, sin embargo, es incierto: el juez federal Leonard Stark aprobó el año pasado medidas para vender las acciones de PDV Holding -casa matriz de Citgo- como compensación a la corporación canadiense Crystallex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011.
Y la estadounidense ConocoPhillips espera también indemnizaciones por expropiaciones ocurridas en 2007.
Los países y las empresas públicas se consideran normalmente entes separados, pero Stark valida el argumento de los acreedores: para el magistrado, Citgo es un ‘alter ego’ del régimen de Venezuela, ergo, es un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y de la nación.
La administración de Maduro, que denuncia un “robo” de Citgo, mantiene control de PDVSA, pero la directiva ad hoc que encabeza Medina administra su subsidiaria en Estados Unidos.
“No podemos permitir, no podemos aceptar, que (Citgo) sea saqueada”, protestó Maduro.
Esta semana Citgo recuperó acciones en poder de la petrolera rusa Rosneft (49,1%) por un préstamo otorgado en 2016 a PDVSA y garantizado con papeles de la refinadora, tras una decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Remate de Citgo
La amenaza de una subasta está muy latente. El 1 de mayo, el gobierno de Joe Biden anunció que “no tomará medidas” para bloquearla.
“No voy a decir que es imposible (evitar el remate), pero es poco probable”, señala Pilar Navarro, economista de EMFI Securities. “Cada vez se hace más complicado, porque va avanzando el proceso de liquidación”.
Sectores políticos en Venezuela piden discutir el caso en la mesa de negociación lanzada en 2021 entre Maduro y la oposición, pero las conversaciones llevan meses paralizadas. Washington se ha declarado dispuesto a flexibilizar sanciones.
“Podrían liberarse sanciones” para enviar crudo venezolano a Estados Unidos y usar “una porción” para pagar deuda “sin comprometer a la empresa”, afirma Medina. “Cumpliría Estados Unidos, cumpliría la oposición y cumpliría el régimen de Maduro”.
Medina estima que Citgo llevará a cero su deuda propia en septiembre, con lo que afrontaría de mejor manera las causas contra PDVSA y Venezuela.
Sin embargo, reconoce que el remate sería inevitable si el torrente de reclamos por la decisión del juez Stark sigue aumentando: “No podemos resolver todos los casos a la vez (…). No es posible que Citgo pueda responder por todos los casos de PDVSA y la República (…) y los acreedores tampoco podrían cobrar”.
