La voz de Karlyn Fuentes resuena entre lágrimas, desesperación e impotencia. Desde hace más de un mes no sabe con certeza si su hijo Joen Suárez, de 23 años, sigue con vida. Fue deportado desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras ser acusado de forma arbitraria de tener vínculos con el crimen organizado.
“Es horrible la inquietud que siento. Cada día me desespero más. No sé ni siquiera si de verdad está en El Salvador”, suplica Karlyn. “Quiero una fe de vida, señor Bukele. Le pido, como madre, que nos dé información”.
Joen, el segundo de cuatro hijos, emigró solo a Estados Unidos en 2023. Cruzó la selva del Darién impulsado por la necesidad de ayudar económicamente a su familia en Venezuela, particularmente para salir de las deudas médicas de su hermana menor, operada de la columna vertebral. En EE. UU. trabajó como repartidor en bicicleta en Nueva York y pintor en Colorado, hasta que fue detenido por una infracción menor de tránsito en Pensilvania.
Pese a no tener antecedentes penales, fue trasladado a Texas y vestido con un uniforme rojo, reservado para criminales peligrosos. El joven alcanzó a llamar a su madre desde el centro de detención para decirle:
“Mamá, me pusieron el traje rojo. No sé por qué. Ese es el de los delincuentes más peligrosos”.
Deportaciones masivas sin transparencia
Joen Suárez es uno de los más de 240 venezolanos deportados a El Salvador tras un acuerdo migratorio sin precedentes entre el gobierno de Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, anunciado oficialmente el 4 de febrero por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
La falta de información sobre estas deportaciones ha incrementado la angustia de decenas de familias venezolanas. Aunque han circulado imágenes oficiales desde la presidencia salvadoreña y se filtró una lista de nombres a medios estadounidenses, muchos padres, como Karlyn, no han podido confirmar el paradero ni las condiciones de sus hijos.
“No tengo el valor de buscar a Joen en los videos. No puedo verlo en esas condiciones”, confiesa Fuentes.
“No es un delincuente, es un hijo de Dios”
Karlyn insiste en la inocencia de su hijo. Relata que Joen nunca ha sido detenido, ni siquiera en Venezuela, y rechaza cualquier vínculo con el Tren de Aragua, banda criminal venezolana. Señala que los tatuajes de su hijo son expresiones de fe, no marcas de afiliación delictiva:
“Tiene uno en el cuello que dice ‘Hijo de Dios’ y otro con una oración en la costilla”.
Una investigación de Bloomberg reveló que al menos el 90% de los migrantes enviados al Cecot no tienen antecedentes penales en EE. UU., contradiciendo el discurso oficial de que se trata de criminales internacionales.
Sin respuestas oficiales
El régimen de Nicolás Maduro contrató un bufete de abogados en El Salvador para asumir la defensa de los venezolanos detenidos, e incluso introdujo un habeas corpus colectivo, pero el caso no ha avanzado y las autoridades venezolanas han guardado silencio frente al drama de estas familias.
“Le pido encarecidamente a Nicolás Maduro que se siente con nosotros, que nos diga qué está pasando. ¿Hasta cuándo?”, clama Karlyn Fuentes.
También se dirigió directamente al presidente salvadoreño:
“Yo creía que Bukele era un buen presidente. Pero ahora, como madre, no puedo pensar lo mismo”.
HRW: “Desapariciones forzadas”
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó estas detenciones como desapariciones forzadas y denunció que constituyen una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos.
“La crueldad de los gobiernos de EE. UU. y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, sentenció.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
Karlyn Fuentes también pide la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales para frenar esta crisis.
“Solo exigimos justicia. Esto es un dolor que no se lo deseo a nadie. Estamos desesperados. Pónganse la mano en el corazón. Pedimos que nos devuelvan a nuestros hijos”.
El testimonio de esta madre resume la tragedia humana detrás de los acuerdos migratorios autoritarios, que reducen a cifras lo que en realidad son vidas truncadas, derechos violados y familias destrozadas por la incertidumbre.
