Se cumple un mes en Venezuela desde que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado, lograron demostrar, a través de las actas de las mesas electorales con actas en mano, el fraude cometido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio la supuesta victoria a Nicolás Maduro. Desde entonces, la dictadura decidió elevar su ola represiva con diferentes miembros de la sociedad civil, desde civiles, hasta activistas, colaboradores, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
La Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal ha denunciado que existen 1.674 detenciones arbitrarias tras la elección presidencial del pasado 18 de julio. Este escenario no solo vulnera el derecho a la libertad y al debido proceso de quienes fueron capturados por el régimen, sino que tiene muchas más irregularidades que desmantelan la verdad sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela.
Una de estas violaciones a los derechos fundamentales es la negativa por parte de las instituciones secuestradas por la dictadura de que los detenidos puedan acceder a una defensa privada. Los ciudadanos, no solo son detenidos arbitrariamente, sino que son obligados a tomar la defensa pública.
La corrupción en Venezuela ha llegado a niveles impensables, rozando y jugando con lo perverso y con el miedo de los ciudadanos. Estas detenciones arbitrarias son la oportunidad perfecta para los funcionarios policiales, militares y trabajadores judiciales, quienes extorsionan como segunda actividad dentro de sus capacidades laborales. El trato es simple, retorcido y enfocado en los familiares de los presos políticos poselección presidencial: Dinero a cambio de la libertad de sus seres queridos.
Extorsiones a familias de detenidos*
En Barquisimeto, estado Lara, en el occidente venezolano, un joven de 19 años estaba en su moto cuando fue interceptado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes le revisaron su celular y vieron imágenes difundidas por la organización política opositora Vente Venezuela. Como consecuencia, le cobraron 500 dólares para no detenerlo.
A raíz de ello, la familia del joven optó por no salir más con celulares y vaciar las conversaciones en caso de que puedan llegar a ser inspeccionada en su propio hogar.
En Maracay, estado Aragua, una mujer asistió el 30 de julio a una manifestación en contra de los resultados ofrecidos por el CNE. Desde la concentración fue seguida y detenida. A su familia le cobraron tres mil dólares por liberarla a cambio de no dictarle privativa de libertad por alteración de órden público, terrorismo y asociación para delinquir.
Mientras tanto en Carúpano, estado Sucre, funcionarios policiales y militares cobran 500 dólares por no detener a aquellas personas que publiquen en WhatsApp mensajes o material audiovisual en contra de Nicolás Maduro, el CNE o a favor de Edmundo González y su triunfo.
Un padre contó, de manera confidencial, que a su hijo de 19 años lo agarraron con un pito y una bandera de Venezuela, le dijeron que sería acusado de terrorismo. Debió pedir prestados 750 dólares para garantizar la libertad de su único hijo.
Pagar para evitar torturas
Las familias han optado por pagar las cifras por muy altas que sean, por temor a lo que pueda pasar dentro de los centros de detención o cárceles en Venezuela. Los testimonios de quienes han sido excarcelados van desde torturas con golpes hasta violencia sexual.
Un joven de 16 años fue detenido en Caracas el 29 de julio cuando caminaba por las inmediaciones del Parque Central. Fue llevado a la Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta. Según el testimonio de su mamá, estuvo en una celda oscura, sin ventilación y en condiciones inhumanas.
Un informe especial de la organización Provea, titulado: “Gobierno de Maduro rompe cifras históricas de represión en Venezuela”, detalla que nunca antes se vieron estas cifras de detenciones ni de violaciones de derechos humanos en el país, ni siquiera en 2014, cuando se creía que la represión no tenía comparación.
“La cifra de arrestos arbitrarios sigue en ascenso ya que continúan las detenciones y los allanamientos a residencias de activistas sociales, dirigentes políticos de oposición y personas que participaron en las protestas realizadas los días 29, 30 y 31 de julio”, dice el informe.
Además, una de las características de las detenciones, que a su vez han llevado a extorsiones, es que según el Foro Penal, al menos el 95% de los detenidos son personas residentes en zonas populares muy pobres.
*Por razones de seguridad todos los nombres y algunas localidades serán omitidas, porque el contexto represivo actual de Venezuela ha conllevado a que haya detenidos incluso por tener imágenes o mensajes en los celulares a favor de Edmundo González, María Corina Machado o en contra de Nicolás Maduro.
